Bruselas exigirá más inversiones en transporte y energía para recibir los créditos del Plan de Recuperación

El Gobierno se encuentra en un proceso de consultas con grupos políticos y agentes sociales para preparar la adenda al Plan de Recuperación. Estas conversaciones son bienvenidas por la Comisión Europea, que considera que cuanta más participación haya en la elaboración del Plan, mejor resultado tendrá.

La energía ha pasado a ocupar un papel clave en la Unión Europea, a causa de la invasión rusa de Ucrania y de los altos precios del gas. Por ello, Bruselas exigirá a España que la adenda al Plan incluya más inversiones en transporte, energía, infraestructuras y economía circular, según apuntan fuentes de la Comisión.

Todavía no hay fecha para que el Ministerio de Asuntos Económicos remita el Plan a la Comisión, el plazo es hasta finales de este año, pero en el documento, el Gobierno deberá detallar qué parte de los créditos pertenecientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) va a pedir a Bruselas y en qué los va a gastar.

España recibirá un total de 69.528 millones de euros en transferencias no reembolsables y podría acceder a más de 70.000 millones de euros en préstamos del MRR, que potencialmente pueden movilizarse hasta 2026. Todo ello, sin olvidar los más de 12.400 millones de euros de REACT-EU, el plan específico para hacer frente a la crisis energética.

Reforma de pensiones y fiscal

Para recibir los recursos correspondientes al Plan, el Gobierno debe cumplir con una serie de hitos y reformas. Entre ellas, la reforma de las pensiones, que Bruselas vigilará con lupa que logre dos objetivos: pensiones dignas y la sostenibilidad del sistema.

Esto último es lo más relevante, puesto que el propio ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha reconocido que Bruselas ha pedido un cambio técnico en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Sin embargo, fuentes comunitarias apuntan que es pronto para evaluar la reforma y que esperarán a tener la reforma completa, el próximo año.

La Comisión da manga ancha al Gobierno sobre cómo lograr esa sostenibilidad y comentan que el mercado laboral, pero también aspectos como la productividad o los incentivos para alargar las vidas laborales influirán en que la reforma cumpla con este objetivo. No hay fórmulas mágicas, señalan las mismas voces.

Con todo, las mismas fuentes indican que perciben el compromiso del Ejecutivo en cumplir con la reforma comprometida. En los mismos términos se pronuncian en el caso de la reforma fiscal, planeada para 2023, pero congelada de momento hasta que la situación internacional lo permita, tal como aseguró la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

En cualquier caso, la Comisión cree que Montero llegará a tiempo porque no hacerlo supondría poner en peligro la llegada de los fondos europeos comprometidos. Además, fuentes de la institución apuntan a la necesidad de reforzar la política fiscal en un momento en el que los ingresos son clave para hacer frente a la crisis derivada de la guerra.

Cabe recordar que en esa reforma fiscal, los expertos que han elaborado el libro blanco para llevarla a cabo recomiendan al Ejecutivo una armonización fiscal que establezca un tipo mínimo para el impuesto sobre el Patrimonio, así como para el de Sucesiones y Donaciones. Esto supondría un choque directo a la política fiscal de Andalucía, Murcia o la Comunidad de Madrid, que han anunciado rebajas fiscales.

Responsabilidad fiscal

En la adenda al Plan, Bruselas también espera encontrar el camino hacia la disciplina fiscal tras la crisis del coronavirus. Bruselas acordó mantener suspendidas las normas de deuda y déficit, pero eso no exonera al Gobierno de su deber de lograr reducir estas dos variables.

También para esto, fuentes comunitarias recuerdan la necesidad de disponer de más recursos públicos, algo que garantizan los impuestos. La Comisión Europea recuerda que el margen temporal para transformar la economía con los fondos asignados al Plan de Recuperación termina en 2026.