Bruselas da un ultimátum a España para que reduzca la morosidad del sector público

La Comisión Europea ha dado un tirón de orejas a España por no pagar a tiempo a las empresas que contratan sus servicios con la administración. Bruselas ha dado un plazo de apenas dos meses al país para que ponga al día sus deudas y reduzca los altos niveles de morosidad que acumula el sector público o iniciará un proceso de sanción.

La directiva europea sobre morosidad establece que las instituciones públicas deben abonar sus facturas a las empresas que hayan sido seleccionadas para realizar algún servicio en un plazo máximo de 30 días. Mientras que en las contrataciones de los hospitales la horquilla se puede elevar hasta los 60.

El Ejecutivo comunitario ha dado un último aviso a España para que subsane el problema y se ciña al tiempo establecido. Este dictamen motivado es el último paso antes de que se active un procedimiento de infracción por el que ya han pasado anteriormente otros países como Italia. El siguiente nivel implicaría una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Bruselas ha advertido sobre las consecuencias que tiene la morosidad del sector público para el tejido empresarial español que tiene que esperar largos plazos de tiempo antes de poder cobrar por sus trabajos.

«Reduce su liquidez, les impiden crecer y dificulta su resiliencia y su capacidad para ser más ecológicas y digitales», ha lamentado en un comunicado.

La Comisión Europea ha sido especialmente crítica con la situación en un contexto marcado por la crisis económica del coronavirus, que ya ha supuesto un duro impacto en los ingresos de las compañías a lo largo del 2020.

«Incluso más que antes, las empresas y las pymes dependen de pagos periódicos para funcionar y mantener el empleo», han agregado.

Bruselas señala a las comunidades autónomas y los ayuntamientos

La Comisión Europea ya advirtió a España sobre los retrasos reiterados en el pago de las facturas en el año 2015 debido a las deudas que iba acumulando la administración pública. Desde entonces ha visto una mejoría en la reducción del tiempo de demora de los pagos por parte de las instituciones centrales.

Sin embargo, no ve que ese avance se haya trasladado también a los retrasos que acumulan tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos en sus pagos a las empresas.  «Su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse a las obligaciones de la directiva», han advertido.

La situación afecta especialmente a las pequeñas empresas y a los trabajadores autónomos que tiene menor capacidad de actuación cuando flaquea la liquidez.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ya advirtió a finales de 2020 de que la morosidad se había disparado a consecuencia de la pandemia. Jaén alcanzó entonces el récord nacional con una media de retrasos de 693 días. Son casi dos años de demora.