El ‘banco malo’ costará más de 8.000 millones al Estado a partir de 2027
La Sareb ha actualizado su Plan de Negocio hasta 2027 y admite en su informe que no cuenta con la capacidad suficiente para desprenderse de toda la deuda
Javier García del Río, presidente de Sareb.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha calculado este lunes que su disolución le costará a las arcas públicas 7.988 millones de euros en 2027 si no el Gobierno no prolonga la vida del llamado ‘banco malo’ allá de ese año.
Así se desprende del informe de la comisión de seguimiento que la entidad ha remitido a las Cortes Generales y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se incluye la información relacionada con la última actualización de su Plan de Negocio 2021-2027.
La entidad, que nació con el fin de recapitalizar a las entidades financieras más afectadas por la crisis de 2008, emitió 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio de pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas.
Dicha deuda, se amortiza a través de la venta y la gestión de los activos adquiridos desde entonces, pero está previsto su cierre para el año 2027. Como para entonces, según los datos de la propia Sareb, no habrá sido capaz de amortizar la deuda, el Tesoro deberá aportar el capital pendiente que, según el informe entregado este lunes, oscila los 8.000 millones de euros.
La Sareb ya ha hecho frente al 31,2% de la deuda generada
La entidad ha reconocido que no tiene la capacidad para generar flujos de caja suficientes que permitan desprenderse de toda la deuda adquirida por la compañía. Aún así, al cierre de 2020, ya había había cancelado el 31,2% de dicha deuda, un total de 15.863 millones de euros.
La liquidación de Sareb está prevista para 2027, pero el Gobierno podría acordar extender este plazo más allá de ese año para favorecer la amortización de la deuda, lo que requeriría de un cambio legislativo.
El Plan de Negocio maneja diferentes escenarios alternativos a su disolución dentro de 16 años. En uno de ellos, se apunta que la entidad reduciría su deuda a 5.712 millones de euros -que debería pagar el Estado- si se disuelve en 2032. También se analizan diferentes hipótesis de comportamiento del mercado inmobiliario que permitirían hacer frente a la totalidad de la deuda, aunque sin establecer fechas.
