Bruselas evalúa el nuevo plan de proveedores bajo riesgo de sanción a España por morosidad pública

Bruselas ha puesto la lupa sobre el nuevo plan de proveedores aprobado por el Gobierno y el resto de medidas trasladadas por el Ejecutivo para decidir si cierra o continúa con el expediente abierto contra España en 2015 que desencadenó en dictamen motivado el verano pasado como último aviso para que aborde la morosidad en las administraciones públicas bajo riesgo de infracción.

Fuentes comunitarias confirman a Economía Digital que, después de que en junio de 2021, la Comisión remitiese una opinión razonada a España debido a los» retrasos excesivos en los pagos de las autoridades públicas» España respondió a los argumentos de la Comisión y la Comisión está ahora mismo analizando dichas respuestas.

Desde el Ministerio de Hacienda confirmaron a Economía Digital que el Gobierno había solicitado en el último trimestre del ao una prórroga para contestar y la Comisión la ha aceptado. «Se trata de un procedimiento habitual dentro de la interlocución con Bruselas», destacan.

El Gobierno envió un primer informe a Bruselas a mediados de agosto con datos sobre la reducción de los plazos de pago a proveedores en el Estado y las comunidades autónomas, y a posteriori ha ido remitiendo más información relativa a las medidas que ha ido adoptando para tratar de reducir la morosidad pública.

Nuevo plan de proveedores y Ley Crea y Crece

Entre las medidas que está analizando Bruselas en la actualidad se encuentra el nuevo plan de pago a proveedores puesto en marcha a mediados de enero por el Ministerio de Hacienda. Se trata de un mecanismo extraordinario para pagar de forma más ágil a los proveedores de las entidades locales en 2022 y cancelar las obligaciones pendientes de pago más antiguas de aquellas entidades que tengan un plazo de pago a proveedores superior a los 30 días, el máximo establecido por ley.

Este instrumento de financiación viene regulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, dotado con 2.000 millones de euros, permitirá a 1.640 entidades locales cancelar obligaciones de pago de más de 30 días anteriores al 1 de julio de 2021 mediante financiación que obligará a los ayuntamientos a endeudarse y acometer un plan de ajuste.

Desde el área de Mercado Interior de la Comisión Europea altos cargos han ido solicitando información adicional también a distintos organismos tras un primer informe insuficiente remitido por España a mediados de agosto con medidas correctoras para esquivar el proceso sancionador. Fuentes conocedoras del proceso señalan que Bruselas no ve suficiente las medidas de la nueva ley ‘Crea y Crece’ que impulsa el Gobierno.

Para combatir el incumplimiento generalizado del periodo máximo de pago entre empresas (60 días) el anteporyecto de la ley ‘Crea y Crece’ del Gobierno recoge incentivos para la reducción de los períodos medios de pago, tanto a través de su valoración en el acceso a las subvenciones públicas, como mediante el refuerzo de la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas.

De esta forma, el Gobierno impedirá ser beneficiarias de subvenciones públicas o convertirse en entidades colaboradoras a aquellas empresas que incumplan con los 60 días de plazo fijados en la normativa de pagos y modificará la ley de contratación pública para que el pago en tiempo al subcontratista sea tenido en cuenta a la hora de adjudicar los contratos.

El procedimiento abierto: riesgo de multa

El procedimiento inicial de infracción abierto a España en 2015 ha seguido todos los pasos, después de que Bruselas enviase una emplazamiento solicitando más información a España, que dispuso de de dos meses para remitir una respuesta detallada, pero tras concluir que no cumplía sus obligaciones con arreglo a la legislación de la UE, remitió un dictamen motivado en junio del año pasado.

El dictamen motivado es una petición formal para que se dé cumplimiento a dicha legislación, en el que explica por qué considera que se está infringiendo el Derecho de la Unión. La Comisión instó entonces a España a detallar en menos de dos meses las medidas adoptadas. En esta fase se encuentra el proceso, una vez que España ha remitido la información y Bruselas se encuentra analizando todas las medidas.

Fuentes gubernamentales aseguran a Economía Digital que ya se cumplen con los plazos y las medidas adoptadas esquivarán la sanción. En cualquier caso, en caso de mantenerse el incumplimiento, la Comisión puede optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia. Sin embargo, la mayoría de los asuntos se resuelven antes de llegar a este extremo.

Cuando un Estado miembro no comunica a tiempo las medidas por las que incorpora las disposiciones de una directiva, la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia que imponga sanciones. Y es que si a pesar de la sentencia del TJUE siguiese sin corregir la situación, la Comisión devolvería al asunto al Tribunal por segunda vez proponiendo que imponga sanciones económicas (suma a tanto alzado y/o en multas diarias).

Los ayuntamientos pagan a los 63,5 días

Lo cierto es que el periodo medio de pago a proveedores ha ido disminuyendo en general en los últimos años. Los últimos datos referido al mes de noviembre muestran que el periodo del Estado bajó a 28,73 días, 7,19 días menos, al tiempo que el de las CCAA alcanzó los 26,6 días, con lo que las comunidades llevan ya un año completo con plazos de pago por debajo de los 30 días, que es el plazo máximo establecido en la normativa. Sin embargo, el plazo medio de pago a los proveedores de las entidades locales en cambio sigue disparado al situarse en 63,49 días, pese a bajar 2,61 días, mientras que el de los Fondos de la Seguridad Social es el menor, de 8,53 días.

Recientemente la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) presentó su informe sobre morosidad, en el que detectó un significativo descenso de plazos medios el año pasado, al disminuir en el sector público un 21%, pasando de 77 a 61 días. En el caso del sector privado el descenso fue del 6%, hasta los 72 días, si bien el 66% de los contratos son ilegales ya que los plazos superan el límite legal de 60 días.

El presidente de la PMcM, Antoni advirtió de que a pesar de la reducción de los plazos, están lejos de los límites fijados por la Ley, de 30 días para las administraciones públicas y de 60 días para las empresas, y achacó la mejora a los créditos con avales ICO, los fondos del iquidez extra para CCAA y la normativa que premiaba a las empresa que saldaban sus deudas con proveedores, por lo que pidió celeridad en la adopción de medidas contra la morosidad ante el fin de la carencia de los créditos ICO.

«Cuando esto ocurra vamos a asistir a una rotura de la cadena de pagos importante; hay medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos», avisó Antoni Cañete, denunció el «bloqueo del Gobierno» del régimen sancionador contra la morosidad de las empresas impulsado en el Congreso en septiembre de 2020 y que acumula 49 prórrogas de enmiendas. Actualmente los únicos sectores que disponen de un régimen sancionador son los de la cadena alimentaria y el sector del transporte. En su momento la vicepresidenta Nadia Calviño dijo que veía innecesaria la aplicación de dicho régimen.