Cataluña cubre solo el 6% su demanda eléctrica con energía eólica
En 2021, la energías renovables generaron el 46,7% de la electricidad en España, mientras que Catalunya apenas llegó un 15%
Parque eólico de Rubió, en la provincia de Barcelona, que se inauguró en 2005. EFE
Las energías renovables van con retraso en Catalunya, sobre todo la eólica. Un marco legal restrictivo y la falta de acuerdo con el territorio y las administraciones locales paralizó la ejecución de muchos proyectos entre 2009 y 2019, lo que ha dejado atrás a la región en la carrera hacia la descarbonización. Ante esto, solo el 6% de la electricidad utilizada en Catalunya proviene del viento.
Según un informe del Observatorio de las energías renovables de Cataluña, en 2021 la demanda eléctrica catalana alcanzó los 44.666 gigavatios hora (GWh), de los cuales 2.626 se cubrierona con molinos eólicos. Del total, apenas un 15% se generó a partir de fuentes renovables, siendo la hidráulica la que aporto más electricidad: un 8% del total. La energía nuclear proveniente de las centrales de Ascó y Vandellós (Tarragona) sigue siendo la principal fuente de energía para la región, produciendo más del 50% de los GW requeridos para alimentarla.
En comparación, en el resto de España el viento representa el 23% del total de la electricidad generada, siendo la renovable con mayor potencia, gracias al gran despliegue de molinos de viento en Castila y León y Aragón. La eólica cubre el 93% y el 72% de la demanda eléctrica de estas CCAA respectivamente, según datos de la Asociación Empresarial Eólica. En total, las energías verdes ya generan el 46% de la electricidad en España.
Según admiten fuentes del departamento de Acción Climática de la Generalitat, las renovables no se han desarrollado «como deberían» o al mismo ritmo de otros territorios por trabas legales que bloquearon proyectos durante 10 años.
En 2009, el segundo govern del tripartito aprobó un decreto “muy restrictivo”, que marcaba en qué zonas se podían instalar tanto parques eólicos como fotovoltaicos. Sumado a la inseguridad jurídica por los cambios legislativos estatales, se desincentivó la inversión de los promotores. Durante esta época, se tramitaron solo 386 MW, pero ninguno se acabó desarrollando.
Oposición social
A esto, hace falta sumarle la existente oposición social a la instalación de estas plantas por su impacto ambiental y la diferente “realidad territorial y demográfica”: “No tenemos grandes latifundios donde poder hacer mucho. Los propietarios tienen terrenos pequeños y hay pueblos ubicados a poca distancia los unos de los otros”, admiten desde la conselleria liderada por Teresa Jordà.
No fue hasta 2019 que la Generalitat modificó este decreto para dar más libertad a las empresas para poder presentar sus proyectos, lo que a su vez provocó un aluvión de solicitudes, con una potencia total de hasta 14.000 MW. Sin embargo, estos expedientes tampoco se pudieron tramitar con facilidad: no fueron consensuados con los ayuntamientos y provocaron la saturación de administración pública. Para poner orden, en 2021 el govern de Pere Aragonés volvió a cambiar la legislación para garantizar que los grandes proyectos de más de 5 MW, dialogaran con el territorio y encontrar un equilibrio entre “la sostenibilidad energética y la agraria”.
“Empezamos a percibir un desbloqueo”, mantienen desde la Generalitat. Desde noviembre del año pasado, la administración está gestionando proyectos que aportarían más de 1.800 MW, de los cuales ya ha autorizado 66MW y están tramitando 1.700 MW más. Aunque a cierre de 2021 existían cinco parques eólicos en construcción, que aún no han sido conectados y generarían 46MW en las provincias de Lleida y Tarragona; la fotovoltaica es la energía que más proyectos atrae en Cataluña.
Según se ha propuesto la Generalitat, en 2030 espera poder generar el 50% de su electricidad a partir de fuentes renovables, mientras que el principal objetivo a largo plazo es abandonar las fuentes contaminantes antes de 2050. Para cumplir este fin, Juame Morron, gerente de la Asociación Eólica de Cataluña (EolicCat), exige una “selección rápida” de los proyectos que se adecuan a la normativa para poder autorizarlos “a la velocidad de la luz”.
“Un proyecto pequeño, de 5 MW se puede construir en 3 o 4 meses, pero uno de 50 MW necesita de 8 meses a un año. No podemos esperar hasta 2029”, añade. Para ello, Morron exige “la determinación del govern” y un relato que explique a los sectores reticentes que “no hay alternativas”.
Los empresarios piden agilidad
Frente a esto, Esther Izquierdo, presidenta del Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña, insta a dar pasos firmes y a acelerar el ritmo hacia el autoconsumo a nivel comunitario para revertir estas cifras. Además, exige a las administraciones llegar acuerdos con el territorio para facilitar la instalación de parques renovables de mayor envergadura.
Desde el mundo empresarial mantienen que el despliegue total de las renovables es una oportunidad para los negocios, sobre todo en un contexto donde los costes energéticos se encuentran disparados por el alto precio del gas. “Una panadería ha pasado de tener facturas de 150 euros a ser de casi 3.000. Muchas están evocadas a cerrar”, alerta Joan Vila, presidente de la comisión de energía de Pimec.
