Calviño quita hierro a los efectos de la inflación en los bolsillos de los españoles
La vicepresidenta primera del Gobierno afirma que no le preocupa el alza del IPC "a corto plazo" y recuerda que ha habido ganancias de poder adquisitivo en los últimos años
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, pide «unidad» para revisar el SMI.
La inflación lleva varios meses en escalada, afectada especialmente en la última etapa por el aumento de los precios de la electricidad, lo que ha disparado el IPC hasta el 3,3% en agosto, el mayor alza desde el año 2012, con una previsión del Gobierno de que termine el año en el 3%.
Sin embargo, en el Gobierno no ven por ahora con preocupación este aumento de los precios y restan importancia al impacto que pueda tener en el bolsillo de los españoles al venir de años de ganancias de poder adquisitivo y estar asegurado el poder de compra de los pensionistas al revalorizarse sus pensiones con arreglo a la inflación.
«El tema de la inflación no es un fenómeno que me preocupe a corto plazo, siempre y cuando no se convierta en un fenómeno estructural», ha indicado la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Economía Digital.
Calviño considera que el hecho de que esté subiendo el IPC «no tiene que sorprender a nadie», ya que «no es un alza exorbitante ni descontrolado», sino «totalmente coherente» con la caída de la actividad económica por la crisis y la actual «intensidad» de la recuperación, y máxime al venir de años de baja inflación y bajos tipos de interés.
Si a ello se añade el aumento del precio de la energía en el mercado mayorista la evolución «es normal» y «todos los organismos consideran que es un fenómeno transitorio», si bien ha apuntado que hay que concentrarse en evitar que sea un tema estructural y acabe dañando a la competitividad.
Pérdida de poder adquisitivo
Ante la posible pérdida de poder adquisitivo de quienes no tengan una subida salarial del 3%, el porcentaje de IPC previsto por el Gobierno para el término del año 2021, Calviño ha relativizado dicho impacto porque considera que la consideración del poder adquisitivo «no puede ser que solo vaya en una dirección o en lo que ocurre unos meses o unos años».
En este sentido, ha recordado que «durante años» se ha registrado un alza de las pensiones y los salarios por encima de la inflación, por lo que cree que no hay que tener un planteamiento «automático» que fije que si suben los precios hay que subir los salarios, ya que «la cesta de la compra no es la misma para todos».
Eso sí, ha lanzado un mensaje de «tranquilidad y fundamental» a los mayores al reiterar el compromiso de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, asegurando la revalorización de las pensiones con el IPC, al tiempo que se trabaja en una reforma de las pensiones para aumentar la sostenibilidad a medio y largo plazo para tener «pensiones dignas dentro de 20, 30 o 40 años».
En todo caso, ha defendido la necesidad y posibilidad en este momento de recuperación de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para lo que resta de año y negociar otro alza en 2022 y otro para 2023, aunque «dependerá de cómo avance la economía y se cree empleo, sobre todo juvenil», hasta alcanzar el 60% del salario medio al final de legislatura, algo que está próximo tras haberse aumentado el SMI un 30% en los últimos tres ejercicios.
Calviño espera que se logre un acuerdo con CEOE para subir el SMI, y ha dicho que no vería «lógico» que en las negociaciones con la patronal pide un aumento de exoneraciones y bonificaciones a la Seguridad Social en los ERTE y en cambio se oponga a elevar el Salario Mínimo. Además, ha rechazado la propuesta de una subida del SMI por territorios como pide CEOE porque sería perjudicial para la unidad de mercado.
El Gobierno pide a Bruselas ampliar el plazo de las ayudas directas
Por otra parte, ante la afectación de la crisis al tejido productivo, del que España solo ha recuperado un 60% del existente antes de la pandemia, Calviño ha confirmado que el Gobierno ha pedido al a Comisión Europea extender el marco de ayudas públicas.
El objetivo es poder ampliar el plazo de estas ayudas y poder llegar, además de a las empresas que más lo necesitaban, que han sido ya las primeras en las convocatorias, a un conjunto más amplio de empresas afectadas por la pandemia hasta este momento.
La vicepresidenta ha defendido que el Ejecutivo ha dado «prioridad» a la protección de las pequeñas y medianas empresas desde el inicio de la pandemia con un conjunto de ayudas, aunque ha admitido que el ritmo de ejecución de las ayudas distribuidas a las CCAA del plan de ayudas de 7.000 millones para pymes y autónomos está siendo «muy desigual» porque algunas van a terminar su ejecución en breve y otras van más rezagadas.
