Calviño incumple su promesa y llega al Mobile sin Ley de Ciberseguridad 5G

Durante los próximos días Barcelona se convertirá en la capital mundial del móvil y la tecnología con la celebración de Mobile World Congress. En este sentido, uno de los principales focos de atención será la conectividad 5G, gran reclamo en años anteriores, y que parece haber pasado al olvido. Aunque resulta paradójico que la Ley de Ciberseguridad 5G, que debe otorgar un marco adecuado para la realización de inversiones y la seguridad jurídica, acumula diversos retrasos. Una situación similar a la Ley de Telecomunicaciones, que tras su aprobación en Consejo de Ministros, todavía no ha iniciado los trámites parlamentarios.

El Ministerio de Asuntos Económicos, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ya publicó entre los meses de septiembre y diciembre de 2020 los anteproyectos de estas dos leyes y los sometió a sus correspondientes procesos de audiencia pública. Aunque el proceso se ha paralizado.

En el momento del anuncio de los distintos planes, la intención del Gobierno era que estas tres leyes pudieran entrar en vigor a lo largo de 2021. Sin embargo, los plazos iniciales no solo no se han cumplido, sino que los marcos temporales que se van fijando no terminan de cumplirse. En el caso de la Ley de Ciberseguridad 5G, esencial para el desarrollo de esta tecnología en España -sobre todo por la creación de un marco jurídico estable y seguro-, se espera que pueda estar para verano. Pero solo es una esperanza.

Desde el Ministerio, como es habitual en estos procesos, no se han dado las explicaciones sobre los retrasos. Además, el equipo de la ministra Nadia Calviño se ha encontrado de cara con la falta de crítica, al menos pública, por parte de los operadores de telefonía y los fabricantes de quipos. Uno de los frentes conflictivos que había era en torno a la figura de Huawei, pero las diferentes compañías han tomado decisiones de manera unilateral. Así, el fabricante chino se ha quedado relativamente al margen de algunos contratos firmados para el despliegue y desarrollo de la tecnología 5G, donde Ericsson y Nokia han terminado como grandes beneficiados.  

Calviño se olvida de ley de 5G

Sin el glamour de otras iniciativas legislativas que ha llevado a cabo el Gobierno en esta legislatura, como la reforma laboral, la Ley de Ciberseguridad 5G es vital para el futuro de España, sobre todo para no quedar descolgada en materia tecnológica.

El anteproyecto de Ley comprende medidas destinadas a los operadores de redes y servicios 5G, pero también a suministradores, fabricantes y a determinados usuarios corporativos. El texto identifica a los distintos agentes implicados, así como los procedimientos que se deben seguir en el ámbito público para garantizar la seguridad de las nuevas redes. En este reparto de responsabilidades el anteproyecto hace especial hincapié en el papel de los operadores de redes. Su principal obligación será realizar un adecuado análisis y gestión del riesgo cada dos años.

Asimismo, el anteproyecto proporciona una guía del alcance y los factores que los operadores deben considerar en relación con las redes 5G, ampliando con ello las actividades que estos realizan de modo habitual.

También deberán analizar su dependencia de la cadena de suministros y estarán obligados a elaborar e informar de la ejecución de una estrategia de diversificación de suministradores. Dicha estrategia deberá incluir medidas para limitar la dependencia de un solo suministrador y restricciones para aquellos suministradores que sean calificados de alto riesgo.

La tranquilidad de los operadores con el 5G

Por lo que respecta a los operadores de telefonía, su hoja de ruta por el momento parece fija pese a no estar renovadas las normativas sectoriales. Esto se debe en gran medida a que sus preocupaciones en estos momentos son de otra índole, en concreto en lo que afecta a la generación de ingresos -relacionados o no con el 5G-.

Los operadores se pasaron años predicando las bondades sobre esta nueva conectividad ultrarrápida, pero una vez que han empezado a trazar las primeras estrategias comerciales se han dado de bruces con una realidad que asumían: la complejidad de monetizar el 5G. Por este motivo, y tras unos años de auge, en estos momentos ha habido una ralentización en los proyectos, al menos los relacionados con el ámbito comercial. Una cuestión distinta es la industria, que busca el desarrollo de sus redes privadas y, en este caso, sí necesitará de una ley que desarrolle un marco jurídico, sobre todo para temas de espectro.