Bruselas reclama al Gobierno una reforma laboral al gusto de Calviño
Bruselas exige al Gobierno que priorice la reforma del mercado de trabajo en el Plan de Recuperación en lo referido a dualidad y paro juvenil
El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Valdis Dombrovskis. EFE/ Olivier Hoslet
Bruselas ha dado un toque de atención a España para que dé prioridad a la reforma del mercado de trabajo de cara al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y al futuro desembolso de los fondos europeos, pero centrado sobre todo en dos puntos: la dualidad del mercado laboral y el alto nivel de desempleo juvenil.
Estos son algunos de los aspectos que precisamente ha priorizado la nueva vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, contraria, junto a CEOE, a derogar la reforma laboral de 2012 como quieren los sindicatos y en parte la nueva vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
También figuraban entre los objetivos de las 17 reformas del mercado laboral comprometidas por España con Bruselas en las ‘fichas’ del borrador enviado el pasado mes de octubre sobre el Plan de Recuperación, cuyo documento definitivo remitirá este mes de abril.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha advertido este miércoles al Ejecutivo español de que debe dar prioridad a una reforma laboral “integral y ambiciosa” en el Plan de Recuperación, subrayando la necesidad de “abordar con seriedad la dualidad de su mercado laboral y los altísimos niveles de desempleo juvenil”.
Dombrovskis valora que el Gobierno español “va muy avanzado” con la preparación del Plan de Recuperación y explica que los intercambios entre las autoridades españolas con la Comisión han sido «constructivos»durante los últimos meses, por lo que espera que España pueda presentar su plan «en las próximas semanas”.
No obstante, el también comisario europeo de Comercio ha marcado los puntos que a su juicio han de priorizarse en la reforma del mercado de trabajo, alineados con los que defiende la vicepresidenta Calviño.
Políticas activas de empleo
“La primera prioridad es una reforma integral y ambiciosa del mercado laboral, ya que el país debe abordar con seriedad la dualidad de su mercado laboral y los altísimos niveles de desempleo juvenil”, ha remarcado Dombrovskis en una declaración adelantada por El País.
En este sentido, ha señalado la economía española «adolece de debilidades estructurales de larga data, que la pandemia ha hecho aún más visibles” y ha subrayado que es «muy importante que España haga bien su plan de Recuperación», en un contexto en el que se será el segundo mayor receptor de los fondos de reconstrucción europeos.
Ha remarcado que las políticas activas del mercado laboral «también deben renovarse”, dado que su “implementación no ha funcionado bien hasta ahora” y “serán cruciales para ayudar a los trabajadores y las empresas” en el proceso de transformación económica que se producirá una vez se apruebe definitivamente el fondo de reconstrucción.
Este es uno de los puntos que prioriza Calviño y la CEOE, pero también la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, quien hace dos semanas ya avanzó en el Congreso que había una «base de acuerdo» para reformular las políticas activas de empleo y adelantó que a finales de marzo o principios de abril tendría listo el borrador de la ley de Empleo para acometer los cambios en las políticas activas de empleo.
“Nos alegramos de que el Gobierno español comparta nuestra valoración de la situación. Ahora es necesario que se traduzca en hitos y objetivos concretos. La Comisión seguirá de cerca el resultado”, ha afirmado Dombrovskis.
Las posturas de Calviño y Díaz
Calviño y CEOE urgen a reformar las políticas activas de empleo, reducir la dualidad y limitar a tres el número de contratos (indefinido, temporal y formativo, junto a un cuarto de fijo-discontinuo) , si bien Yolanda Díaz, aunque promete cumplir con las 17 reformas en materia laboral comprometidas con Bruselas, trata de acometer en paralelo el desmontaje de la polémica reforma laboral.
Díaz ha mostrado su compromiso con las 17 reformas apalabradas con la Comisión, en paralelo al desmontaje de la reforma laboral. Con la reanudación de la mesa de diálogo social para la modernización del mercado laboral Trabajo quiere reiniciar los trabajos en el punto que quedaron antes de la pandemia y se ha dado tres meses para renovar algunos de los puntos más candentes de la reforma laboral de 2012.
En la primera tanda está previsto que se aborden los temas que quedaron a punto de firma entre Gobierno y sindicatos en la pasada legislatura, que pasan por la recuperación de la negociación colectiva, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, las cláusulas de descuelgue, la recuperación de la prórroga automática de los convenios hasta su renovación (ultraactividad) y la subcontratación.
El primer borrador con el planteamiento inicial del departamento de Yolanda Díaz, abordado en la última reunión, pasa por establecer limitaciones a las subcontrataciones, uno de los puntos que genera más rechazo en la CEOE, así como fijar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa para fijar salarios y jornada, según el documento al que ha tenido acceso Economía Digital.
En la segunda etapa se tendrán que tratar temas en los que las posturas aún podrían estar más alejadas, como la temporalidad, los despidos o la flexibilidad interna, que requieren de más tiempo de negociación y probablemente los cambios no llegarán hasta finales de año o 2022. Aunque todo apunta a una gran dificultad para el consenso total.
17 reformas comprometidas con Bruselas
Entre las 17 reformas laborales comprometidas con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación figuran algunas ya aprobadas o consensuadas como la Ley del Trabajo a Distancia, la regulación de los ‘riders’ o las medidas para eliminar la brecha de género, y otras en negociación o pendientes de abordarse.
Se incluye la generalización del contrato indefinido, causalidad y simplificación de la contratación temporal, de forma que se penalicen los contratos de muy corta duración, la modernización de políticas activas de empleo, y de la normativa sobre los ERTE y la revisión de subvenciones y bonificaciones a la contratación laboral.
También figura la modernización de la negociación colectiva, de la contratación y subcontratación y de la formación para el empleo, así como del SEPE, junto la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2021-2024, la Garantía Juvenil y el Plan 2021-2027 de trabajo digno para jóvenes y la evaluación de políticas.
En materia de pensiones el documento remitido a Bruselas compromete reformas para garantizar el poder adquisitivo y la sostenibilidad, mediante la eliminación de gastos impropios del sistema, la revalorización de pensiones con el IPC, entre otros.
Remisión del Plan de Recuperación y retraso de los fondos europeos
El Ejecutivo español envió el pasado mes de octubre a la Comisión Europea el borrador de su Plan de Recuperación con las denominadas ‘fichas’ que recogen 30 componentes, con 107 reformas e inversiones previstas para canalizar los 140.000 millones de euros que recibirá España hasta 2026 de los fondos europeos, de ellos 70.000 millones en transferencias hasta 2023 y lo restante en préstamos los tres ejercicios siguientes.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apremiado en los últimos días a acelerar la gestión de los fondos europeos para lograr los objetivos marcados que permitirán que se produzcan los dos desembolsos anuales previstos de los fondos europeos.
Montero afirmó también que la previsión del Ejecutivo es enviar a Bruselas “bastante antes” de la fecha límite del 30 de abril el Plan de Recuperación, días antes de que el Tribunal Constitucional de Alemania paralizase el viernes la aprobación de los fondos europeos conocidos como Next Generation EU, que podría retrasarse y afectar a todos los miembros de la Unión Europea.
En concreto, el tribunal ha suspendido temporalmente la ley que ratifica el fondo de recuperación mientras resuelve un recurso urgente presentado por “un grupo de euroescépticos alemanes” llamado Bündnis Bürgerwille (Alianza de la Voluntad del Ciudadano), que defiende que los tratados de la UE no permiten que el bloque se endeude.
No obstante, Montero cree que el recurso se resolverá «favorablemente» y a pesar de los posibles retrasos en los fondos ha dicho que el Gobierno mantiene igualmente su calendario porque los Presupuestos de 2021 incluyen los primeros 25.000 millones de euros, que se financiarán con deuda pública hasta que lleguen los fondos.
