CEOE descarta aplicar este año las dos fases de la reforma laboral que plantea Díaz
CEOE exigirá dar "máxima urgencia" a las demandas de Bruselas, cuestiona algunos cambios y cree que no dará tiempo a acometerlos este año
El Gobierno y específicamente la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebran estos días la validación lograda por la Comisión Europea a uno de los componentes de más difícil concreción del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo documento definitivo enviará esta semana a Bruselas, el referido al número 23 sobre la modernización del mercado de trabajo.
Díaz viajó a Bruselas el pasado jueves y terminó de lograr la aprobación de su pretendida reforma laboral por parte del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario europeo del Euro y del Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.
Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron a Economía Digital que la Comisión Europea ha aprobado los cambios normativos previstos por la reforma laboral propuesta por Díaz y por el Gobierno se acometan en dos fases y “a lo largo de 2021”, por lo que las pretendidas modificaciones normativas se abordarán antes de que culmine el presente año.
Ese mismo día a su vuelta a España Díaz trasladó a los agentes sociales la que catalogó la que explicó como «buena acogida» de Bruselas a su hoja de ruta, sin embargo el camino en el marco del diálogo social no queda despejado ante las dudas persistentes entre la CEOE y los sindicatos sobre los calendarios para acometer los cambios laborales y las previsiones de poder acometer todos este año, tal y como se ha comprometido el Gobierno español con Bruselas.
La patronal exige cumplir con Bruselas y duda de la hoja de ruta
En la última semana se han producido reproches entre la patronal y los sindicatos por las filtraciones sobre los contenidos de las negociaciones en el diálogo social sobre la reforma laboral y sobre todo sobre la de pensiones, las dos reformas que presentan mayor atasco, por lo que CEOE ha exigido discreción al considerar que las filtraciones entorpecen las negociaciones y genera incertidumbre .
A pesar de las palabras de satisfacción de Díaz por la aceptación de Bruselas, en CEOE muestran cautela al respecto ya que señalan que aún queda mucho negociar y se está analizando el documento trasladado por el Ministerio de Trabajo, de cara a la reunión semanal del miércoles, pero por ahora «no hay nada acordado» a pesar de lo que se plasme en el Plan de Recuperación.
Fuentes de la patronal señalan a Economía Digital que insistirán de su parte en que primero se tienen que dejar salir a las empresas del actual contexto de crisis ante las dificultades y los riesgos de insolvencia, para posteriormente empezar a valorar posibles cambios de peso en el mercado laboral.
«Nosotros no vemos lo de la reforma en dos fases, primero habría que atajar las reformas que Bruselas nos está planteando y, de momento, no estamos viendo eso sobre la mesa«, apuntan desde CEOE, que considera «imprescindible» impulsar la recuperación del sector empresarial y no lastrar la salida de la crisis con cambios laborales que desestabilicen aún más el maltrecho mercado laboral.
Así, los empresarios pedirán dar «máxima urgencia» a las demandas de Bruselas, que pasarían por las políticas activas de empleo, atajar la dualidad y la reducción de los contratos, en línea con lo subrayado por la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, quien se ha mostrado en varias ocasiones alineada con CEOE en el rechazo a derogar la reforma laboral de 2012, abogando por «mirar al futuro». También reclaman medidas para una mayor flexibilidad interna.
De hecho, en CEOE no vieron con buenos ojos el primer borrador presentado por Trabajo que contempla limitaciones a las subcontrataciones, uno de los puntos que genera más rechazo en la CEOE, así como fijar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en varios puntos, como para fijar sueldos y horarios.
No a abordar los salarios
Entre otros asuntos, CEOE se está oponiendo en el diálogo social a aplicar la propuesta de Trabajo sobre solucionar el problema de la precariedad salarial, ya que la patronal propone abordar la cuestión mediante la aplicación del convenio del sector aplicable a l actividad subcontratada al considerar que no causa inseguridad jurídica, según explican las mismas fuentes a Economía Digital.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado públicamente su rechazo a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP y ha indicado que no es el momento de subidas salariales ante el contexto de crisis económica como tampoco el de proceder a una nueva subida del Salario Mínimo, como reclama Díaz y los sindicatos.
A raíz de los ERE anunciados en el sector bancario por Caixabank y BBVA, la vicepresidenta Calviño y la ministra Díaz se han mostrado a favor de revisar los salarios de los directivos de la banca. «Díaz dijo ver «preocupantes e inasumibles» los ERE en las entidades financieras y abogó por «poner la mirada en los salarios» de los directivos de los bancos.
Con todo, las reuniones del diálogo social se sucederán de nuevo este martes, con un nuevo encuentro sobre pensiones, y de nuevo el miércoles con una nueva reunión para la modernización del mercado de trabajo, en la que se tendrá que terminar de fijar la hoja de ruta, si bien Díaz trasladará su calendario previsto y consensuado con Bruselas que contempla acometer los cambios este mismo año.
Las dos fases previstas por Díaz
En detalle, a hoja de ruta prevista pasa porque en la primera fase, antes del verano, se abordarán los temas que quedaron a punto de firma entre Gobierno y sindicatos en la pasada legislatura, que pasan por la recuperación de la negociación colectiva, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, las cláusulas de descuelgue, la ultraactividad y la subcontratación.
Ya en una segunda etapa se tendrán que tratar temas en los que las posturas aún podrían estar más alejadas, com la temporalidad, los despidos o la flexibilidad interna, que requieren de más tiempo de negociación.
Entre medias quedan pendientes asuntos como la revalorización de los salarios, la mejora de las políticas activas de empleo o ver qué sucede con la posible prórroga de los ERTE y la prestación de cese de actividad de autónomos a partir del 31 de mayo, que ha despertado ya desavenencias.
Los sindicatos meten prisa a Díaz
Según Díaz, la Comisión ya conoce “pormenorizadamente “el alcance de las materias especificadas en el plan para modernizar el mercado de trabajo”. “Es la primera vez que el Gobierno de España va a abordar de la mano de la Comisión Europea estas cuestiones con tanta profundidad”, ahondó, y este mismo viernes aseguró que la pretendida reforma será «ambiciosa, profunda, de fondo y de calado» y aseveró que cumplirá con el acuerdo de coalición de Gobierno e irá más allá.
Aun así, los sindicatos mantienen sus férreas reivindicaciones para derogar la reforma laboral de 2012 y la de pensiones del año 2013, un asunto que está aún más enquistado en el diálogo social, al tiempo que reivindican la subida del Salario Mínimo.
Estas serán algunas de las exigencias que reivindicarán los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, durante la movilización del 1 de Mayo, en su vuelta a las calles en tan simbólico día. Álvarez admitió que es “evidente” que hay discrepancias con la patronal, algunas de ellas ”mayúsculas”, así como con el Gobierno y ha realizado una advertencia sobre los tiempos: “No nos va a condicionar los tiempos que marque la UE ni los aspectos fundamentales que el Plan de Recuperación sitúa”.
Álvarez considera que el Plan de reformas e inversiones es “lo suficientemente abierto” y contiene una hoja de ruta “abierta” que tiene que dar “tiempo para la negociación, que hay más que suficiente”. “Los objetivos en esta negociación son irrenunciables desde el punto de vista de la modernización de las relaciones laborales”, ahondó.
En la misma línea, Sordo (CCOO) indicó que el proceso de bloqueo de la negociación es “muy intenso” porque no hay un acuerdo en las cuestiones de fondo, sobre todo por la “regresión” en las posiciones patronales respecto a lo consensuado el pasado mes de febrero de 2020 o anterior al a legislatura.
Entre otros asuntos ha citó la subcontratación, la prevalencia del convenio sectorial o la ultraactividad, que eran “claramente interpretables”, y ha apuntado que la posición sindical “no está alineada con la del Gobierno”, ya que hay “discrepancias” y se debaten posiciones. “Hay determinadas materias, sobre todo las relativas al reequilibrio en la negociación colectiva, que convendría resolver cuando antes”, enfatizó Sordo, recalcando que ”no puede pasar un día más en el que las camareras de piso cobren un salario de miseria por hacer 23 habitaciones la hora, no se puede tolerar”.
Remarcó que ay “prisa” en abordar esa pieza para evitar un proceso de devaluación salarial en la segunda parte del año, por lo que ha pedido resolver “lo más rápido posible” la primera fase para abrir paso a una segunda que será “bastante más compleja de lo que la gente se cree”.
Los cambios laborales del Plan de Recuperación
De cualquier forma, os cambios laborales recogidos en el Plan de Recuperación, que figuran en el componente 23 referido a la reforma laboral y por el que se plantea reducir a tres los tipos de contratos laborales; uno “estable” para el conjunto de las actividades, otro “temporal” para las que tengan esa naturaleza y un tercero “de formación o prácticas” para la inserción, en particular, en el mercado laboral.
Se plantea la generalización del contrato estable y la causalidad y simplificación del temporal, con el fin de “promover la estabilidad en el empleo, asegurando que los contratos temporales responden a la naturaleza del trabajo y con un marco adecuado para la formación”.
Junto a ello, se prevé la creación de un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, tanto de carácter transitorio ante caídas de demanda significativas, como estructural
ante procesos de reconversión sectorial que exijan la adaptación de los trabajadores o la transición hacia otro tipo de trabajos o sectores.
A este respecto, el Gobierno señala en el documento que sobre la base de la experiencia del mecanismo de ERTE, aplicado con éxito durante la crisis de la Covid-19, se trata de disponer de “un instrumento permanente de ajuste interno de las empresas, alternativo a la alta temporalidad y al desempleo”.
La meta es que actúe como amortiguador de la extremada volatilidad del mercado de trabajo español y se oriente a la formación y recualificación de los trabajadores (reskilling y upskilling), asegurando de esta manera un marco macroeconómico más estable y aumentando el capital humano y, con ello, el crecimiento potencial.
Políticas activas de empleo, negociación colectiva y subcontratas
El proyecto del Plan de Recuperación también recoge varias de las propuestas realizadas por la vicepresidenta Yolanda Díaz, como la regulación de las subcontratas o abordar la mejora de la negociación colectiva, dos de las propuestas iniciales realizadas por la ministra de Trabajo en el arranque de la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral y que rechazan en CEOE.
Así, el paquete de reformas prevé la modernización de las políticas activas de empleo, así como la simplificación y racionalización de los incentivos a la contratación, de acuerdo con el análisis (spending review) de la autoridad fiscal independiente (AIReF). Asimismo, ante la intensa digitalización en el ámbito productivo se acometerá una modernización del marco laboral y de los mecanismos de concertación laboral y de negociación colectiva. También ve preciso revisar la regulación de las subcontratas y lograr una adecuada articulación de las condiciones aplicables al trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia (autónomos).
Otro de los principales elementos, tal y como había adelantado Calviño, pasa por la modernización y digitalización de la
gobernanza e instrumentos de información y gestión del Servicio Público de Empleo (SEPE), con el fin de mejorar su eficacia para el alineamiento de la oferta y demanda de trabajo en todo el territorio nacional.
Figuran también en la reforma laboral comprometida con Bruselas la regulación del trabajo a distancia, medidas para eliminar la brecha de género y la regulación del trabajo de los repartidores a domicilio (riders) por parte de las plataformas digitales, pendiente de aprobación definitiva. Otras medidas pasan por la modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales, la simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo,
Con una inversión total estimada de 2.363 millones, el componente laboral incluye la estrategia de Empleo Joven, la adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva, nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.
A ello se suma la gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo, el Plan integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible y el fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital.