Caos en el teletrabajo de los funcionarios por el retraso de la regulación del Gobierno
Los sindicatos denuncian el "malestar enorme" de los funcionarios por la implementación irregular del teletrabajo tras un año a la espera del decreto tras el acuerdo suscrito
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. EFE
Malestar notorio entre los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) por la implantación irregular del teletrabajo. El Gobierno lleva postergando la aprobación del real decreto-ley de teletrabajo en las administraciones públicas desde finales del año pasado y ello está provocando una desigual implantación de la modalidad del trabajo a distancia entre los empleados públicos.
A la espera de que el Ejecutivo apruebe el decreto del teletrabajo, la implantación está siendo muy dispar en función de las administraciones, ya que mientras que algunas abogan por el modelo de teletrabajo a distancia, otras ponen pegas para ello, como es el caso en Seguridad Social y Defensa, según señalan a Economía Digital en fuentes sindicales.
El portavoz de UGT en la AGE, Antonio González, califica la situación actual de «reino de taifas» al haber organismos que permiten únicamente un día a la semana de teletrabajo, mientras que otros permiten varios días o imponen la modalidad presencial, algo que está generando un «malestar enorme» ante las diferentes situaciones entre los funcionarios por el mayor o menor beneficio del teletrabajo en determinadas administraciones.
Esta situación se debe a la demora de la regulación del teletrabajo en la Administración que fija unos criterios generales con tres días de teletrabajo. El 12 de abril de 2021, hace justo un año, el ministerio de Política Territorial y Función Pública, dirigido entonces por Miquel Iceta, suscribió con los sindicatos más representativos de la AGE –CSIF, UGT y CCOO– un acuerdo para la regulación e implantación del teletrabajo en toda la Administración.
Entonces el Gobierno prometió que el real decreto-ley que daría cobertura legal a los criterios generales para implantar esta modalidad de trabajo, impulsada a raíz del confinamiento en la pandemia en el que muchos de los funcionarios teletrabajaron con sus ordenadores, estaría aprobado para finales del año 2021, pero no fue así.
Con María Jesús Montero al frente de la cartera de Función Pública, la ministra prometió que estaría listo en febrero, y más tarde se aseguro que en marzo, sin embargo el real decreto-ley sigue congelado, en medio del estallido de la guerra en Ucrania, y fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a Economía Digital que se sigue trabajando en el tema para aprobarlo a la mayor brevedad pero no hay una fecha concreta.
La regulación del teletrabajo en las administraciones públicas arranca en 2020, cuando el Gobierno, junto a las comunidades autónomas y la FEMP, en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, y también junto a los sindicatos, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, acordó la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público consensuando una normativa básica sobre la que cada administración pudiera desarrollar después su propia regulación.
Se trata del artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público en el que se fija el teletrabajo comm modalidad laboral alternativa a la presencial, pero dicho artículo precisa del desarrollo normativo para su implantación en todas las administraciones y el Gobierno lleva congelando un año el decreto pendiente en cuestión.
Implantación completa a finales de año o 2023
Fuentes de CSIF, CCOO y UGT señalan a este medio que tanto la ministra María Jesús Montero como la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, se han comprometido a impulsar «en breve» el decreto, sin embargo la regulación podría permanecer congelada todavía unas semanas.
Aunque la norma viese la luz en el Consejo de Ministros, la implantación completa del teletrabajo en las administraciones públicas podría demorarse aún otros siete meses o incluso terminar de establecerse del todo en 2023, en función de la letra pequeña recogida en el acuerdo suscrito con los sindicatos en abril del año pasado.
Y es que en el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos se establecía que Función Pública podría disponer de hasta tres meses para determinar las localidades de la España vaciada donde se podría implantar hasta un 90% de teletrabajo a nivel mensual y, tras ello, los ministerios dispondrán de un plazo efectivo de cuatro meses en sus respectivos ámbitos.
La demora máxima sería por tanto de siete meses desde la aprobación del decreto, si bien las administraciones que vayan más avanzadas podrán implementar el teletrabajo en cuestión de días una vez se apruebe el esperado decreto, precisa González (UGT).
El acuerdo fijaba que se podrá articular una modalidad de teletrabajo con una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual, dirigida expresamente a atender circunstancias organizativas especiales, como favorecer la presencia de la Administración del Estado en el territorio, en zonas en declive demográfico, o atender la prestación de servicios en ámbitos geográficos de difícil cobertura.
Tres días de teletrabajo
Conforme al acuerdo, el nuevo decreto de teletrabajo que prevé aprobar en febrero fijará la posibilidad de trabajar a distancia tres días, un 60% de la jornada semanal, y dos días de manera presencial, pero elimina la posibilidad de combinar las opciones y tienen que ser jornadas completas de teletrabajo o desempeño presencial. El teletrabajo implica el mantenimiento de los mismos derechos y deberes que el personal en modalidad presencial, así como el derecho a la desconexión digital.
Tal y como adelantó Economía Digital, Tras escuchar algunas de las propuestas de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) y anteriormente de los sindicatos del área pública (CSIF, CCOO y UGT), el Gobierno está repensando la posibilidad de un teletrabajo de menos del 60%, lo que supondría permitir que los empleados públicos puedan escoger realizar uno, dos o tres días de teletrabajo.
Actualmente, y desde el pasado mes de octubre, el Ministerio de Hacienda y Función Pública retomó la presencialidad en la AGE, salvo algunas excepciones, restringiendo el trabajo telemático a los empleados públicos a un máximo de un día semanal, el 20% de la jornada, frente a los cuatro días de teletrabajo que tenían hasta entonces con motivo del Covid, con la posibilidad de combinar las opciones, es decir, alternar el teletrabajo o el trabajo presencial a lo largo del mismo día.
Asimismo, se contemplaba la exigencia de una antigüedad mínima de un año en un puesto para poder optar al teletrabajo, algo para lo que los sindicatos han pedido flexibilización ya que, tal y como señala González (UGT) a modo de ejemplo, en el SEPE si pides un concurso de traslado de un municipio a la capital se continúan desempeñando las mismas funciones y «no tiene sentido por tanto fijar una antigüedad mínima».
Así las cosas, el teletrabajo será voluntario y reversible, su utilización estará supeditada a que se garantice la prestación de los servicios y se aplicará a los puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados por esta modalidad, previa solicitud y autorización. Además, cada departamento ministerial u organismo público deberá realizar un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo, con identificación de objetivos, evaluación del cumplimiento, plan de seguimiento y evaluación.
La Administración proporcionará para el teletrabajo un equipo informático con tarjeta de datos y aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para su actividad, así como formación, si bien tiene un plazo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2023, de forma que hasta entonces la Administración no está obligada a facilitar los dispositivos. Durante la pandemia los funcionarios utilizaron sus propios ordenadores y ante el ciberataque sufrido en el SEPE la Administración no cubrió los gastos de reparación.
