El Banco de España urge al pacto de rentas para evitar que la inflación reste 1,5 puntos de PIB hasta 2024

Nueva petición y advertencia del Banco de España. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha vuelto a apremiar a que los agentes sociales acuerden un Pacto de rentas para repartir el coste de los altos precios de la energía y evitar una espiral inflacionista que acabe restando hasta 1,5 puntos al PIB en 2024, además de afectar al empleo y a las rentas de los hogares.

Así lo ha advertido De Cos en una conferencia en la Universidad de Sevilla, en la que ha subrayado que en un contexto de tanta incertidumbre como el actual, un acuerdo de estas características aportaría un «elemento muy valioso de estabilidad y certidumbre», que permitiría «minimizar la persistencia y los costes del actual shock inflacionista y facilitaría el necesario ajuste de la economía», lo que redundaría en un mayor empleo y bienestar de los ciudadanos.

«De nuestra capacidad para alcanzar estos compromisos difíciles dependerá, en gran medida, la evolución de nuestra economía en los próximos años», ha advertido, tras remarcar que las simulaciones efectuadas mediante el Modelo Trimestral del Banco de España (MTBE) subrayan los beneficios de una política de rentas exitosa, ya que este modelo permite estimar el efecto sobre la actividad y el empleo de una reacción del resto de los precios nacionales y de los salarios privados en línea con el efecto directo del aumento del precio de la energía sobre el nivel general de precios.

Así, conforme a este modelo y ha indicado De Cos, el impacto negativo acumulado sobre la actividad y el empleo, en diferencias respecto a las proyecciones actuales, si se produjese esta traslación completa, podría ser de aproximadamente 1,5 puntos porcentuales en 2024. Además, la renta disponible real de los hogares disminuiría, debido a la caída del empleo y al aumento adicional de la inflación, ha apuntado.

A principios de abril el organismo supervisor redujo en nueve décimas su previsión de crecimiento para este año, hasta el 4,5%, y anticipaba un crecimiento para la economía española del 2,9% y un 2,5% en 2023 y en 2024, por lo que de producirse el impacto por la espiral inflacionista el PIB solo crecería apenas un 1% al término del horizonte de proyección.

Aunque las repercusiones de la guerra sobre la economía española son «muy inciertas», De Cos ha apuntado que el canal más importante sea el que discurre a través de los mercados de materias primas y sobre todo provoca el encarecimiento de los bienes energéticos tiene efectos importantes sobre el coste de la cesta de consumo de los hogares y sobre el coste de la producción de las empresas.

Según sus previsiones, la inflación sería del 7,5% en 2022, para descender en 2023 hasta alrededor del 2%, gracias, sobre todo, a la moderación del componente energético. La inflación subyacente no comenzaría a disminuir hasta finales de 2022, una vez que se corrijan las presiones al alza sobre los costes de las empresas asociadas a los precios energéticos y a los cuellos de botella, de forma que en el conjunto de 2022 repuntará, en promedio, hasta el 2,8 %, para moderarse paulatinamente en el resto del horizonte de
proyección.

Incluir pensiones en el pacto de rentas y no a las cláusulas de revisión

En este contexto, ha indicado que el aumento de los tipos de interés tendrá lugar transcurrido algún tiempo desde el final de las compras netas del APP y será gradual, y ha remarcado que aunque el margen de actuación de la política fiscal en España está «constreñido» por los elevados niveles de deuda y déficit público estructural, deben adoptarse medidas «temporales» para no agravar el desequilibrio presupuestario.

Tras volver a demandar el diseño de un programa de consolidación fiscal gradual, con vistas a su puesta en marcha una vez que la recuperación sea «sólida», y el uso de los fondos europeos, ha incidido de lleno en la necesidad de un pacto de rentas para evitar una realimentación de incrementos de precios y costes.

De Cos ha hecho hincapié en que los costes deben repartirse entre todos los agentes implicados, es decir, entre los hogares, evitando descargar todo el coste en ellos para esquivar una reducción de su poder de compra y de las rentas, y entre las empresas, para que no recaiga sobre ellas. todo el peso y se dañe su competitividad y con ello las inversiones, el empleo y el crecimiento.

Con la información disponible, De Cos ha indicado que se está produciendo ese reparto de una forma «tácita», ya que los aumentos salariales pactados para 2022 en los convenios colectivos registrados hasta marzo se situaron en el 2,4%, incremento que es claramente inferior tanto al registrado recientemente por los precios de consumo.

A su vez, las empresas no han trasladado plenamente a los precios de sus productos el reciente aumento de sus costes, de manera que sus márgenes se habrían reducido. Según la encuesta EBAE, cerca del 82 % de las empresas experimentaron en el primer trimestre un aumento en sus costes como consecuencia del encarecimiento de sus consumos intermedios, mientras que solamente algo más del 40% aumentaron el precio de venta de sus productos.

El gobernador del Banco de España ha vuelto a abogar por evitar fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguarda, que actualmente alcanza a un 30% De los trabajadores en convenio, superior a la de final de 2021, que era del 17%. Ve aún «más preocupante» que len los convenios que tendrán vigencia en 2023 este porcentaje sube casi hasta el 50% del total, aunque todavía circunscrito a un número reducido de convenios.

Pide que un eventual pacto de rentas contemplara compromisos plurianuales concernientes a los incrementos salariales y a la protección del empleo incluyendo a las pensiones públicas en el pacto de rentas, salvo a las pensiones mínimas para proteger a los colectivos más vulnerables. El organismo estima que la alta inflación podría comportar un gato extra en pensiones de 12.800 millones en 2023 por la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC tras la reforma de pensiones del Gobierno.

Eso sí, ha dejado claro que estas directrices sobre la evolución salarial deberían acompañarse de compromisos explícitos de moderación de los márgenes empresariales en aras de ese reparto del coste de los altos precios energéticos y la inflación.