Calviño ‘hipoteca’ las cuentas del Estado con la promesa de 100 megas para toda España en 2023

El Gobierno ha aprobado la nueva Ley de Telecomunicaciones, y en la disposición adicional trigésima ha lanzado una promesa que será difícil de cumplir y, de hacerlo, tendrá un alto coste para las cuentas del Estado. Promete que habrá disponibilidad como mínimo de 100 Mb/s de velocidad en internet en todo el territorio nacional para el verano de 2023. Una cuestión que dependerá del propio Ejecutivo, puesto que no se trata del servicio universal que obliga a los operadores de telefonía a disponer de esta tecnología, sino de un compromiso de universalización. 

La sacada de músculo que pretende llevar a cabo el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha dejado bastante sorprendidos a los principales actores del sector. Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del mercado, los operadores están expectantes para saber cómo va a resolver el Gobierno ese último salto de cobertura con respecto a las cifras que existen actualmente. 

Según datos del propio Gobierno, en la actualidad, España cuenta con una cobertura de banda ancha a 30 Mb/s del 92% (en las zonas rurales 65%); y del 87% a velocidad de 100 Mb/s. De hecho, según los planes que había en el ministerio del ramo, cuando se ejecutasen todos los planes que había proyectados en materia de banda ancha entre 2021 y 2023, la cobertura de velocidad ultrarrápida (100 Mb/s) alcanzaría al 92,7%. Pero de repente el Gobierno ha dado un giro que no será sencillo de resolver. 

Fuentes del sector apuntan a que este compromiso del Gobierno, que depende única y exclusivamente de ellos, solo podrá solucionarse con ayudas públicas y, principalmente, con tecnología alternativa a la fibra. Esto supone, además, que será también difícil de cumplir otro de los compromisos de esa disposición adicional que hace referencia a los precios. En concreto, se dice que se buscará unos «precios asequibles». El problema es que todas las alternativas a la fibra, básicamente 5G y satélite, todavía no está disponible con bajas tarifas. 

En este contexto, la alternativa del Gobierno pasa por inundar de ayudas públicas el desarrollo de infraestructuras para llegar a tener tanta velocidad de bajada. Por un lado están los planes UNICO, que ahora mismo son el gran motor para el despliegue de tecnología; o bien habría que centrarse en el ‘5G fijo’, que puede dar esas velocidades; o por último centrarse en las ayudas a las empresas de satélite. En todo caso, se trata de una promesa -justo en el año que habrá elecciones- que tendrá un gasto directo para las arcas del estado. Sobre todo porque las zonas que ahora mismo están sin esa capacidad de conexión, precisamente, es porque tienen un alto coste su desarrollo.  

En todo caso, es probable que el Gobierno termine alcanzando ese objetivo, pero nunca será con fibra, al menos en esa fecha marcada. Por lo tanto, luego tendrá que explicar por qué en determinazas zonas hay que atenerse a algunos tipos de tecnología en concreto. Es decir, intentará asegurar que existe esa disponibilidad, aunque el camino para ello haya sido caro.

Una Ley necesaria 

Respecto a las disposiciones destinadas al usuario dentro de la Ley de Telecomunicaciones, se limita la duración de los contratos a 24 meses; se regulan por primera vez los paquetes de servicio; se amplían los derechos de portabilidad; y se permitirá conservar el saldo de un móvil prepago al cambiar de operador. 

Otra novedad incluida contempla la obligación de precisar en el resumen del contrato todas las condiciones y mecanismos de resolución del mismo, así como sus costes asociados. 

Durante su tramitación parlamentaria, los grupos han aprobado reconocer el derecho de una persona a no recibir llamadas comerciales no deseadas, limitándolas únicamente a personas que previamente hayan dado su consentimiento, aunque deberán pasar 12 meses. 

Todas las medidas van encaminadas a mejorar la experiencia de usuarios con las telecos

Por otro lado, durante la tramitación parlamentaria también se ha reconocido el derecho de los consumidores a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación especial y el deber de los operadores a contar con servicios de atención al cliente de forma telefónica para «garantizar en todo momento una atención personal directa».    

El texto permite, además, crear una red de alertas nacionales en caso de catástrofe, que permita avisar a los ciudadanos a través de su teléfono móvil. Otra novedad es la previsión legal de contar con un punto de gestión única para acceder a información sobre condiciones, procedimientos y obligaciones tributarias en el despliegue de las redes de comunicaciones. 

También se habilita a las administraciones públicas a prestar directamente servicios de telecomunicaciones, así como a instalar, desplegar y explotar redes sin necesidad de hacerlo a través de otra sociedad o entidad, como venía sucediendo hasta ahora.