BPA investigó todas las operaciones de más de 25.000 euros

Banca Privada de Andorra (BPA) ha detallado al Tesoro estadounidense las medidas que el banco aplicaba motu propio con el objetivo de detectar y purgar el lavado de capitales de sus clientes. Según la respuesta oficial que los accionistas del grupo han enviado a las autoridades financieras estadounidenses, cualquier ingreso de más de 25.000 euros era automáticamente investigado. Tampoco escapaban al escrutinio de los técnicos del banco la compra o venta de activos mobiliarios, como emisiones de deuda y otros productos subordinados. 

Según el documento al que ha tenido acceso Economía Digital, éstas y otras medidas se activaron en 2008, siendo BPA la primera entidad andorrana en establecer cauciones homologables a las prácticas del sistema financiero europeo.

La siguiente vuelta de tuerca se produjo en 2012, cuando el banco optó por denunciar voluntariamente a los «clientes de riesgo» que no habían respondido satisfactoriamente los requerimientos del departamento de BPA encargado de validar las operaciones. El banco recuerda que Deloitte y KPMG acreditaron los controles sin salvedades reseñables.

Dura respuesta a EEUU

Ramon e Higini Cierco, accionistas mayoritarios con el 80% de las acciones del grupo, suben con esta declaración la intensidad de su defensa contra las acusaciones de blanqueo vertidas desde EEUU y avaladas, con su comportamiento, por el Gobierno andorrano.

Este miércoles han registrado la respuesta oficial al Fincen, el organismo del Tesoro estadounidense que se les echó encima, en la que aseguran que si los inspectores hubieran «entablado un diálogo confidencial con el banco habrían podido concluir que presentar este escrito [en referencia a la denuncia de marzo] era precipitado y desproporcionado».

El ataque de la familia propietaria a la línea de flotación de la investigación confirma que el banco no fue consultado durante los dos años que EEUU y Andorra han intercambiado información sobre clientes de BPA. Incluso, recuerdan, se emitieron varias rogatorias después de que Andorra bloqueara hasta 140 millones en varias cuentas.

Los Cierco ponen en evidencia, de este modo, que Fincen no consultó ni siquiera a las autoridades judiciales de su país antes de dictar la advertencia internacional de blanqueo, un trámite que «supone la sentencia de muerte» para cualquier banco que la recibe, dice el abogado del clan, Eric Lewis.

Según ha podido saber este diario, el Tesoro estadounidense anotó como posibles activos dudosos varios saldos cuyo origen ilegal fue descartado por el juez que respondió a una de las rogatorias tramitadas por la justicia andorrana. La propia BPA dio la alerta sobre las operaciones investigadas.

Admitida la denuncia contra el regulador andorrano

En sí misma, la respuesta de los Cierco recopila elementos que dan más solidez a la certeza de que ambos países estaban al día de la operativa de «la mayoría de los clientes» de BPA. La información completa, que debería recoger el expediente sancionador, podría conocerse durante las próximas semanas.

Una magistrada de primera instancia del Principado ha admitido este miércoles a trámite la denuncia contra el regulador local, el INAF. Los accionistas consideran que el organismo, dependiente del Ministerio andorrano de Finanzas, vulnera el «derecho a la defensa» al ocultar los datos.

Este viernes termina el plazo de 60 días en el que se debía registrar el banco en busca de las pruebas que EEUU reclamaba en su advertencia de blanqueo. Un centenar de técnicos subcontratados a PwC escudriñan desde marzo operaciones y archivos físicos; también recogen testimonios que permitan localizar los activos dudosos acumulados, supuestamente, por la mafia china, rusa y los funcionarios corruptos de Venezuela.

A menos de 24 horas para detener el reloj, no han aparecido datos adicionales a los ya comunicados por BPA a las autoridades andorranas mediante las denuncias voluntarias.