CCOO ve «imposible» un acuerdo con CEOE en la segunda reforma de pensiones

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, descarta que la parte empresarial, CEOE y Cepyme, terminen pactando la segunda parte de la reforma de pensiones porque su línea roja de impedir ninguna medida que incremente costes laborales por la subida de las bases máximas de cotización es, precisamente, «la medida principal que hay que adoptar».

En un desayuno informativo celebrado este jueves, Sordo se ha mostrado contundente: «Veo prácticamente imposible el acuerdo en materia de pensiones con la CEOE», y ha tachado la posición de la patronal de «insostenible». «En España no se pueden mantener unas bases máximas de cotización en niveles tan bajos como los que hoy en día tenemos», ha afirmado, defendiendo que no es justo que «las personas que ganan 30.000 euros tienen que cotizar por todo su salario mientras que las que ganan 80.000 no».

Desde CCOO defienden que destopar las bases máximas de cotización supone un incremento de costes salariales que afecta a un porcentaje muy limitado de trabajadores, ya que los que están por encima de las bases máximas de cotización «no llegan a los dos millones» y «están muy concentrados en las grandes empresas que tienen márgenes más que sobrados para hacer frente a ese coste salarial extra». Por ello, instan a la CEOE a ser «más sensible» en la necesidad de dotar de recursos al sistema público de pensiones por esta vía.

Fuentes de la parte empresarial aseguran que mantienen su posición sobre no pactar medidas que incrementen los costes salariales y recuerdan que ya estuvieron en contra del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de la primera parte de la reforma de pensiones. Herramienta que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2023 y que aumenta en un 0,5% la cotización por contingencias comunes que pagan las empresas, pasando de un tipo del 23,60% a uno del 24,10%.

La última propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, propone que desde el año 2025 hasta el año 2050, los Presupuestos Generales del Estado fijen un tope máximo de las bases de cotización actualizado «en un porcentaje igual al que se establezca para la revalorización de las pensiones contributivas», es decir, el IPC medio, «más un incremento anual adicional fijo de 1,154 puntos porcentuales».

Subir anualmente por ley una parte de las cotizaciones a las empresas (en este caso las máximas) según varíe el IPC (más una tasa fija) es una medida que nunca se había adoptado en España y que, para compensar, iría acompañada de una subida algo menor de las pensiones máximas: según el IPC más el 0,115%.

Más allá de las posiciones encontradas y del complicado acuerdo tripartito en pensiones, el Gobierno de España pactó con la Comisión Europea, entre otras medidas, la «adecuación de la base máxima de cotización del sistema» y una modificación de la pensión máxima para recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que es una reforma que tendrá que terminar efectuándose y que, de hecho, debería haber sido aprobada antes de terminar 2022.

Sin entendimiento sobre el periodo de cálculo

En cuanto a las conversaciones con el Gobierno, Sordo ha afirmado que «no hay grandes movimientos» aunque sí se está hablando de las materias que están oficialmente encima de la mesa de negociación: lagunas de cotización, alargar el MEI, los complementos de brecha de género y el mencionado destope de las bases máximas de cotización sumado a la mejora de las pensiones máximas. Por lo que espera que el acuerdo sea «no muy remoto».

El sindicalista ha admitido que el escollo principal que Escrivá se niega a retirar o modificar por el momento es el aumento del periodo de cómputo de la pensión de 25 a 30 años, eligiendo los 28 mejores. Sordo ha recordado que esta «no es una medida necesaria» y que a los sindicatos no les parece que sea el momento de adoptarla, además de que no hay un consenso político en el Congreso para aprobarla. De hecho, ha llegado a afirmar que «el periodo de cálculo no está siendo negociado» en la mesa.

Respecto a la propuesta que el sindicato UGT realizó el pasado lunes de rebajar de 15 a 12 años los necesarios para acceder a una pensión de jubilación contributiva a cambio de admitir algún tipo de modificación del periodo de cómputo, CCOO ha asegurado que «no es una medida que haya estado encima de la mesa» pero que, además de parecerles bien, proponen volver a la regulación del año 1985, según la cual la barrera de entrada a esta prestación eran solo 10 años de cotización. Esto incrementaría aún más la factura de las pensiones, por lo que se antoja que es una medida alejada de la posición que pueda tener el Gobierno, que busca medidas para recaudar más o que tengan efectos neutros en términos presupuestarios.