Las carreteras y autopistas serán de pago a partir de 2024
El Gobierno contrata a KPMG para que le asesore sobre el nuevo sistema de peajes o pago por uso de la red viaria, que quiere implantar en dos años
Un punto de l’Eix Transversal. Foto: EFE.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha encargado estudiar la instauración de peajes en las carreteras del estado gratuitas con el fin de configurar una red de peajes a principios de 2024, una medida comprometida con la Comisión Europea para recibir los fondos Next Generation.
Según informa El Confidencial, el ministerio ha contratado a la empresa de ingeniería Ineco para elaborar una serie de trabajos de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras. Y esta, a su vez, ha contratado los servicios externos de KPMG Abogados.
La filosofía del nuevo sistema de financiación de la red de carreteras del Estado es que pague más quien más usa la red viaria y quien más contamina, por lo que los informes dispondrán también de un análisis del impuesto especial a los hidrocarburos.
«Quien contamina paga»
Ineco, consultoría perteneciente al Ministerio de Transportes, sostiene que la tarificación de las carreteras del estado «está contemplada como reforma desarrollar en las componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) relacionadas con la movilidad sostenible y la fiscalidad verde».
Añaden que el plan responde «a las recomendaciones específicas hechas a España en el marco del Semestre Europeo 2019-2020» y el alineamiento también es pleno con las agendas estratégicas de la Unión Europea para la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio de cobro al usuario «pagador» y también del principio de «quien contamina paga».
Evitar demandas por problemas fiscales o tributarios
Antes de tomar decisiones, el estudio jurídico del Gobierno busca que los expertos saquen conclusiones de posibles impactos, como la evasión o el fraude en los sistemas de tarificación de carreteras, además de evitar posibles demandas posteriores por problemas de índole fiscal o tributaria.
«Se profundizará en el análisis de las distintas implicaciones legales que puede provocar la implementación de las distintas propuestas, en términos de derecho nacional y de derecho comunitario, para garantizar su viabilidad. Entre los aspectos que deberán tenerse en consideración, destacan como principales la problemática de la doble imposición, los cambios en la normativa fiscal que eventualmente habría que llevar a cabo y el carácter finalista de los tributos», detalla Ineco.
Por otro lado, el estudio también quiere dar a conocer «las implicaciones que podría tener la posible extensión del nuevo modelo de gestión y financiación a otras redes viales gestionadas por distintas administraciones públicas a la AGE (tales como comunidades autónomas, provincias y municipios)».
