Calviño asignó 20.000 millones de los fondos europeos al BEI cuando ultimaba su candidatura para presidirlo
La Adenda que ahora mismo el Gobierno negocia con Bruselas incluye un fondo gestionado por el BEI que tramitará esos 20.000 millones procedentes de los préstamos europeos
La vicepresidenta de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño. EFE/ Pablo Garrigos
Los rumores ya corrían a finales de mayo y a principios de junio: la vicepresidenta Nadia Calviño se dejaba querer como posible candidata a hacerse con la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el banco público europeo que es el principal organismo inversor de la Unión Europea. Un cargo técnico con sede en Luxemburgo, pero que permitiría aumentar con un perfil de peso la cuota española de poder a nivel comunitario.
Precisamente al tiempo que se cocía a fuego lento la candidatura de la también ministra de Asuntos Económicos -se confirmó a mediados de agosto- y se convertía en el principal activo del PSOE durante la campaña electoral del 23 de julio, el Gobierno decidió asignar 20.000 millones procedentes de los préstamos que corresponden a España de los fondos Next Generation EU para que los gestione el BEI, la entidad que Calviño podría dirigir a partir del próximo 1 de enero.
La Adenda del Plan de Recuperación, la actualización que el Gobierno aprobó en junio pocos días después de adelantar las elecciones, contempla que uno de los 14 Fondos destinados a vehicular estos préstamos (en total, algo más de 66.000 millones de euros) sea gestionado por el Banco Europeo de Inversiones. Se trata del Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con hasta 20.000 millones de euros y que estará destinado a inversiones sostenibles en áreas como vivienda social y regeneración urbana, transporte sostenible, competitividad industrial y de las pymes, economía de los cuidados o gestión de aguas y residuos.
Calviño lo justifica por la experiencia del BEI
La adición del BEI a la Adenda fue una de las novedades del texto aprobado por el Gobierno. En un principio, tal y como muestra el borrador al que el Ejecutivo dio luz verde a finales del año pasado, el Banco Europeo no participaba de la gestión del Fondo de Inversiones Sostenibles de las Comunidades Autónomas, como se llamó en un primer momento a este instrumento financiero.
«Es una institución de gran potencia que tiene una larga trayectoria de relación con las comunidades autónomas españolas, de financiación de proyectos públicos, privados, y un conocimiento y una capacidad técnica muy acreditada para poder colaborar con el Gobierno español», justificaron desde el Ejecutivo en un encuentro a principios de junio para explicar el programa de fondos europeos. De hecho, de acuerdo con estas fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, el objetivo es que el propio BEI asuma el «reto especial» de que la financiación fluya a las comunidades autónomas y también pueda cofinanciar algunos de los proyectos que se nutran de los fondos europeos, lo que le dé más capacidad de inversión y transformación a la herramienta.
El documento enviado a Bruselas explica que, además del BEI, también participarán como gestores «el concurso del conjunto de agentes financieros de la Administración pública, destacando el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Compañía de Financiación del Desarrollo (COFIDES), las agencias financieras de Comunidades Autónomas, y los gestores públicos de instrumentos financieros, entre otros».
La idea es que, conforme vayan produciéndose las entregas de las cuantías procedentes de estos préstamos europeos al Tesoro español, se hagan los desembolsos al BEI que correspondan para que ejerza su tarea.
El Gobierno mandó la Adenda a Bruselas a principios de junio, a pesar de que tenía de plazo hasta agosto para remitirla. Sin embargo, los trabajos ya estaban avanzados y el adelanto electoral precipitó su aprobación. De acuerdo con el reglamento de los Planes de Recuperación, desde entonces se abría un plazo de dos meses para recibir el visto bueno de Bruselas. Ya han pasado tres, dado que el Gobierno acordó con la Comisión Europea expandirlo.
No obstante, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos confirman que las conversaciones han seguido durante el verano y se confía en recibir el aprobado en las próximas semanas.
