Casado prepara un recorte de 30.000 millones del gasto superfluo del Estado cuando llegue a Moncloa

El PP tiene previsto poner toda la carne en el asador con las elecciones de Castilla y León que darán el pistoletazo de salida de la carrera a las elecciones generales de 2023 y ante la pretensión de poder regresar a la Moncloa, el equipo económico del partido trabaja su receta económica para hacer frente a los estragos de la crisis de la Covid y el resto de incertidumbres con una bajada masiva de impuestos y un ajuste del gasto superfluo de 30.000 millones de euros estimado por la AIReF para reducir duplicidades e ineficiencias.

El partido de Pablo Casado hace una valoración negativa de la marcha económica de España, especialmente tras el crecimiento del 5% en 2021 avanzado por el INE, 1,5 puntos menos de lo previsto por el Gobierno, y advierte de las «nefastas consecuencias» que podría tener el mantenimiento de las políticas actuales del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

Por ello, el equipo económico de los ‘populares’, formado por la secretaria Sectorial del PP, Elvira Rodríguez; el secretario de Economía, Daniel Lacalle; el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Mario Garcés, o el vicesecretario de Participación, Jaime de Olano, están siguiendo de cerca la la marcha de la economía nacional para ver los márgenes que quedarían para su receta económica, defendida desde 2019 a ultranza por Casado y revalidada en la última Convención Nacional del PP el pasado mes de septiembre.

Fuentes del partido explican que la economía será uno de los puntos centrales en la carrera política ante la política «irresponsable» del Gobierno al «falsear las cuentas», por lo que, frente a esto, se encuentra trabajando en la redacción de medio centenar de proyectos de ley con el fin de aprobarlos a la mayor brevedad una vez en el caso de que la formación volviese a la Moncloa tras las elecciones generales del año que viene.

Reformas estructurales: mochila austriaca y plan hidrológico

La hoja de ruta del PP, en buena medida diseñada desde 2019 y orgánicamente vinculante en la última convención nacional del partido, plantea una serie de reforma estructurales a medio y largo plazo para garantizar un crecimiento sostenido y flexibilidad laboral, además de atender ámbitos como el de la vivienda o la digitalización. Todo ello se plasmará en esos 50 proyectos de ley que los ‘populares’ calculan de entrada para su posible desembarco en el Palacio de la Moncloa.

Las grandes reformas pasan por la implantación de la mochila austriaca (fondo de capitalización individual nutrido de aportaciones de los empresarios de una parte del salario bruto de cada trabajador), para favorecer la movilidad laboral y aliviar el sistema de prestaciones por desempleo y pensiones. El coste de esta medida sería de unos 8.500 millones, según estimaciones del Banco de España, aunque el equipo económico del PP estimaba una cifra algo mayor.

Las otras grandes reformas se centran por la bajada de impuestos de 10.000 millones de euros, de gran envergadura pero aun así tres veces inferior a la aprobada por Alemania, apuntan desde el PP. A ello se sumaría un Plan hidrológico nacional, Garantía juvenil con un Plan de vivienda y educación gratuita de 0 a 3 años y avances con planes de digitalización.

Bajada de impuestos de 10.000 millones: Sociedades, IRPF y eliminar impuestos patrimoniales

La gran ‘baza’ del PP será contraponer el modelo de «justicia fiscal» que defiende el Gobierno de coalición con subidas de impuestos a las grandes rentas y corporaciones y, en parte, a las clases medias, con su política y defensa a ultranza de bajada de impuestos. El gurú económico del PP, Daniel Lacalle, insiste en la defensa de acometer políticas por el lado de la oferta.

En cuanto a la bajada de impuestos de 10.000 millones, que plasmarán antes de su llegada a Moncloa en una proposición de ley en el Congreso, el PP plantea rebajar el Impuesto de Sociedades por debajo del 20% y el IRPF a las familias, así como eliminar los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio y combatir la pretendida armonización fiscal del Ministerio de Hacienda por la que se libra ya una batalla con el Gobierno, sobre todo desde la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso, que ha llegado a aprobar una Ley de autonomía fiscal para blindarse, aunque cualquier cambio se encuadraría en la ley orgánica de la financiación autonómica.

Igualmente, contempla bajar en lo posible los impuestos a la contratación y a las cotizaciones sociales, recuperar las exenciones fiscales al ahorro y planes de pensiones y un plan de captación de empresa deslocalizadas y grandes empleadores con un ‘fast track’ administrativo, una nueva ‘Ley Beckahm’ de incentivos fiscales y la reducción de la ‘exit-tax’.

Este plan de reducción de impuestos iría acompañado con otro de seguridad jurídica, con medidas com ola simplificación legislativa con la derogación de dos normas por cada una que se apruebe; estabilidad regulatoria y de impuestos en el sistema energético, la desregulacón a favor de la economía digital y la transformación a la cuarta revolución industrial y la «despolitización» de reguladores y el refuerzo de la independencia de la Justicia y el Tribunal de Cuentas.

Reducir el gasto en 30.000 millones: fin a duplicidades e ineficiencias

Además de bajar impuestos, el PP ve en este momento margen para acometer un recorte del gasto público superfluo que calcula, haciendo suyas las estimaciones de AIReF, en unos 30.000 millones de euros de gasto en duplicidades e ineficiencias. Pero además plantea una batería de medidas para reducir la burocracia.

Entre sus propuestas, figura una «autopista administrativa» para que una empresa pueda crearse en cinco días en oficinas de emprendedores con ventanilla de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Registro mercantil; así como transformar el sistema de licencia previa por el de declaración responsable y silencio positiva, impulsar la unidad de mercado con armonización de normas administrativas y una nueva Ley de Crecimiento Empresarial que elimine trabas fiscales, burocráticas y laborales.

También llevará a cabo una racionalización, digitalizacion y eficiencia d la Administración, fijando una carrera funcionarial con incentivos y reduciendo la estructura, empezando por los «centenares de altos cargos del Gobierno».

En materia laboral, además de la mochila austriaca, plantean otorgar más flexibilidad con el mantenimiento de la reforma laboral de 2012 al defender que ha permitido «crear 3 millones de empleos», de forma que revocarían la nueva reforma del Gobierno de coalición, así como la ampliación de la tarifa plana para autónomos, el lanzamiento de la Ley de Segunda Oportunidad y la regulación del trabajo e impulso de la conciliación con la educación de 0 a 3 años.

Para la España rural también han diseñado una batería de medidas, además de la educación gratuita de 03a 3 años, con medidas para la emancipación de los jóvenes, igualdad en el acceso a los servicios públicos, una baja fiscalidad, un Plan nacional del agua a través de los fondos europeos, el fomento de actividades rurales relacionada con el deporte, el turismo rural, la caza y la pesca, el Plan 300×100 para la conectividad de todos los pueblos y facilitar el acceso a la vivienda en el entorno rural. El Plan de Vivienda del PP se centrará en la oferta liberando todo el suelo público no protegido.

Punto de partida: menor crecimiento y ajuste de 60.000 millones de déficit

La lectura que realizan en el PP sobre la economía española actual es «muy negativa», ante un crecimiento de 2021 un 50% inferior al previsto inicialmente, la alta inflación y un déficit estructural que «aboca a ajustes de hasta 60.000 millones», según apuntan fuentes de los ‘populares’ citando los cálculos del Banco de España, y ello a pesar de que también creen que el déficit de 2021 será menor del previsto en unos 2.000 millones por la infraejecución de los fondos europeos.

La preocupación también se centra en la «crisis de deuda», ya que la exposición de la deuda pública al BCE alcanza los 570.000 millones y puede acabar siendo un «problema» si se añade el alto déficit, más una alta inflación que pude motivar la subida de tipos, lo que unido a la finalización de los programas de compras en torno a un 60%, podría dejar ‘en vilo’ la financiación de hasta 50.000 millones de euros de deuda.«Si demás de la reducción de compras hay algún tipo de subida de tipos la situación macro que nos pillaría sería tremendamente crítica», advierten desde la sede de Génova.

Otro motivo de inquietud en el PP es la subida del IPC «galopante», al ser de las economías con peor desempeño de este indicador, así como la crisis de suministros, para lo que el PP da como respuesta la propuesta de crear una fábrica de semiconductores en España, una infraestructura «muy cara» pero a que a muy largo plazo sería de gran utilidad para la industria automovilística, el hidrógeno o las renovables.

Pero sin duda uno de los caballos de batalla del PP está siendo la fiscalización de la «nefasta» gestión de los fondos europeos por el Gobierno tras la escasa ejecución de 2021 (se gastó menos de la mitad de los 24.198 millones previstos), la «opacidad y falta de transparencia» y las ayudas y subvenciones ‘a dedo’. La Comunidad de Madrid recurrió ante el Supremo el reparto de 9 millones de fondos europeos por el SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo, a lo que se ha sumado Galicia y con advertencias otras regiones del PP, como Andalucía.

Esta misma semana dieron la voz de alarma sobre unas supuestas ayudas ‘a dedo’ del Ministerio de Transición Energética de 525 millones, desmentido desde el departamento de Teresa Ribera. Con todo, Pablo Casado ya avisó de que acudirán al Tribunal Constitucional si detectan irregularidades, después de haberle pedido a Sánchez hace un año la constitución de una agencia independiente para el control de los fondos.