Calviño afirma que Bruselas autorizará proyectos incluso antes de presentar el Plan de Recuperación
El Consejo de Ministros modifica este martes el Real Decreto-ley de ayudas directas para que CCAA puedan incluir más sectores y empresas
El temor al retraso en la aprobación de los distintos planes de reconstrucción de los Estados miembros por parte de Bruselas aumenta y con él el de la posible demora de los fondos europeos, si bien el Gobierno se afana al calendario previsto para mantener las fechas previstas.
La vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha querido lanzar este lunes un mensaje de tranquilidad durante la presentación del informe ‘La tercera modernización de la economía española. Claves para aprovechar la oportunidad del Plan de Recuperación’, organizado por Analistas Financieros Internacionales (Afi).
“Todo apunta a que se resolverán los temas pendientes”, ha asegurado Calviño, en el que ha indicado que aunque algunos países (diez) aún no han ratificado la ‘decisión de recursos propios’ — tratado jurídico para que la Comisión pueda endeudarse en los mercados–, es previsible que así sea en breve.
Programa de financiación europeo y escollo en el TC alemán
De hecho, ha recordado que la Comisión ya publicó su plan de financiación en el que estableció los procedimientos para designar a los operadores mayoristas de mercado que van a acompañar el proceso de emisión y el tipo de deuda a emitir para financiar los 750.000 millones del plan de reconstrucción europeo.
“Esto demuestra la confianza de la CE en que en la segunda parte del año podrán empezar a emitir. Estamos listos, en cuanto se dé el pistoletazo de salida podremos emitir la deuda”, ha enfatizado Calviño.
Además, sobre el recurso del gobierno alemán ante el Tribunal Constitucional del país, que paralizó los últimos trámites del Plan de Reconstrucción europeo, ha indicado que el ministro de Hacienda alemán se ha mostrado “muy confiado” en que se resolverá.
En este sentido, ha señalado que la respuesta del Gobierno alemán es “muy sólida” al confiar en que el recurso en el TC alemán “no suponga un retraso ni un obstáculo significativo” para la puesta en marcha del Plan de Recuperación.
“Soy optimista, todo el mundo es consciente de que nos jugamos mucho, es un plan imprescindible para España y para Europa para la recuperación a corto plazo y la construcción a medio y largo plazo. Tiene que salir bien y va a salir bien”, ha aseverado Calviño, alejando el fantasma del posible retraso de los fondos.
Ve necesario modernizar el marco europeo de control de ayudas
De igual forma, Calviño ha indicado que se están aprovechando al máximo las posibilidades del marco europeo de control de ayudas públicas y ha avanzado que el Gobierno español está en diálogo estrecho con la CE para que “incluso antes” o de cara a la presentación formal del Plan de Recuperación “en las próximas semanas” el Gobierno tenga resueltas algunas autorizaciones precisas para determinados proyectos del mismo.
Además, ha recordado que la Comisión ya anunció en el Eurogrupo la semana pasada que está trabajando en un mecanismo de exención por categorías para cubrir buena parte de las inversiones previstas en los distintos planes de los países.
“La CE es muy consciente de que necesitamos adaptar el marco a las necesidades del despliegue del proyecto del Plan; estamos en ese proceso de ver cómo encajar de la mejor forma posible los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica).
Según Calviño “por su envergadura y complejidad presentan características que deben ser evaluadas a la hora de evaluar las ayudas de estado para tener un marco que cubra los distintos proyectos independientemente de los elementos que los compongan”.
Así, Bruselas está trabajando para adaptar y modernizar su marco de ayudas públicas con el fin de acompañar los distintos proyectos de los Planes de Recuperación de los países.
El Gobierno previsiblemente aprobará en el Consejo de Ministros del martes 27 de abril el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y lo remitirá en esos días a Bruselas, antes del 30 de abril, fecha límite para el envío tanto de este plan como del Plan de Estabilidad.
En cualquier caso, Calviño ha indicado que los Presupuestos de 2021 ya recogen 27.000 millones de los fondos europeos de forma anticipada para proyectos con una capacidad “tractora muy importante”, por lo que la intención es que tengan un impacto “cuanto antes” en la economía real, si bien algunos proyectos requieren de un periodo mayor de madurez e irán fructificando a partir de 2022 y 2023.
Con un total de 112 inversiones y 102 reformas el Plan de Recuperación aportará dos puntos al PIB anualmente desde este año y un crecimiento potencial del 2% a medio plazo, ha mantenido Calviño, quien ha indicado como factores de la evolución económica el avanzar en la vacunación, el sector exterior y la estabilidad financiera global, la protección del tejido productivo y el empleo y desplegar el Plan de Recuperación.
Hacienda ultima un sistema de control con CCAA y ayuntamientos
De igual forma, Calviño ha avanzado que en las conferencias sectoriales para asignar los fondos a las CCAA se ha trasladado la intención de que las CCAA sean “corresponsables” del despliegue y cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan que dan derecho a los desembolsos.
Así, ha hablado del sistema de gestión financiera a información que estará disponible hasta que termine la ejecución de las inversiones y supone “una nueva articulación de la colaboración entre Estado y CCAA en un país intensamente descentralizado que tiene mayor complejidad para el despliegue de algunos proyectos”.
Precisamente Hacienda ha celebrado con las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación. Actualmente el Ministerio de Hacienda está diseñando un sistema de información, gestión, seguimiento y control en el que participarán tanto las comunidades autónomas como las entidades locales, según ha informado.
Para este seguimiento se elaborará un informe de gestión que reflejará el grado de avance en el cumplimiento de los hitos y objetivos de las distintas reformas e inversiones y aportará información sobre el grado de ejecución presupuestaria de cada componente del Plan de Recuperación.
Tanto las comunidades autónomas como las entidades locales deberán elaborar también estos informes de gestión, para todas las actuaciones en las que estén participando. Asimismo, el control de los fondos recaerá en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), como autoridad de control e institución reconocida por la Comisión Europea como independiente.
Modificación del decreto de ayudas: flexibilidad a CCAA para añadir sectores
De igual forma, ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará este martes una modificación del Real Decreto-ley de 11.000 millones que contempla ayudas directas a pymes y autónomos para que las comunidades autónomas puedan ampliar dichas ayudas a más sectores y empresas con pérdidas en 2019 que no estuviesen incluidos entre los 100 ya recogidos.
La ministra ha indicado que con la modificación del marco legal se busca dar un margen de flexibilidad adicional las comunidades autónomas a la hora de determinar las ayudas a los sectores y las empresas particularmente afectados en su territorio.
El Ministerio de Hacienda remitió entre el pasado jueves y viernes y a las comunidades autónomas de régimen común y ciudades de Ceuta y Melilla los convenios que regulan la colaboración entre la Administración Central y cada una de ellas para poner en marcha estas ayudas directas.
Dentro del paquete total de 11.000 millones para ayudas a solvencia, se recoge el fondo de 7.000 millones para la solvencia de autónomos y pymes a gestionar por las CCAA, con dos compartimentos: uno para Baleares y Canarias de 2.000 millones de euros; y otro para el resto de autonomías y Ceuta y Melilla, dotado de 5.000 millones.
Hacienda transferirá los recursos que corresponden a cada autonomía en un plazo máximo de diez días desde la firma del convenio, el pasado viernes, salvo que las comunidades soliciten que el libramiento se haga en un momento posterior.