Calviño avisa a Raquel Sánchez de que regular el precio del alquiler «no es la solución»

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha marcado la hoja de ruta a seguir por la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, respecto a la nueva Ley de Vivienda y la controvertida regulación de los precios del alquiler.

El mensaje de Calviño sobre la no conveniencia de poner tope al precio del alquiler no es nuevo pero si es significativo al producirse tras el nombramiento de Raquel Sánchez como nueva titular encargada de concluir las negociaciones entre PSOE y Unida Podemos para cerrar la nueva Ley de Vivienda, en sustitución de José Luis Ábalos tras la remodelación de Gobierno.

De hecho, la importancia de sus palabras son mayores teniendo en cuenta que la nueva ministra declaró como alcaldesa del municipio de Gavà (Barcelona) la localidad como área tensionada y reguló el precio de los alquileres, en línea con la petición de Unidas Podemos que ha generado hasta ahora discrepancias con el ala socialista del Gobierno, sobre todo con Ábalos y Calviño.

«No hay derechos y no hay dignidad sin vivienda. Hablar de inclusión es hablar de vivienda y del derecho a disponer de ella a precios asequibles. Ese es el instrumento más poderoso del Estado del Bienestar y la fuente de la que emanan los derechos fundamentales», expresó el lunes en el acto de toma de posesión de su departamento la hasta ahora alcaldesa del municipio catalán de Gavá. 

Calviño insiste: «no hay varitas mágicas y el tope al precio no es la solución»

Calviño ha vuelto a marcar en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Economía Digital, que ante «temas complejos» como el de la vivienda es arriesgado simplificar, ya que «no hay un varita mágica o una medida o un cambio en el texto legislativo que lo resuelva».

A su juicio, en el ámbito de la vivienda hay “muchos palos que tocar” que se van a impulsar gracias al Plan de Recuperación, si bien considera que la medida de limitar el precio de los alquileres puede resultar “oportuna o adecuada en determinadas circunstancias” pero “no es la solución al problema de la vivienda que presenta España desde hace décadas”. 

El problema de la vivienda, en su opinión, responde a un conjunto de carencias, como la falta de vivienda social, al presentar España un porcentaje de parque de vivienda social inferior al de otros países del entorno y cuyo aumento podría ayudar la incorporación de jóvenes y vulnerables a la vivienda. 

Lo cierto es que las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos continúan, estancadas en las últimas semanas por la regulación del precio del alquiler, ya que mientras que el ala socialista se opone a poner topes, Unidas Podemos exige que se regule el precio. Este está siendo el principal escollo que ha propiciado el retraso en la aprobación de la nueva Ley de Vivienda desde la previsión inicial de que viese la luz el pasado mes de febrero.

«Ábalos no fue ningún obstáculo para acordar la Ley de Vivienda»

Además de reiterar su postura sobre la limitación de los precios del alquiler, Calviño ha defendido al exministro José Luis Ábalos al afirmar que «no fue ningún obstáculo para llegar a un acuerdo en la Ley de Vivienda».

De hecho, ha defendido su legado ensalzando que trabajó «muy intensamente», aunque, en todo caso, también ha dado un voto de confianza a la nueva ministra al mostrarse «segura» de que tendrá «buena disposición en llegar a un buen texto».

A pesar de reconocer que no está «en el día a día» de las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda, Calviño ha subrayado que en el Gobierno están «comprometidos» en darle un impulso a la vivienda social y al programa de renovación, sobre todo para aumentar el parque de vivienda social, en línea con los recursos aprobados ayer por el Consejo de Ministros, que aprobó repartir 1.631 millones para rehabilitación de vivienda y edificios públicos en el marco de los fondos europeos del Plan de Recuperación.

Subir SMI: «no es el momento y en el Gobierno son conscientes de cuál es la prioridad»

Sobre otros de los puntos más polémicos en negociaciones en el seno del Gobierno con los agentes sociales, el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma laboral, Calviño ha mantenido sus premisas en contraposición a las posturas defendidas por la nueva vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

Sobre el Salario Mínimo y ante la movilización de este miércoles convocada por CCOO y UGT para exigir el alza del SMI y la derogación de la reforma laboral, ha insistido en la necesidad de centrarse en la incorporación de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y en la creación de empleo. 

Calviño ha asegurado que el Gobierno está “absolutamente comprometido” con aumentar el SMI y elevarlo hasta el 60% del salario medio en la legislatura, tras haberlo incrementado los tres años anteriores en un 30%, si bien cree que el “objetivo prioritario” ahora debe ser impulsar el crecimiento y la recuperación. 

“Espero que cuanto antes la situación del mercado laboral nos permita retomar la senda de subida del SMI con la confianza de que no tendrá impacto en el mercado”, ha añadido, apuntando que hay que ver cómo evoluciona el mercado laboral en la segunda parte del año pero. 

En cualquier caso, ha aseverado que “todo el Gobierno es perfectamente consciente de que la prioridad tiene que ser la incorporación de trabajadores y seguir impulsando la creación de empleo. “No creo que haya ninguna discrepancia respecto a dónde tenemos que centrar los esfuerzos y las energías”, ha zanjado. 

En este punto, ha avanzado que la cifra de afectados por ERTE ha descendido de 400.000 personas. «No es el momento de tomar decisiones que puedan cambiar el marco en el que se está produciendo este flujo positivo de trabajadores», ha agregado al respecto.

Reforma laboral: «Hay una hoja de ruta acordada en el Gobierno»

En lo referido a la pretendida reforma laboral por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha apuntado que no se han iniciado las negociaciones pero hay “4 o 5. elementos” de oportunidad para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, por lo que hay que “concentrar esfuerzos” para llegar a un acuerdo antes de final de año. 

Eso sí, ha mantenido su rechazo a derogar la reforma laboral de 2012 volviendo a afirmar que “mirar al pasado no es productivo”, sino que hay que focalizarse en la legislación “para el futuro” y atajar los problemas del mercado laboral, que adolece de una “enorme dualidad”, con condiciones precarias sobre todo en los jóvenes por sus bajos salarios. 

A ello se suma la baja productividad, una intensa rotación de contratos y una temporalidad 10 puntos por encima de la media europea y un paro estructural elevado, con un 40% en el caso de los jóvenes, el doble que la media europea. 

Según Calviño, el diagnóstico es “compartido” y las recomendaciones hacia dónde avanzar también, por lo que hay que “ponerse manos a la obra y construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores”. “Hay una hoja de ruta enviada a las instituciones europeas acordada dentro del Gobierno y compartida con los agentes sociales; ellos saben los temas que quereos poner sobre la mesa” por lo que ha confiado en un acuerdo “equilibrado” antes de final de año. 

Díaz avisa de que la reforma «se va a hacer»

Al mismo tiempo que Calviño, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado en declaraciones a TVE, recogidas por Economía Digital, que la reforma del mercado laboral «se va a hacer» y que los agentes sociales saben «muy bien» que tiene que estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre.

Por ello, con una «paciencia infinita», ha asegurado que trabajará para conseguir el acuerdo con los agentes sociales, algo que cree posible «si no se hace partidismo», aunque ha dicho entender que ante la «mayor transformación del mercado laboral» en décadas la patronal muestre «preocupación».

Pese a las críticas de la patronal, Díaz se ha mostrado «segura» de que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, no opina que un joven que perciba 430 euros al mes es una modalidad contractual «correcta».