Bildu quiere impuestos a grandes rentas y eléctricas tras salvar el plan anticrisis de Sánchez

Salvavidas pero con condiciones a posteriori. Eh Bildu trabaja ya en las peticiones que realizará al Gobierno de Pedro Sánchez tras haberle ayudado a salvar la convalidación del decreto de su plan anticrisis contra la guerra, toda vez que el Ejecutivo desechó finalmente el jueves la opción de acordar con el PP para convalidar su decreto del plan anticrisis por la guerra y en su lugar recurrió una vez más a los votos de la formación independentista vasca.

Bildu acabó aceptando ceder sus cinco votos claves para posibilitar la aprobación del plan de choque después de la reforma del reglamento por parte del Gobierno para su entrada y la de ERC y CUP en la comisión de secretos oficiales, desmarcándose a sí de estas dos otras formaciones, que votaron en contra por el caso de espionaje ‘Pegasus’ a más de 60 independentistas.

El decreto salió adelante con 176 ‘síes’, además del PSOE (120) y Unidas Podemos (33), el PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Más País (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), Partido Regionalista de Cantabria (1), BNG (1), Teruel Existe (1) y la ex diputada morada Meri Pita, frente a los 172 ‘noes’ del PP, Vox, Cs, ERC, Junts, CUP, UPN, Foro Asturias y la abstención de Coalición Canarias, con un voto casi total favorable a la tramitacón como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Esto significa que los grupos podrán introducir modificaciones a la norma vía enmiendas. Así las cosas, una vez dado el respaldo, Moncloa asume que los apoyos no serán gratuitos y, de hecho, la formación vasca va a trabajar desde ya en un documento para recoger sus peticiones, si bien fuentes del partido avanzan ya a Economía Digital que van a mantener su petición de fijar impuestos a grandes rentas y eléctricas.

Aunque todavía no hay nada decidido, desde Eh Bildu, que subrayan que su apoyo al decreto se ha dado «por la gene y no por el Gobierno», señalan su rechazo a las rebajas generalizadas de impuestos como planteaba el PP. De hecho, desvelan que este fue uno de los requisitos exigidos a Moncloa para dar su voto a favor.

Sus peticiones versarán en torno a las trasladadas ya de manera conjunto con ERC a finales de marzo, cuando propusieron poner fin a los beneficios caídos del cielo, establecer un impuesto especial a las energéticas del 12% sobre los beneficios declarados, un impuesto a los bancos que no hayan devuelto el rescate bancario concedido y un impuesto a las grandes fortunas que grave los patrimonios superiores a 1 millón de euros.

Medidas de protección social: Moncloa aceptará iniciativas «quirúrgicas»

También volverá a reclamar Bildu más protección social y reforzar la protección laboral frente a posibles despidos. Ya solicitó la prohibición de los despidos por causa directa o indirecta relacionadas con la crisis económica, la pandemia o la guerra en Ucrania, y mantendrá su petición de una moratoria en el pago de los alquileres y la congelación de precios, no limitar su aumento al 2% como ha anunciado hoy Sánchez.

Para la formación independentista vasca también es necesario impedir la devaluación de salarios y actualizar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acorde al aumento del IPC del primer semestre con carácter retroactivo, así como incrementar la inspección para impedir la manipulación de precios y reforzar el régimen de protección de pymes y autónomos del transporte y del campo, al estar «obligados a trabajar a pérdidas por grandes compañías que ejercen abuso de posición de dominio».

Con todo, fuentes de Moncloa apuntan a Economía Digital que en principio el Gobierno está dispuestos a estudiar y negociar «medida quirúrgicas», muy focalizadas a sectores concretos afectados por los altos precios energéticos y la inflación, ya que prevén que la inflación se modere en el segundo trimestre gracias al plan de choque aprobado el pasado 30 de marzo y, sobre todo, por el acuerdo político de España y Portugal con Bruselas para topar el precio del gas a 50 euros megavatio. DE hecho, subrayan que el IPC se ha moderado ya del 9,5% de marzo al 8,4% en abril.

En este sentido, rechazan cualquier rebaja masiva de impuestos y apuntan a la posibilidad de ampliar o aprobar nuevas ayudas directas a colectivos afectados, como el de la ganadería o incluso el comercio, en línea con lo que, subrayan, recomiendas organismos como el FMI y la Comisión Europea.

El plan de choque del Gobierno de 16.000 millones (6.000 millones en rebaja de impuestos y ayudas directas y 10.000 millones en avales del ICO) entró en vigor el pasado 30 de marzo e incluye una bonificación de 20 céntimos por litro al combustible a todos los usuarios, la limitación de un 2% en la revalorización de los alquileres desvinculándolo del IPC en el caso de grandes tenedores o ante la falta de acuerdo entre propietarios particulares e inquilinos.

También recoge un alza del 15% del Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo de 1.000 millones de euros en ayudas al sector del transporte, ayudas para el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria electrointensiva y las medidas de extensión de rebajas de impuestos para abaratar el precio de la luz.

Los proyectos de ley: pocos cambios y olvidados en cajón

De cualquier forma, desde Bildu se muestran «realistas» y admiten que buena parte de sus peticiones no verán la luz al tratarse de una tramitación por el proyecto de ley, que en muchas ocasiones queda aparcado en un cajón en el Congreso, teniendo en cuenta que eso sucede en la actualidad com más de 20 proyectos. Aunque tanto desde Bildu, como ERC y la oposición exigirán celeridad al tratarse de un tema «urgente» ante el impacto de la guerra.

El organismo encargado de aprobar las ampliaciones es la Mesa de la Comisión, que le corresponde el proyecto de ley en cuestión y en la que PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, por lo que en la práctica pueden ampliar el plazo tantas veces como deseen, ya que el reglamento no establece ningún límite. Desde el Gobierno aseguran que tienen «voluntad política» de acordar o ampliar medidas si es necesario.