CEOE y sindicatos se unen contra la propuesta de ERTE del Gobierno

Los agentes sociales (patronal y sindicatos) se han alineado en su rechazo a la propuesta del Gobierno para la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero, al oponerse a que se vinculen ya a la formación de los trabajadores bajo el mecanismo y detectar «trabas» en las solicitudes de los mismos.

Así lo señalan fuentes de CEOE y los sindicatos (CCOO y UGT) a Economía Digital, que confirman que rechazarán la propuesta del Ejecutivo y le reclamarán en la reunión de este jueves flexibilidad en el mecanismo y reconsiderar sus propuestas de condicionar los ERTE a la formación, así como los múltiples cambios en la solicitudes y el hecho de que si hay silencio administrativo se entienda como desestimada la solicitud de prórroga.

En la patronal el rechazo a la propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sido unánime en la reunión del comité ejecutivo celebrado el miércoles, según señalan fuentes de la patronal, al considerar que «todo es una traba» y exigir la elaboración de una nueva propuesta.

No a ligar ya los ERTE a la formación

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró este miércoles en contra de la medida al afirmar que la negociación para prorrogar los ERTE asociados a la pandemia está «lejos el acuerdo», aunque subrayó la «obligación» de alcanzar un acuerdo para los alrededor de 260.000 trabajadores que permanecen acogidos a un ERTE.

En los sindicatos no ven con buenos ojos que el Gobierno quiera vincular ya la permanencia de los ERTE con acciones formativas para los trabajadores suspendidos de empleo, pues consideran que no es el momento idóneo de plantear algo así en una renovación de los ERTE de cuatro meses. En su lugar, creen que debería introducirse en el mecanismo estructural que sustituirá a los ERTE de la pandemia, englobado en el paquete de la reforma laboral y previsto ya para 2022.

Sordo llegó a plantear incluso «ciertas dudas de que la propia administración esté en disposición de garantizar planes de formación coherentes para el cuarto millón de personas que permanecen en ERTE, y aunque dijo ver la idea buena estratégicamente para ERTE estructurales, cree que adelantarla puede llegar a «generar frustración y problemas en el mantenimiento de los ERTE hasta final de pandemi».

Conforme a la propuesta del Gobierno, se vincula el mantenimiento de las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social a que la empresa acometa acciones formativas destinadas a las personas trabajadoras afectadas por los ERTEs. Estas acciones formativas deberán ejecutarse entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022, que deberán ser evaluadas por la autoridad laboral, que es autonómica. Esta modificación ha generado dudas también entre los agentes sociales sobre su aplicación , ejecución y financiación, según señalan desde UGT.

Los empresarios, preocupados por el coste

Los empresarios ven un “problema” que se plantee un plan formativo ligado a los ERTE, ya que los ERTE tienen que asegurar la permanencia del empleo de los trabajadores en empresas que siguen teniendo limitada su actividad o aforo y consideran que las cotizaciones se tienen que mantener por no poder desarrollar aún su actividad con plena normalidad. 

En el colectivo de autónomos el presidente de ATA, Lorenzo Amor, también rechaza la propuesta al advertir de que la vinculación de la concesión de un ERTE a la formación para autónomos con dos trabajadores puede suponer un problema para sufragarlo e implementarlo, y considera que deberían ser los servicios públicos de desempleo los que tengan que encargarse de ofertar este tipo de cursos a los trabajadores en ERTE y no los autónomos o las empresas. 

No obstante, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que Gobierno prevé sufragar con fondos públicos «el grueso» de las acciones formativas propuestas en la extensión de los ERTE, algo que ve relevante para ensayar este modelo formativo de cara al futuro mecanismo estructural.

Silencio administrativo

Otro de los principales puntos de la prórroga que causa más polémica es el del fin de la prórroga automática. Y es que prorrogarán los ERTE con carácter general todas las situaciones de ERTEs regulados en los reales decretos anteriores , si bien no se producirá automáticamente, sino que las empresas deberán solicitarlo expresamente antes del próximo 10 de octubre, incluida la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores .

La administración tiene que resolver en el plazo de 10 días, y en caso de no resolución se entenderá desestimada la solicitud de prórroga, de forma que se recoge el conocido como principio de silencio administrativo por el que se considera que si la Administración rechaza el ERTE solicitado si no da una respuesta.

Desde CEOE critican el silencio administrativo al rechazar que un empresario tenga que depender de la burocracia administrativa y que ésta pueda llegar a entorpecer el cobro de la prestación al trabajador y las exoneraciones a las empresas. Los empresarios ven una “traba” que el Gobierno elimine la prórroga automática y obligue a solicitar de nuevo la extensión de los ERTE. 

Fuentes de UGT señalan que este punte, el del silencio negativo , ha generado “mucha polémica” y genera confusión con la prórroga automática que deberá producirse en el momento de la solicitud .

Se mantiene el veto a los despidos

Otro de los principales escollos con la patronal, al igual que en todas las anteriores prórrogas de los ERTE, es el referido a la prohibición a las empresas que se acojan a un ERTE de despedir e interrumpir contratos temporales durante los seis meses posteriores a la finalización del ERTE.

Tal y como adelantaron fuentes del diálogo social a Economía Digital, el Gobierno mantiene en la nueva prórroga la actual prohibición de despedir durante seis meses para las empresas en procesos de ERTE. En la práctica se contemplan algunos supuestos para dar por finalizada las relaciones laborales y no se prohíbe despedir a empleados, pero en el caso de ser así no se convierte el despido en improcedente o nulo, sino que sería decisión de los jueces y la empresa estaría obligada a devolver las exoneraciones como penalización.

En anteriores negociaciones para extender este mecanismo desde la patronal ya intentaron sin éxito eliminar el requisito de la prohibición de despido para incluir a trabajadores en ERTE, pero tanto el Ejecutivo como los sindicatos rechazan de pleno esa petición.

Exoneraciones

En líneas generales CEOE y los sindicatos reclaman que se prorroguen los ERTE manteniendo el esquema actual hasta el 31 de enero. En cuanto a las exoneraciones, con la propuesta de Trabajo se unifican manteniendo el 100% para los ERTEs de impedimento y del 50% para empresas de menos de 50 trabajadores en ERTEs de limitación y 40% las empresas mayores.

Por lo tanto, se mantienen las exoneraciones en los ERTE por impedimento, pero disminuyen en el caso de los ERTE por limitación, ya que actualmente las exoneraciones eran del 75% para las empresas de menos de 50 trabajadores y del 65% para las de menos de medio centenar.

En todo caso, se prorrogan todas las situaciones recogidas en los CNAEs del Real decreto anterior y las situaciones de fijos discontinuos, de forma que se les cubrirá el desempleo durante estos meses para que el año que viene puedan seguir trabajando de fijos discontinuo

Por parte de UGT se ha reiterado la necesidad de actualizar el contador a cero de las prestaciones por desempleo de las personas afectadas por los ERTEs. Fuentes de Economía Digital confirman que se mantendrá la prohibición por despido en los ERTE durante los seis meses siguientes a su finalización.

Discrepancias sobre las ayudas para La Palma

Por otra parte, el Gobierno ya ha confirmado que está trabajando en un mecanismo de protección laboral específico para los trabajadores afectados por la erupción del volcán de La Palma. CEOE, ATA y los sindicatos han reclamado ayudas “extraordinarias y urgentes” para los trabajadores y autónomos de la isla.

UGT reclamó que estos ERTE deben incluir un paquete de medidas urgentes para los autónomos, los pequeños agricultores de la zona y las empresas afectadas por la erupción volcánica en La Palma, introduciendo los casos de erupción de volcanes en los ERTE por fuerza mayor, además de solicitar la declaración de la zona como catastrófica y la aplicación de ayudas directas e indirectas, también en el campo de la Seguridad Social, a todo el tejido productivo de la isla.

Ante la intención del Gobierno de desarrollar unos ERTE específicos que el Gobierno está estudiando para los afectados por la erupción del volcán en la Palma, Sordo (CCOO) considera que «no habría que mezclar», porque los ERTE de fuerza mayor ya existen en España y «los ERTE de pandemia son para una situación muy concreta».

«Por supuesto que la Palma se merece una salida a esta situación que provoca el volcán. Ya ha habido salidas ‘ad hoc’ tanto en Baleares como en Canarias con el tratamiento de los ERTE que hemos hecho de los fijos-discontinuos y estamos planteando soluciones para esta situación de emergencia, pero yo no mezclaría todo, que si no se convierte en un totum revolutum, que no sé muy bien que tienen que ver unas cosas con otras», defendió.