Balance del fondo ‘verde’ de la Generalitat: 234 millones recaudados y cero proyectos en renovables

La Generalitat de Cataluña lleva meses aumentando la presión fiscal sobre las empresas con una justificación ‘verde’; así como a los ciudadanos con tasas medioambientales, bajo el pretexto de fomentar la transición energética. Y existe una cara visible tras estos movimientos, la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà (ERC), que esta semana celebraba la creación de un fondo para el desarrollo renovable, mientras hace todo lo posible para dificultar su instalación: tan solo se ha añadido 1 MW de capacidad renovable en los últimos dos años.

Y es que la Generalitat ha incrementado el ritmo impositivo con la excusa de acelerar la transición energética. En los dos últimos años ha implementado dos impuestos, uno por emisiones de CO2 donde ha recaudado 30 millones; y otro de generación eléctrica por el que ha cobrado 204 M€, pero la única realidad es la de una región que se ha situado en la cola de implantación renovable, muy lejos de Castilla y León o Castila-La Mancha, por ejemplo; y que esgrime la recaudación impositiva como palanca de crecimiento.

Cataluña, por ejemplo, tiene actualmente un total de 1.271 MW de potencia eólica repartidos en 47 instalaciones, según datos de la Generalitat -EòlicCat cifra la potencia instalada en 1.275 MW-, por lo que ocupa el sexto lugar en España en esta clasificación. Y estiman que la gran solución, o al menos el parche de cara a la opinión pública, es cobrar tributos sobre acciones contaminantes.

Hace unos meses instauró un nuevo impuesto sobre las emisiones de CO2 para los vehículos contaminantes. Calculaba una recaudación de 66 millones de euros al año -y va en esa senda-. También tiene un Impuesto Medioambiental con el que sacó a Endesa, la empresa más afectada, más de 150 M€ en el último año y medio. Y ahora subirá un 33% ese impuesto que carga sobre todo la generación de energía nuclear. Una serie de acciones que no ocultan el verdadero problema: la conversión de Cataluña en una isla energética si no revierte su situación.

El problema arranca hace más de una década -momento en el que no se ha vuelto a instalar capacidad renovable en consideración-. En 2009 la falta de una voluntad política provocó la parálisis de las energías renovables por un período de 10 años, con la implementación del Decreto 147/2009. Esto supuso la imposibilidad de implementar nuevos proyectos, que se llevaron a otros puntos del Estado. Esta parada tan larga ha posicionado a Cataluña a la cola del Estado en energías renovables. Hace un año, solo el 1,8% de la potencia total en tramitación activa se ubica en territorio catalán.

Un problema que crece

Lo peor en ese objetivo que tiene el gobierno catalán de convertirse en una isla energética -su energía viene masivamente de Aragón- es que decreto tras decreto ha ido empeorando las cosas. Y es que en las modificaciones que el Decreto Ley 24/2021 introduce en el ya maltrecho Decreto Ley 16/2019 de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso de energías renovables, se pretendía volver a la senda de la normalidad, sobre todo por la necesidad de avanzar en esa materia. Pero todo ha ido a peor.

Si bien se trata de una norma que, efectivamente, pretendió en 2019 impulsar la producción de energía a partir de fuentes renovables y, efectivamente, su aprobación conllevó un notable incremento de solicitudes de aprobación de proyectos (según la propia Exposición de Motivos del Decreto Ley 24/2021, se han presentado solicitudes de aprobación de instalaciones fotovoltaicas con una potencia de 7.489 GW), lo cierto es que dichos proyectos se encontraban paralizados desde hace meses por parte de la propia Administración autonómica.

Además, la norma ahora aprobada viene a modificar los criterios y rebajar las expectativas de implantación. La mayoría de dichos proyectos tenían solicitada y admitida la autorización administrativa, sin que, sin embargo, hayan llegado a someterse a información pública.

Todo esto con una problemática legal que puede aparecer en cualquier momento: qué ocurre con todas aquellas inversiones y gastos incurridos por los promotores de proyectos que, en el momento de su presentación, cumplían con todos los criterios establecidos por el Decreto Ley 16/2019 y a los que la aplicación retroactiva de los nuevos criterios coloca en una situación de inviabilidad.

Las contradicciones del modelo

El modelo de desarrollo renovable que quiere implementar Teresa Jordà busca por encima de todo el beneplácito social y la participación de la comunidad -incluso con el fomento de la inversión por parte de los ciudadanos-, pero a la hora de la verdad sabe que los grandes proyectos deben quedar en manos de las empresas.

Así lo confesaba en una entrevista a El País, donde aseguraba que «el decreto permite cambiar el modelo y empoderar a la ciudadanía. La norma habla de que el autoconsumo sea el 30% del total, lo que quiere decir que aspiramos a que sea el 40% y el 50% si lo hacemos bien. Dependerá de todos. Pero necesitaremos también a las grandes empresas y somos conscientes. Tendrán cabida, cumpliendo los requisitos, simplemente porque las necesitaremos».

Es decir, su último movimiento consiste en gravar a una empresa que invierte en Cataluña, cabe recordar que el principal impacto se lo lleva Endesa, para, a su vez, poner dificultades en las gestión proyectos y permisos, pero reconocer que se necesita su ayuda.