Centenares de prejubilados de Andalucía han dejado de cobrar las aportaciones de primas de seguros suscritas entre la Junta y la aseguradora Apra Leven, fruto de la intervención administrativa y disolución de dicha entidad realizada por la Comisión Bancaria y Financiera Belga (CBFA) por el impago de las cuotas por parte del Gobierno andaluz y otras irregularidades.
Los administradores independientes nombrados por la Autoridad de control de seguros de Bélgica decidió el pasado 4 de marzo revocar el permiso de funcionamiento de la aseguradora Apra Leven en todas sus ramas. Dicha decisión se produjo, según Claude Desseille, administrador independiente designado para averiguar el estado de la entidad de seguros, al constatar que la situación económica de Apra Level era insalvable.
Un tercio del desfase patrimonial de la aseguradora estaría vinculado, según los administradores independientes, al hecho de que “la Junta de Andalucía” no habría pagado la deuda contraída para asegurar una cantidad de prejubilaciones no especificada. Lo que sí se ha cuantificado es la deuda global del gobierno de Andalucía contraída desde el mes de septiembre de 2009, en una primera valoración sería de 40 millones y en una segunda se reduce a los 32 millones.
Tres mil afectados
Según Deseille, a pesar de haber pactado por lo menos tres planes de pago de la aportación de la Junta, “por problemas de tipo administrativo no han pagado nada desde mediados de 2009”. El conflicto que se plantea después de la intervención es que los trabajadores afectados por el impago de la aportación oficial han dejado de percibir sus pensiones.
En España la cantidad total de asegurados afectados por la intervención de Apra Level, serían unos 3.000 y otros 2.000 serían belgas. De acuerdo con lo explicado por los administradores, a pesar de que la Junta no habría pagado nunca sus aportaciones hasta la intervención de la aseguradora los beneficiarios han recibido hasta el mes pasado sus rentas.
Los afectados por el problema de la aseguradora no son solo el colectivo vinculado a la Junta. Sin que los administradores hayan fijado la cifra se sabe que los pagos en pensiones que mensualmente realizaba Apra Leven en España sumaban 1,5 millones, mientras que los que corresponden a los acuerdos con la Junta serían la mitad. En este sentido, otras fuentes conocedoras del problema afirman que el colectivo andalúz es de unas 1.500 personas.
Economía Digital ha consultado con la portavocía del Gobierno Andaluz, que ha dicho que se informará del caso sin confirmar ni desmentir el contenido de la rueda de prensa de los responsables de la entidad de control de seguros de Bélgica.
Problema inmobiliario
La situación que ha llevado a la disolución de la aseguradora tiene además del impago de los acuerdos de rentas de pensiones por la Junta, otro fleco. De acuerdo con lo constatado por la comisión formada por Claude Deseille y Cristian Defranc, se vió que “a raíz de la incorporación a Apra Leven de las operaciones de la cartera procedentes de la aseguradora Fortia Vida, la sociedad belga había aceptado y suscrito créditos hipotecarios a favor de empresas inmobiliarias españolas que, a su vez invirtieron entre otros lugares en Tenerife y Barcelona. Asimismo, había suscrito préstamos a favor de otras inmobiliarias en Rumania.
El análisis realizado por la sociedad Jones Lang Lassalle reveló una insuficiencia del valor de los inmuebles de Tenerife y Rumanía en relación a los fijados en el balance de Apra. Dessaille no ha cuantificado el agujero hipotecario pero ha manifestado que es mucho menor que el que a la aseguradora le plantea la deuda de la Junta. No obstante, estás actividades se están estudiando por si fuesen objeto de una denuncia judicial, admitieron los responsables de la CBFA.
De acuerdo con lo manifestado por Dessaile, la aseguradora Apra Leven tiene como máximos accionistas dos fondos de inversión luxemburgueses que previsiblemente son propiedad de dos accionistas españoles y un tercer accionista belga. Los fondos de Luxemburgo serían propietarios del 96% de la aseguradora, pero al estar intervenida sus titulares tienen suspendidos los derechos políticos. No obstante los accionistas están convocados a una junta extraordinaria que se celebrará el 16 de marzo.
La situación de los asegurados españoles es peor que la de los afectados belgas, ya que estos últimos, por un acuerdo del sector podrían recuperar hasta una cifra total de 100.000 euros si así lo decide la CBFA. En España dicho acuerdo no es aplicable.
