BBVA: subir impuestos lastraría empleo e inversión y debe ser lo último para atajar el déficit

Una subida de impuestos en la coyuntura actual como la planeada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para los próximos meses podría afectar a la actividad, la creación de empleo, la inversión y la productividad, y máxima si se acomete elevando la imposición directa, lo que podría acabar retrasando la recuperación económica

Así lo han señalado los expertos durante la presentación del informe ‘Situación España’ de BBVA Researh, correspondiente al primer trimestre del año y presentado este jueves telemáticamente por el director de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA, Jorge Sicilia; el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, y el economista jefe para España, Miguel Cardoso. 

El servicio de estudios estima que el déficit público bajará al 8,5% del PIB este año, desde el 10,1% del año pasado (10,97% con ayuda financiera), lo que supone una reducción inferior a la prevista por el Ejecutivo, que calcula una tasa de referencia del 7,7% del PIB este año.  La bajada obedece en 2,9 puntos a la mejora cíclica, que compensa el aumento de nueve décimas de PIB (unos 10.000 millones) derivado de las ayudas a empresas y el alza de cuatro décimas (alrededor de 5.000 millones) por la extensión de los ERTE.

En este punto, Doménech se ha pronunciado sobre la anunciada intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de acometer subidas impositivas en Sociedades e impuestos a la riqueza (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones) desde enero, mientras el grupo de expertos elabora las conclusiones finales para la reforma fiscal integral con límite en el 28 de abril. 

Pide una consolidación fiscal «gradual»

El responsable de análisis económico de BBVA Research ha abogado por una consolidación fiscal “gradual y sostenida”, pero ha matizado que “no puede ser demasiado rápida como para poner en riesgo en absoluto la recuperación”.  Al respecto, ha priorizado la implementación de reformas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tendrá que “ayudar” a reducir el déficit, y “no tanto en un aumento de los tipos impositivos, que debe ser el último recurso en una economía que tiene debilidades estructurales». 

En este sentido, ha avisado de los efectos negativos que produciría un aumento de los tipos impositivos en la inversión, la actividad, la creación de empleo y la productividad ante una economía con “debilidades crónicas” respecto a otros países.

En su lugar, ve más conveniente acometer reformas para mejorar, por ejemplo, el mercado de trabajo, ya que lograr disminuir la tasa de paro al 8% permitiría contar con 6 puntos adicionales de PIB para mejorar el saldo presupuestario estructural, mejorando en consecuencia por el lado del gasto, ya que se reducirían las partidas destinadas a desempleo, y por vía de los ingresos, puesto que aumentarían las cotizaciones sociales y la recaudación del IRPF ante el mayor empleo.

Priorizar reformas y más adelante abordar la fiscalidad verde

El economista jefe para España, Miguel Cardoso, ha insistido en la necesidad de hablar de un plan que dé certidumbre a medio y largo plazo sobre la consolidación fiscal, priorizando la implementación de reformas estructurales que incrementen la capacidad de crecimiento y recaudación y con una evaluación generalizada de la eficiencia del gasto público. 

Eso sí, los expertos de BBVA Research creen que habrá que revisar la imposición en línea con los acuerdos alcanzados a nivel europeo para explorar algún tipo de imposición verde para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que se ayuda a mejorar la solvencia de las finanzas públicas. 

Sobre el debate de si revisar o no el IVA, ha indicado que el sistema fiscal español ya es «bastante progresivo» y la reducción de la desigualdad, antes y después de impuestos y cotizaciones y teniendo en cuenta que España cuenta con un sector público más pequeño, es equivalente a la de países como Dinamarca, Suecia o Noruega, referentes del Estado de bienestar. 

Estos países se caracterizan por tener paradójicamente unos niveles de imposición indirecta (IVA) más elevado que España, al no hacer un uso tan generalizado de los tipos reducidos y superreducidos, y con ello consigue corregir los problemas de desigualdad mediante medidas selectivas de gasto y con el sistema educativo. 

Según Doménech, hay una correlación muy elevada entre estos países europeos con un nivel de presión fiscal indirecta (IVA e impuestos especiales) mayor que la presión fiscal directa (IRPF y cotizaciones) y unos bajos niveles de desigualdad, frente a otros países como España, Grecia o Portugal en los que se opta por lo contrario: una presión fiscal indirecta menor y una directa sobre rentas y cotizaciones muy superior. 

“La evidencia es importante para extraer mejores prácticas”, ha apuntado Doménech, sugiriendo la conveniencia de reducir los impuestos directos (renta y cotizaciones) y revisar reducciones en los impuestos indirectos, sobre todo los tipos reducidos y superreducidos del IVA. 

Medidas “insuficientes” en pensiones: pide sistema de reparto

Además de sobre la reforma fiscal pretendida por el Ejecutivo, Doménech ha dicho ver “insuficientes” las medidas para la reforma del sistema de pensiones incluidas en el Plan de Recuperación, ya que no se han anunciado todas y están pendientes de acuerdo con los agentes sociales. En este sentido, ha remarcado la importancia de que las medidas salgan con consenso pero cree que el Pacto de Toledo no puede suponer una “limitación” para resolver los retos a los que se enfrenta el sistema de pensiones en las próximas dos décadas. 

A su juicio, las pensiones deben ser “lo más elevadas posibles” y contribuir al desarrollo del país y contribuir a la equidad intergeneracional e intrageneracional, si bien ha lamentado que “ninguna de las propuestas” de Escrivá van en la línea de lo propuesto por BBVA Research, que pasa por reducir el déficit actuarial del sistema de pensiones, avanzar de manera gradual hacia el sistema público de pensiones de reparto sobre la base de cuentas nocionales e individuales. 

Por ello, ha pedido que prevalezca el principio de neutralidad regulatoria para que los trabajadores opten en condiciones iguales a invertir en planes de pensiones de empresa o privados, al tiempo que ha mostrado su preocupación de que se traslade el déficit del sistema de pensiones de la Seguridad Social al Estado porque “con ello no se resuelve el problema de la sostenibilidad del sistema”, tras la traspaso de 15.000 millones. 

“Preferiríamos ver u otro tipo de reforma gradual a largo plazo”, ha remachado.