Bruselas pide al Gobierno aclaraciones sobre los ERTE y el Plan de Recuperación

El Gobierno remitió el pasado 30 de abril el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español con las 212 reformas e inversiones que permitirán canalizar los 140.000 millones de euros de fondos europeos que le corresponden a España hasta el año 2026.

Tras más de dos semanas analizando las más de 2.000 páginas del documento, la Comisión Europea ha remitido una carta a España pidiendo aclaraciones sobre el plan de reformas e inversiones español, según han confirmado a Economía Digital en fuentes gubernamentales y comunitarias.

Desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital explican que se trata de una carta similar a la que las autoridades europeas han enviado a todos los países que les han remitido ya el plan, que dentro de la fecha tentativa del 30 de abril habían sido 14 Estados miembros.

En este sentido, señalan que la Comisión Europea solicita «aclaraciones técnicas» sobre el Plan de Recuperación, pero insisten ene que forma parte dle «diálogo normal y continuo» con la institución.

Más detalle sobre los ERTE estructurales

Fuentes gubernamentales explican a este diario que entre otras cuestiones se han solicitado detalles sobre los futuros mecanismos de flexibilidad interna que proyecta el Gobierno en el Plan de Recuperación.

Y es que al margen de la prórroga de los ERTE actuales hasta el 30 de septiembre, que se está negociando en el diálog osocial,, el Ejecutivo empezará a negociar también con los agentes sociales una reforma para incorporar al Estatuto de los Trabajadores dos nuevos mecanismos de ajuste de empleo previstos en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas, que pasan por un sistema de estabilización económica y por un sistema de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores en transición.

Es precisamente sobre restos puntos sobre los que Bruselas ha solicitado una mayor concreción para recabar más información sobre los «ERTE del futuro» en aras de saber el impacto de los mismos y la efectividad en el escenario posterior a la pandemia.

Calendario de desembolso

El análisis de la Comisión Europea se demorará hasta la segunda mitad de junio, cuando está planeado que ofrezcan una respuesta oficial. Se trata del paso inicial que los documentos tendrán que superar antes de ser remitidos hasta el Consejo Europeo, que contará con otro mes adicional para avalar el desglose económico. 

A falta de un análisis más concienzudo, desde Bruselas ya han adelantado que los países están cumpliendo con los objetivos fijados de destinar al menos un 37% de las inversiones a fondos relacionados con el clima y un 20% a iniciativas de digitalización. En algunos casos, incluso superando esas horquillas.

En el caso de España, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado prioridad al presupuesto de movilidad sostenible que ha concentrado una partida de 13.200 millones de euros, lo que le coloca en cabeza de las 20 grandes reformas estructurales. La rehabilitación de viviendas (6.820 millones) o la modernización de la administración (4.315 millones) son otros de los grandes focos de inversión.

Con todo, el Gobierno confía en que si todo va según lo previsto empiecen a llegar recursos en la segunda mitad del año. El primer desembolso a modo de anticipo de unos 9.000 millones podría llegar en torno al mes de julio, mientras que el segundo de alrededor de 16.000 millones se produciría a finales de año o, en función de los tiempos, ya en 2022. 

“Creemos que no habrá problemas para superar este primer paso de la UE una vez remitido el documento”, señalan fuentes gubernamentales a ED.

Los ERTE del futuro

En cuanto al primero, el sistema de estabilización económica proporcionará flexibilidad interna a las empresas y estabilidad en el empleo ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad de la empresa, con un foco especial en la formación de los trabajadores y consiste en la reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa, para reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los periodos de baja actividad.

Con este mecanismo se busca “minimizar el recurso al despido, salvaguardando el vínculo contractual del trabajador con la empresa y facilitando la reactivación del trabajador cuando termine el shock, y reducir la elevada temporalidad del mercado
laboral español”.

Para garantizar la financiación del nuevo mecanismo de regulación temporal de empleo ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad, se establecerá un fondo tripartito, cuyo funcionamiento se decidirá en el diálogo social, que permita destinar del excedente de las cotizaciones sociales por desempleo logrado en las fases alcistas del ciclo económico a financiar los déficits en las fases recesivas, cuando caen los ingresos y aumenta el gasto.

Este mecanismo tripartito se nutrirá, entre otras posibles contribuciones, del exceso de cotizaciones sociales que realizan las empresas y los trabajadores, así comode la aportación del Estado al presupuesto del SEPE en la medida que sea necesario, de acuerdo con el diseño final que se haga del instrumento. Además de esta aportación al SEPE para el pago de prestaciones, el Estado también puede participar mediante las exenciones en las cotizaciones sociales de las empresas tal
y como se ha hecho en la crisis actual. Las contribuciones adicionales del Estado se podrán financiar mediante recurso a los préstamos del Fondo de Recuperación-Next Generation.

Sistema de apoyo a la recualificación

Por otra parte, también se acordará un sistema de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores
en transición, para hacer frente a los posibles ajustes permanentes de plantillas ante innovaciones derivadas de los cambios tecnológicos o de la demanda.

Este mecanismo dispondrá de una financiación mixta. Las empresas o sectores afectados pagarán una parte del sueldo y el gasto en formación y recualificación de los trabajadores, completando el resto el Estado mediante el recurso a los créditos del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y las transferencias para financiar las Políticas Activas de Empleo.