Este cambio en los cajeros automáticos afectarán a jubilados y discapacitados
La normativa busca eliminar barreras y garantizar la inclusión financiera para todos los usuarios
Ley de accesibilidad obliga a la banca a adaptar cajeros automáticos para personas con discapacidad. Foto: Freepik
La ley de accesibilidad aprobada el 19 de mayo requiere que la banca adapte los cajeros automáticos y otros dispositivos financieros para garantizar el acceso de las personas con discapacidad.
Esta ley se basa en la idea de que los productos y servicios regulados deben ser accesibles para todas las personas, promoviendo la inclusividad y eliminando las barreras que impiden a las personas con limitaciones funcionales utilizarlos de forma autónoma.
La ley afectará a las compañías proveedoras de terminales de pago, cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes y lectores electrónicos, así como a las entidades financieras que ofrecen créditos al consumo, hipotecas y servicios de inversión. También se aplicará a las entidades que prestan servicios de comercio electrónico.
Requisitos para los bancos
Para garantizar la accesibilidad, la norma establece requisitos que las entidades deben cumplir para que sus productos y servicios sean considerados aptos para personas con discapacidad.
Los bancos deberán presentar la información de los productos a través de múltiples canales sensoriales, como texto, voz y tacto. La información debe ser fácil de entender y manejar, y se deben utilizar tipografías y tamaños de letra adecuados, especialmente legibles para personas mayores.
En cuanto a los servicios bancarios, deben ofrecer métodos de identificación, firmas electrónicas, seguridad y servicios de pago que sean perceptibles, funcionales, comprensibles y resistentes. La información proporcionada no debe superar un nivel de complejidad B2 (intermedio alto) según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
La ley también establece obligaciones para los proveedores de productos financieros, incluyendo fabricantes, importadores, distribuidores y prestadores de servicios. Además de diseñar y proporcionar servicios de acuerdo con los requisitos de accesibilidad, deben incluir explicaciones en sus condiciones generales sobre cómo cumplen con estos requisitos.
También deben tomar medidas para adaptar los servicios a los requisitos de accesibilidad e informar a las autoridades competentes sobre cualquier incumplimiento y las medidas correctivas aplicadas.
Sanciones, fecha límite y excepciones
El incumplimiento de los requisitos de accesibilidad puede resultar en multas que van desde 300 euros hasta un millón de euros, y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tiene la responsabilidad de iniciar procedimientos sancionadores.
La ley entrará en vigor el 28 de junio de 2025 para nuevos productos y servicios. Para productos existentes y servicios cuyos contratos estén vigentes antes de esa fecha, la ley se aplicará a partir del 29 de junio de 2030.
Los terminales instalados antes del 28 de junio de 2025 podrán seguir utilizándose hasta que alcancen el final de su «vida útil económica», que no puede superar los 10 años desde su puesta en funcionamiento.
Se prevén excepciones en casos donde las modificaciones requeridas para cumplir con la ley cambien de manera sustancial la naturaleza del producto o servicio, o cuando representen un costo económico desproporcionado para las entidades.
Sin embargo, los bancos deben justificar estas exenciones mediante una evaluación de las consecuencias de implementar las medidas establecidas por la ley. Además, no podrán alegar una carga desproporcionada si han recibido ayudas públicas o privadas para mejorar la accesibilidad.
