Cataluña pide permiso al Banco de España para crear un banco público
La Generalitat ha pedido al Banco de España que le de licencia para convertir el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en un banco público
La Generalitat ha pedido al Banco de España que le dé licencia para convertir el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en un banco público. El Govern lleva tiempo detrás de este proyecto, que ya ha pasado por varios gobiernos y programas electorales, y ERC lo ha querido dejar atado antes de dejar en manos de Junts la conselleria de Economía, con Jaume Giró al frente. Y el objetivo es claro: completar la operación en esta legislatura.
Esta nueva entidad nacería bajo la marca ICF Banc y con un capital social de 600 millones de euros, según ha publicado este jueves el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Esta cantidad la aportaría el ICF, que se convertiría en el único accionista. Pero para ello primero debe conseguir la autorización del organismo que dirige Pablo Hernandez de Cos, que posteriormente debe contar también con el beneplácito del Banco Central Europeo, que es el que tiene la última palabra.
La creación de esta banca pública es una de las medidas que Esquerra pactó con la CUP para garantizar el voto de los anticapitalistas en la investidura. La idea es que esta nueva entidad impulse la financiación y el tejido productivo catalán para potenciar el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad en la región. No obstante, obtener la licencia será un proceso largo que podría alargarse hasta un año.
Se trata de una de las medidas que Esquerra pactó con la CUP para garantizar el voto de los anticapitalistas en la investidura
Según apunta el DOGC, el nuevo banco realizará actividades y prestación de los servicios bancarios, como son la toma de depósitos, concesión de préstamos o servicios de pago con un «público objetivo concretado en personas jurídicas, grandes, medianas y pequeñas empresas, microempresas y autónomos, entidades del sector público y entidades sociales en el marco de su actividad profesional».
Ya en 2016, con Oriol Junqueras en la vicepresidencia económica, el Ejecutivo catalán quiso poner en marcha esta nueva banca pública. Sin embargo, no llegó a realizar la petición ante el Banco de España para evitar una posible negativa por la influencia que pudiera tener en el regulador el Gobierno del PP. Después, un cúmulo de contratiempos que van desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución hasta la pandemia de coronavirus obligaron a posponer la operación.
El ICF duplica los préstamos durante la pandemia
El ICF ha tenido un papel clave para impulsar la economía catalana durante la crisis sanitaria. Según ha informado El País, entregó casi 1.330 millones en avales y préstamos, el doble que en 2019. El citado diario ha explicado que la CUP puso de nuevo encima de la mesa este proyecto, pero las expectativas eran escasas.
Fue una sorpresa cuando el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró este miércoles en TV3 que en marzo ya se realizó el trámite ante el Banco de España. Y es que, según el acuerdo con los anticapitalistas, ICF y la conselleria de Economía, la operación todavía se estaba estudiando.
Finalmente, si saliera adelante, la sede de esta nueva banca pública estaría en la Gran Vía de les Corts Catalanes de Barcelona. No obstante, la junta general de accionistas podrá trasladar el domicilio social a cualquier otra ciudad española.