CEOE no acordará la reforma laboral si el Gobierno no ‘afloja’ en temporalidad

«Inaceptable» es el adjetivo que usan desde la CEOE para calificar la última propuesta del borrador remitido el pasado miércoles por el Gobierno a los agentes sociales con variaciones en materia de contratación en lo referido a temporalidad, el principal escollo en la negociación de la reforma laboral a cerrar antes de que finalice el año.

El último planteamiento del Gobierno no ha gustado nada en la patronal y fuentes de la organización ya señalan a Economía Digital que no se sumarán a la reforma laboral si no modera sus pretensiones en materia de temporalidad, aunque el Ejecutivo introduzca mejoras en otros ámbitos, como hará este viernes en lo referido al mecanismo RED para la configuración de los futuros ERTE permanentes tras la pandemia.

«Esto es un todo», enfatizan desde la patronal, dejando claro que la aceptación o rechazo del acuerdo dependerá de todo el contenido, y decisivamente de la temporalidad.Las posturas en la mesa de diálogo social para la modernización del mercado de trabajo se encuentran aún «muy alejadas» y hay malestar, tanto en el lado sindical como empresarial, por las continuas filtraciones de los documentos sobre los que trabajan , algo de lo que acusan al Gobierno, según apuntan fuentes de del diálogo social.

Con un margen de unas cinco semanas para negociar la reforma laboral, la principal reforma de la legislatura, el acuerdo se antoja aún bastante complicado por los escasos avances logrados en materia de temporalidad a pesar de llevar casi ocho meses de negociaciones a tres bandas y acumular 12 acuerdos del diálogo social.

Tanto es así que en el Gobierno ya contemplan la opción de sacar adelante la reforma laboral aunque no se sume CEOE, según apuntan fuentes de Moncloa con el fin de cumplir con Bruselas y que la norma vea la luz antes de final de año. Este jueves la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, arengó a Foment del Treball para que CEOE se agregue al pacto.

Lo cierto es que el descuelgue reciente de CEOE en los pactos sobre la subida del Salario Mínimo y sobre el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que conlleva un alza de cotizaciones para pagar las futuras pensiones de la generación del ‘baby boom’, da muestras de que la patronal no está dispuesta a sumarse al acuerdo de la reforma laboral a cualquier precio y no está dispuesta a darse completamente por vencida en materia de contratación, sobre todo en lo referido a temporalidad.

El propio presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado los últimos límites a la contratación temporal planteados por el Gobierno al oponerse de nuevo a solucionar el problema con un porcentaje y rechazando de pleno la intención del Ejecutivo de «castigar» a las empresas cada vez que se da de baja un contrato temporal.

La última propuesta en temporalidad irrita a los empresarios

El último borrador entregado en la reunión del miércoles ha irritado aún más a los empresarios, que ya se oponían a las propuestas iniciales del Ministerio de Trabajo ante su pretensión de fijar un límite de de temporalidad del 15% en las plantillas. Fuentes de la organización afean que el Ejecutivo tuviese la intención de mejorar su propuesta en la materia y finalmente «han empeorado» el documento.

El vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo ATA, ha criticado que se ponga la “zancadilla” a los empresarios con la subida de cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que fija un alza del 0,6% en las cuotas entre 2023 y 2032 para asegurar las pensiones de la generación del baby boom, y la penalización de hasta 28 euros cuando es necesario en algunas actividades hacer contratos de solo fines de semana, como para bodas, bautizos y comuniones.

Se muestran especialmente críticos con los límites del 8% a la temporalidad en las pymes y del 4% en la gran empresas y con el recargo por contratar eventuales en fines de semana. En su lugar reclaman medidas que otorguen flexibilidad a los compañías y dejar en el empresariado lo demás para generar puestos e trabajo.

El último documento mantiene su postura en negociación colectiva (recuperar ‘ultraactividad’ y prevalencia del convenio sectorial sobre empresa en algunos puntos) y hace cambios en contratación en lo referido a temporalidad al fijar tres meses para los contratos temporales.

Conforme último documento, al que ha tenido acceso Economía Digital, se plantea hacer fijo a los trabajadores temporales a partir de los cinco meses. El borrador señala que el número de contratos para tareas ocasionales que las empresas pueden concertar dentro de un año natural no será superior al fijado en función de una escala.

Esta pasa por fijar uno en los casos de 1 a 5 trabajadores; dos de 6 a 10 trabajadores; tres de 11 a 30 personas; cinco o el 8% de la plantilla de de 31 a 100 empleados; 15 o el 17% de la plantilla de 101 a 500 personas y 30 o el 4% de la plantilla en el caso de empresas de más de 500 trabajadores en plantilla. En el caso del sector agrario, el número tope de contratos a realizar en cada tramo será un 50% superior.

El Gobierno reformula su nuevo mecanismo de flexibilidad

El Ejecutivo acudirá a la reunión de este viernes con una nueva propuesta sobre el nuevo Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, recogido en el Plan de Recuperación para configurar un instrumento de flexibilidad tras la pandemia, tras recibir el rechazo unánime de los agentes sociales al primer borrador.

En la patronal se oponen por su «intervencionismo y restar la capacidad decisoria de las empresas, además de sumar costes», y en los sindicatos por tratarse de una propuesta «farragosa, con un planteamiento «muy rígido» que complica las negociaciones tras ocho meses de su inicio.

Según el borrador del Gobierno, al que ha tenido acceso Economía Digital, las nuevas modalidades del Mecanismo RED se sumarán y convivirán con los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, así como los de fuerza mayor (para catástrofes) y los de limitación o impedimento.

Se fija para todos los casos exoneraciones en las cotizaciones sociales (aún por determinar) vinculadas a la formación de los trabajadores afectados, parejo a la la necesidad de recualificar a los trabajadores para garantizar su empleo en la misma empresa o para su transición profesional a otra compañía o sector.

En el marco del proceso de autorización del mecanismo, se precisará de una activación por parte del Consejo de Ministros a iniciativa, por orden, del Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño, de Trabajo de Yolanda Díaz y del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que preside Calviño.

Para costear el mecanismo RED en lo referido a prestaciones y exenciones en las cotizaciones y la formación, el Ejecutivo creará un Fondo RED dotado vía Presupuestos Generales del Estado, con recursos procedentes de instrumentos de financiación de la Unión Europea y con el superávit de los ingresos por cotizaciones sociales por desempleo tanto en el nivel contributivo como asistencial. Bruselas demanda evaluaciones ‘ex-ante’ del impacto fiscal y de eficacia de la reforma laboral y de las pensiones y la gestión corresponderá al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

Las condiciones cuestionadas de los futuros ERTE

La solicitud de este mecanismo permitirá a las empresas reducir la jornada de trabajo de los empleados afectados, entre un mínimo de un 10% y un máximo de un 70% con duración máxima de 12 meses, recibiendo una “prestación social” especifica que complete su salario.

La duración de 12 meses será para los casos de acuerdo en el periodo de consultas y será de la mitad, seis meses, en el supuesto de que sea autorizado por la autoridad laboral cuando no exista acuerdo. Para el mecanismo RED por causas estructurales se baraja un máximo de dos prórrogas de seis meses cada una (un año en total).

Las empresas podrán optar por suspender la jornada de sus empleados, a quienes abonarán su salario durante el primer mes y después tendrán que completar la denominada “prestación de sostenibilidad”, que no conllevará consumo de futuras prestaciones por desempleo y ascenderá al 70% de la base reguladora.

Las compañías deberán ofrecer acciones formativas a sus trabajadores para obtener beneficios en las cotizaciones y financiación, que en el caso del mecanismo RED por reestructuración deberá dirigirse a la reubicación en otra empresa del grupo o una externa. En dichos casos, la empresa de origen transferirá al fondo de garantía salarial (Fogasa) la mitad de la indemnización por despido que le habría correspondido al citado trabajador y la empresa receptora tendrá una bonificación del 50% en sus cotizaciones sociales durante seis meses.

En el supuesto de ser despedido por la nueva empresa, podría negarse y mantenerse en la misma o marcharse y obtener la totalidad de la indemnización por despido correspondiente a la compañía anterior.

Los sindicatos piden discreción y altura de miras a CEOE

En medio de las negociaciones técnicas, que se han duplicado a dos (miércoles y viernes), tanto empresarios como sindicatos afean la filtración de documentos de los distintos borradores, algo de lo que llevan ya meses quejándose y exigiendo «discreción» para que puedan fructificar las negociaciones.

«Una negociación tan compleja tantas materias no puede estar comentándose con propuestas encima de la mesa que se modifican. No vamos a opinar todos los días sobre propuestas que aparecen o desaparecen», advirtió el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

El líder sindical reclama «dejar que la negociación siga su cauce» al ser tan «compleja» pero «no imposible», al disponerse aún de algo más de un mes para modificar «en profundidad y mejorar el modelo laboral español», para lo que ha pedido un «ejercicio de prudencia».

En la misma línea se ha manifestado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, admitiendo que «cuesta mucho estar a minuto y resultado». Eso sí, advirtió de que si la patronal no es consciente dl momento reivindicativo que vive España se vivirán «muchas más situaciones» como las de las protestas por el convenio provincial del metal de Cádiz. Álvarez insiste en derogar la reforma laboral de 2012 del PP.