Cataluña prepara un nuevo impuesto verde a la industria con la oposición de Naturgy y Repsol
Decenas de empresas advierten que tributar doblemente por las emisiones de CO2 segará su competitividad, más con los precios actuales de la energía
El conseller de Economía, Jaume Giró, presenta el proyecto de presupuestos para 2022. EFE
Si en 2021 la Generalitat puso las emisiones de los coches en el punto de mira, en 2022 la proa se pondrá sobre la industria. A pesar de que las grandes compañías industriales catalanas alertaron de que ya pagan por las emisiones de CO2 en Europa, la administración catalana trabaja para gravar también los gases de efecto invernadero. La empresa salió en tromba a protestar. Y no solo las grandes productivas; también las energéticas como Naturgy, Repsol y Endesa presentaron sus argumentos contra la norma.
La Generalitat de Catalunya inició el pasado mes de diciembre el período de consulta previo a la elaboración del anteproyecto de ley, sobre la mesa desde que se aprobó la ley de cambio climático en 2017. Un lustro después, el Departament d’Economia que lidera Jaume Giró ha iniciado la maquinaria para que vea la luz.
En el trimestre de plazo que dio para que se presentasen aportaciones a la norma, el govern recibió alegaciones de hasta 49 empresas. Las críticas fueron en la misma dirección: las empresas ya tributan por las emisiones de CO2 a nivel europeo, por lo que implementar un tributo propio segará la competitividad de la industria en Cataluña. En el caso más extremo, las compañías amenazan incluso con la deslocalización del negocio. Más con los precios actuales de la energía en el Viejo Continente.
El frente empresarial contra la medida está formado por algunas de las principales empresas industriales del territorio —Celsa y Miquel y Costas–, cotizadas del IBEX —Naturgy, Repsol y Endesa— y grandes patronales —Foment del Treball, Ciment Català, Federación Española de Industrial de Alimentos y Bebidas (FIAB) o la Asociación Española de Fabricantes de Papel (Aspapel)–. En total, se recibieron 49 aportaciones.
La mayoría recuerdan que ya pagan a la Unión Europea por las emisiones contaminantes realizadas. Y el coste de los derechos de emisión se ha disparado en los últimos años. Cuando se diseñó el impuesto, el precio de la tonelada de CO2 rondaba los 5 euros de media. En lo que llevamos de 2022, la media anual supera los 82 euros por toneladas; un incremento del 1.300%. No se prevé una bajada del precio en los próximos años.
Las empresas tienen diferentes criterios ante este factor. Mientras algunas piden que se elabore también un sistema de bonificaciones y exenciones, otras piden que directamente se elimine el gravamen. «Tendrá consecuencias», aseguran.
En la documentación a la que ha tenido acceso Economía Digital, Naturgy avisa de que el nuevo tributo supondrá una pérdida de competitividad para las centrales de ciclo combinado en Cataluña frente a las del resto de España. Su decisión será clara: «se reducirán sus horas de funcionamiento, que será absorbida por la resta de centrales». Por ello, el impuesto recaudará menos de lo previsto y supondrá «un riesgo para estas instalaciones, que podrían cerrar temporalmente al no poder cubrir costes».
Desde Repsol piden que se aplace la entrada en vigor del impuesto por el impacto de la pandemia sobre la economía y en plena invasión de Ucrania, lo que agravó las tensiones en la cadena logística y volvió a incrementar los precios de la energía. «Nos parece necesario advertir la grave afectación económica que este tributo puede tener sobre la industria petroquímica en Tarragona y sobre el conjunto de Cataluña», señalan.
Endesa además duda de que el nuevo tributo sirva para reducir las emisiones al alejar la producción de los centros de consumo. «Una mayor distancia de consumo implicará pérdidas más elevadas, lo que subirá la factura de los clientes, la necesidad de generación y, en consecuencia, las emisiones de efecto invernadero», relacionan.
La amenaza de la deslocalización
La industria lamenta desde hace meses que la Unión Europea es hoy un destino lleno de costes para fabricar. Así lo avisa el director general de la Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto: «Quiero ser optimista, pero es cierto que ya asoma el fantasma de las deslocalizaciones para el primer trimestre si no se revierte esta situación», explica en una conversación con Economía Digital.
Como ya sucedió hace décadas, la industria sopesa marcharse hacia destinos con menores costes; hacia lugares donde la legislación medioambiental sea más laxa que la europea. Irse sería la medida más drástica, pero hay plantas que ya trabajan menos horas y que paran cuando la electricidad es más cara. «Cuando los precios son prohibitivos tienes que parar», lamenta el dirigente patronal.
Con el nuevo tributo, la amenaza para Cataluña no son ya territorios del norte de África, serán regiones de otros puntos de España o del resto de Europa. «Hay que abordar el asunto de las emisiones de manera colectiva, no individual», zanjan las empresas que pidieron modificaciones a la ley.
Así lo advirtieron también los principales ejecutivos de Celsa, Miquel y Costas, Cementos Molins y Ficosa en un acto celebrado el pasado mes de febrero en el barcelonés Círculo Ecuestre. Allí recordaron el impacto de las tasas en los precios de la energía y incidieron en el riesgo de desviar inversiones a otros territorios en el caso de que se apruebe el nuevo impuesto, tal y como pretende hacer la Generalitat.
Lo mismo hizo Foment del Treball, que en febrero presentó un manifiesto en favor de la industria catalana y centró sus críticas al nuevo tributo. Lo calificó de «inoportuno y desafortunado» al ser presentado en un momento de dificultades económicas para buena parte del sector.
