Bruselas pide preservar los avances de la reforma laboral de 2012

Bruselas ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España con 212 reformas e inversiones que permitirán canalizar este año 19.000 millones de fondos europeos, si bien para ello el Gobierno deberá aprobar antes de que acabe el año la reforma laboral y el primer paquete de la de pensiones.

La evaluación de la Comisión considera que el plan español incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que contribuyen a abordar de manera eficaz la totalidad o un subconjunto importante de los retos económicos y sociales indicados en las recomendaciones específicas por país formuladas a España por el Consejo en el Semestre Europeo en 2019 y en 2020.

En materia laboral destaca que aborda medidas en los ámbitos del empleo para reducir la segmentación del mercado laboral y mejorar y modernizar las políticas activas del mercado de trabajo, así como simplificar y aumentar la efectividad de los incentivos a la contratación.

Pero más allá del contenido específico del Plan, en la propuesta de decisión de ejecución del Consejo la Comisión Europea retoma de forma sucinta en un pie de página su postura respecto al ya largo debate sobre la derogación de la reforma laboral del año 2012 del anterior Gobierno del PP. 

El «papel importante» de la reforma laboral para el empleo

En concreto, recuerda que un informe sobre España reciente ya apuntaba “la necesidad de preservar los elementos de las reformas del mercado laboral de 2012-2013 que se reconoce que han desempeñado un papel importante en el impulso de la recuperación económica rica en empleo que comenzó en 2014”. 

De esta forma, Bruselas vuelve a mostrarse contrario a la derogación de la totalidad de la reforma laboral, tal y como pretende y se ha comprometido en las últimas semanas en varias ocasiones la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en connivencia con los sindicatos. 

Lo cierto es que el asunto de la derogación de la reforma laboral o de los llamados “aspectos más lesivos” de la norma lleva años en el debate político y público y no se termina de sustentar, si bien la pretensión de Díaz es ir a acometiendo cambios que lleven al desmontaje total o cuasi pleno de la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy. 

Recientemente en el Congreso Díaz prometió a EH Bildu que derogaría la normativa laboral de Fátima Báñez, lo que despertó un gesto de rechazo en la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, contraria a la derogación y defensora de “mirar al futuro”, en línea con la postura de la patronal CEOE. 

Informe de evaluación y “respeto pleno” al diálogo social 

El Ejecutivo comunitario recuerda su postura sobre la reforma laboral justo antes de señalar que España no pudo proporcionar detalles sobre las modificaciones que se espera que se introduzcan en el sistema de negociación colectiva para no prejuzgar el resultado del diálogo social sobre la medida. 

En todo caso, subraya que la reforma “debe ir acompañada de un informe de evaluación ex ante. de las deficiencias de la legislación vigente que regula los convenios colectivos” y “se espera que el diseño de la reforma apoye la competitividad y la creación de empleo, en particular asegurando que las empresas puedan adaptarse rápidamente a la evolución económica y que los salarios respondan a la evolución de la productividad a medio plazo”. 

Remarca también Bruselas que “todas las reformas del plan deben completarse respetando plenamente el diálogo social para garantizar la máxima participación y serán parte de un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado laboral”. 

El visto bueno de Bruselas al Plan de Recuperación

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó expresamente el miércoles a Madrid para trasladar oficialmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España que permitirá canalizar a España los 140.000 millones de euros que le corresponden de fondo europeos de reconstrucción hasta el año 2026.

Una vez que el Ecofin dé su visto bueno definitivo al Plan de Recuperación español el próximo 13 de julio, España recibirá a finales de julio un primer anticipo de 9.000 millones de euros y casi con total seguridad un segundo desembolso de en torno a 10.500 millones de euros a final de año, en este segundo caso ligado al cumplimiento de hitos y objetivos ya prácticamente alcanzados al computarse inversiones y reformas desde febrero de 2020.

Sin embargo, para poder seguir recibiendo desembolsos (dos años) tendrá que cumplir a posteriori más hitos y objetivos que en en un primer momento pasan por aprobar este mismo año una serie de medida relativas a la reforma laboral y el primer paquete de la reforma de pensiones para poder recibir el siguiente desembolso de 12.000 millones de euros en junio de 2022.

Esa será la tónica que tendrá que seguir desarrollando los siguientes años, en los que tendrá que cumplir el calendario de reformas para acceder a los 69.528 millones de euros previstos en transferencias no reembolsables hasta 2023, ya que los restantes 70.000 millones serán préstamos a solicitar desde el próximo año hasta 2026.

Las medidas de la reforma laboral de Díaz

A modo de resumen, los cambios previstos en materia laboral en el componente 28 del Plan por el Gobierno para este año pasan por reducir el número de contratos a tres (estable, temporal y de formación) y acometer una serie de cambios para frenar la temporalidad. 

Entre otras, hacer fijos a los temporales con más de un año de contrato, eliminar los contratos vinculados a la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas, que los trabajados estacionales o fruto de campañas habituales no justifiquen un contrato temporal, sino que sean objeto de la modalidad fijo discontinua. 

También propone Trabajo incluso establecer el despido nulo en la temporalidad injustificada o abusiva, incluso si la persona salió de la compañía por un despido disciplinario, de forma que tenga que se readmitido.  La propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo no ha gustado en CEOE, que ha tildado de “disparate” las propuestas al considerar que afectará al empleo y la recuperación. 

Más allá de la temporalidad y la dualidad, Trabajo deberá acometer la modernización de las políticas activas mediante una nueva estrategia de empleo 2021-2024, la regulación de las subcontratas o medidas en materia de negociación colectiva por definir. Trabajo ya propuso en el diálogo social que regule los sueldos y los complementos. 

Sobre la ficha del componente 30 referido a la reforma de pensiones se plantea, en línea con lo previsto, aprobar un primer paquete que incluya la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC y medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación, con incentivos para alargar la vida laboral, un aumento de la penalización de prejubilaciones o el fomento de la jubilación activa. 

El Ministerio de Seguridad Social ultima con los agentes el acuerdo sobre pensiones que previsiblemente verá la luz la próxima semana, si bien sigue enrocada la negociación en torno al factor de sostenibilidad, que los sindicatos reclama que se derogue ya y desde el Ministerio aunque han amagado con cumplir esa promesa optan de nuevo por aplazarlo a 2022. 

El resto de cambios en los años sucesivos

De cara a los cambios desde 2022 y en adelante, que tendrán que cumplirse en función del calendario de los hitos y objetivos marcados en el Plan para poder seguir recibiendo los dos desembolsos de fondos europeos al año, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó que se aplaza a 2022 la nueva Ley del Empleo y un nueva Ley de participación institucional.

Para el próximo año también se contempla la implementación de las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre incentivos a la contratación, la reforma del Ingreso Mínimo Vital o la reforma de los subsidios no contributivos de empleo, mientras que en 2023 se desplegará la modernización del SEPE, con 20 centros públicos nuevos de búsqueda de empleo, y en 2025

En materia de pensiones, en 2022 se creará el nuevo factor de solidaridad intergeneracional que sustituya al actual factor de sostenibilidad para ligar la pensión con la esperanza de vida, y se ampliará el periodo de cómputo de la vida laboral para el cálculo de las pensiones, al tiempo que se consensuará la reforma del sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos, tras las discrepancias de las organizaciones de autónomos, en paralelo con el alza de las bases máximas de cotización.

Por último, en cuanto a la reforma fiscal, para la que el Gobierno constituyó en febrero un grupo de expertos con el fin de que analicen al completo el sistema tributario para entregar sus conclusiones finales el 28 de febrero de 2022 y acometer una reforma fiscal integral, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dijo que podría postergarse seguramente a 2023.

En el documento definitivo el Ejecutivo se compromete a tener listos en el mes de junio del año que viene el impuestos sobre los envases de plástico de un solo uso, el depósito de los residuos y las plantas de incineración, el tributo sobre los gases de efectivo invernadero, así como un nuevo gravamen a la movilidad o el registro de vehículos, además de revisar la fiscalidad del diésel y otros combustibles.

Además, se compromete con la Comisión Europea a tener listo antes del 31 de marzo de ese año (2023) una reforma sobre los beneficios fiscales, en línea con las recomendaciones de la AIReF, así como avanzar en materia de fiscalidad medioambiental y digital y la armonización de los impuestos sobre la riqueza (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones).