Bruselas descarta sanciones a España si CEOE se queda fuera de la reforma laboral y pensiones

El descuelgue de las patronales CEOE y Cepyme al mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que contempla una subida de cotizaciones entre 2023 y 2032 consensuada de forma bipartita por el Gobierno con los sindicatos, hizo saltar las alarmas sobre una posible sanción a España por no cerrar al completo la reforma con todo el diálogo social.

Sin embargo, fuentes oficiales de Bruselas confirman a Economía Digital que la Comisión Europea «está satisfecha con el enfoque de España de involucrar a los agentes sociales y buscar el más amplio consenso en el paquete de reformas incluidas en su Plan nacional de Recuperación y Resiliencia». Se descartan así las sanciones en caso de que CEOE se quede fuera de las reformas.

Asimismo, fuentes de Moncloa remarcan que lo acordado con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación es que en las reformas de pensiones y del mercado laboral «habría margen para negociar con los agentes sociales«, pero en ningún caso que éstas tuviesen que ser consensuadas de forma obligatoria para poder cumplir los hitos y objetivos y recibir los fondos europeos.

«Ningún documento de la Comisión Europea plantea sanciones por ello», remarcan desde el Ejecutivo, que recuerdan, en cualquier caso, que CEOE sí se sumó al pacto del grueso de los aspectos de la primera parte de la reforma de pensiones el pasado mes de julio, al margen de que ahora el punto relativo al mecanismo de equidad intergeneracional se haya. acordado solo con los sindicatos.

«No hay ningún condicionamiento a que haya consenso y menos penalizaciones», apostillan las mismas fuentes. Desde el Ministerio de la Seguridad Socia llegan a calificar de «absurdo» la polémica sobre las posibles sanciones teniendo en cuenta que el MEI es un «pequeño elemento» que desarrolla sólo un elemento del acuerdo de julio al que sí se sumó CEOE.

Las fuentes comunitarias señalan que Bruselas no puede proporcionar un comentario “continuo” sobre las reformas e inversiones específicas y aclaran que establecerán su evaluación oficial del logro de hitos y objetivos cuando evalúe lo propio, después de que España haya solicitado ya el primer desembolso de 10.000 millones de euros tras el primer anticipo de 9.036 millones en agosto. 

Ve «crucial» el consenso en las reformas

Bruselas descarta así apercibir a España en el caso de que el Gobierno cierre las reformas de pensiones o laboral, actualmente en negociación en ambos casos, solo con la firma de sindicatos pero sin la rúbrica de los empresarios, aunque hace un llamamiento al consenso.

«Esto (el consenso) es crucial para que las reformas se implementen de manera efectiva e impulsar una recuperación socioeconómica inclusiva», destacan las mismas fuentes del Ejecutivo comunitario, que insta a España a seguir trabajando las reformas en el marco del diálogo social.

Lo cierto es que en el Plan de Recuperación el Gobierno fija, en lo referido al plan de pensiones, que «apoyándose en el amplio consenso parlamentario sustanciado en la aprobación de las recomendaciones del marco del Pacto de Toledo, se propone la puesta en marcha de un paquete de medidas complementarias entre sí que serán elevadas al diálogo social”, enfatizando que “la experiencia internacional muestra como las reformas duraderas y efectivas en el ámbito de las pensiones han de surgir del más amplio consenso”.

Con todo, desde la Comisión apuntan que cada país de la Unión debe determinar las medidas de inversión y reformas que se incluyen en sus planes de recuperación y resiliencia y avisan de que el papel de la Comisión es el de evaluar si esas medidas son compatibles con los criterios establecidos en la normativa sobre el instrumento de Recuperación y Resiliencia, incluyendo si tienen en cuenta las recomendaciones específicas que se hacen dentro del Semestre Europeo.

El Gobierno vende a Bruselas «diálogo social»

Lo cierto es que desde el Gobierno se afanan en cada una de sus intervenciones por apelar al consenso también con la CEOE y por insistir una y otra vez en la «enorme responsabilidad» y la importancia del diíalogo social tras 12 acuerdos firmados en el último año y medio.

Durante la visita del comisario europeo, Paolo Gentiloni, el pasado mes de octubre a España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, trataron de trasladar una imagen de coordinación y unidad en el seno del Gobierno, en medio de la crisis interna tras la denuncia de Unidas Podemos de «injerencias» de Calviño en las negociaciones.

Aquella trifulca se resolvió con sendos acuerdo para mejorar la coordinación, incluyendo a varios ministerios en las negociaciones y reiterando el compromiso de derogar la reforma laboral de 2012 (al menos, los aspectos «más lesivos»).

Sánchez y Calviño aseguraron ante Gentiloni que hay una pretensión gubernamental de alcanzar una normativa con «vocación de aplicación efectiva y de permanencia», por lo que abogaron por el «diálogo social» para «recuperar los consensos perdidos en la última década».

De hecho, la semana pasada Calviño arengó a Foment del Treball para que CEOE se sume a la reforma laboral tras su descuelgue del mecanismo de equidad intergeneracional en la reforma de las pensiones, y aseguró ser una «gran defensora» del diálogo social. De cualquier forma, fuentes de Moncloa admiten que se baraja la hipótesis de que la patronal no se sume y se tenga que cerrar el acuerdo únicamente con los sindicatos.

Por su parte, Gentolini y fuentes de Bruselas descartan pronunciarse sobre las desavenencias internas de los Ejecutivos comunitarios, pero enfatizan que las recomendaciones de la CE sobre el mercado laboral incluyen la necesidad de abordar la segmentación del mercado laboral, el alto número de empleos precarios y modernizar el sistema de negociación colectiva desde un “equilibrio” entre seguridad y flexibilidad.

Pensiones: descuelgue de CEOE por subir cotizaciones y ampliación del cómputo

En lo relativo a la reforma de pensiones, el Gobierno acordó el pasado mes de julio el anteproyecto de ley para la revalorización de las pensiones, que recoge su indexación con arreglo al IPC, así como medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema, como incentivos a retrasar la jubilación, penalizaciones a la jubilación anticipada o el traspaso de 18.000 millones de ‘gastos impropios’ en la Seguridad Social con una transferencia del Estado al sistema.

Entre los flecos que quedaron pendientes se encontraba el denominado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que sustituye al polémico factor de sostenibilidad de la reforma de pensiones de 2013 del Gobierno, derogado con la nueva ley y que ajustaba las pensiones conforme a la esperanza de vida.

El MEI supone una subida de cotizaciones a la Seguridad Social de 0,6 puntos porcentuales entre 2023 y 2032, en un 83% a asumir por las empresas (0,5 puntos) frente a la menor carga en la cuota de los trabajadores (0,1 puntos), con el fin de hacer frente a la presión del gasto en pensiones de la generación de los ‘baby boomers’, unos 14 millones de personas nacidos entre 1958 y 1977

Sin embargo, el Comité Ejecutivo de CEOE rechazó la propuesta del MEI del Gobierno por ser “insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad”.

CEOE y Cepyme alertaron en un comunicado conjunto que aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene “efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones”. Los expertos estiman que la medida de subir cotizaciones aportará entre 20.000 y 30 millones para 2032, mientras qeu Escrivá lo cifra en 42.000 millones.

Otra de las polémicas referidas a la reforma de pensiones, en este caso sobre la segunda parte que se abordará en 2022, es la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. El Ejecutivo se comprometió en el acuerdo operacional a aprobar antes del 30 de junio de 2022 el anteproyecto de ley que elevará los años de cotización para calcular la pensión y que la norma esté en vigor antes de que finalice el próximo año.

Escrivá sostiene que una posibilidad es permitir que los trabajadores puedan elegir los años que más le convengan, mientras que los sindicatos ya han mostrado su oposición a «cualquier medida que recorte pensiones».

Reforma laboral: Cuenta atrás con posturas aún alejadas

Con todo, la primera parte de la reforma de pensiones avanza en su tramitación en el Congreso y podría quedar definitivamente aprobada la próxima semana, tras incorporarse enmiendas transaccionales con ERC y Bildu para ligar las pensiones mínimas al Salario Mínimo y fijar un complemento salarial de entre 5 y 82 euros para los prejubilados con carreras de cotización de más de 40 años, a cambio de respaldar la subida de cotizaciones.

Pero antes de que concluya el año el diálogo social tiene la difícil tarea de terminar de cerrar la reforma para la modernización del mercado de trabajo, la reforma laboral y principal medida de la legislatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tras ocho meses de negociaciones deberá cerrarse sí o sí para su aprobación antes de que concluya el año, tal y como está comprometido por España en el marco del Plan de Recuperación.

Las negociaciones se suceden y CEOE mantiene su ‘no’ ante las propuestas del Gobierno, sobre todo en lo relativo a la temporalidad. El último borrador plantea limitar la temporalidad en plantillas al 4% en pymes y al 8% en la gran empresa, así como fijar un plazo máximo de 3 meses en los contratos temporales y tener que transformarlos en fijos a los 5 meses.

También baraja un recargo de hasta 28 euros en las cotizaciones a las empresas que den de baja a contratos temporales, para evitar esa práctica en fines de semana y Navidades, algo a lo que se oponen también en CEOE por tratarse de un recurso «necesarios», por ejemplo para los camareros extra en determinados eventos.

Más allá de lo que se negocie en la mesa de diálogo social, en el componente 23 referido a la reforma laboral se plantea reducir a tres los tipos de contratos laborales; uno “estable” para el conjunto de las actividades, otro “temporal” para las que tengan esa naturaleza y un tercero “de formación o prácticas” para la inserción, en particular, en el mercado laboral.

Se plantea la generalización del contrato estable y la causalidad y simplificación del temporal, con el fin de “promover la estabilidad en el empleo, asegurando que los contratos temporales responden a la naturaleza del trabajo y con un marco adecuado para la formación”.

Junto a ello, se prevé la creación de un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, tanto de carácter transitorio ante caídas de demanda significativas, como estructural ante procesos de reconversión sectorial que exijan la adaptación de los trabajadores o la transición hacia otro tipo de trabajos o sectores.

A este respecto, el Gobierno señala en el documento que sobre la base de la experiencia del mecanismo de ERTE, se dispondrá de un instrumento permanente de ajuste interno en las empresas, lo que ha dado como fruto el mecanismo RED, rechazado por ahora tanto por pa tronal como por con sindicatos.

El paquete de reforma comprometido con Bruselas también prevé la modernización de las políticas activas de empleo, así como la simplificación y racionalización de los incentivos a la contratación, de acuerdo con el análisis (spending review) de la autoridad fiscal independiente (AIReF), además de evisar la regulación de las subcontratas y lograr una adecuada articulación de las condiciones aplicables al trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia (autónomos).