Banco de España marca la hoja de ruta al Gobierno para la reforma fiscal: IVA e impuestos ‘verdes’
El supervisor reclama una revisión "rigurosa" de los beneficios fiscales y pide que los cambios impositivos sean consensuados a nivel internacional, sobre todo en los impuestos sobre el capital y los beneficios empresariales
El comité de expertos designados por el Gobierno el pasado. mes de abril para configurar recomendaciones de cara a la reforma fiscal en profundidad que pretende acometer el Ejecutivo encara sus trabajos finales, pero mientras llegan las conclusiones en febrero el Banco de España ha marcado ya unas directrices generales para la pretendida norma.
El organismo supervisor considera que el objetivo de reformar la estructura de las finanzas públicas para corregir los desequilibrios debe centrarse también en una revisión integral del sistema tributario, para que este tenga una estructura que favorezca el crecimiento económico.
Y por ello el equipo técnico ha realizado diferentes cálculos respecto a la posición fiscal de España respecto al resto de países para llegar a unas conclusiones básicas respecto a los principales puntos que deberá contener la futura reforma.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aprovechó su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos en el Senado para trasladar lo que a juicio del organismo son los aspectos relevantes que debería abordar la reforma del sistema impositivo español.
IVA: 20.000 millones de diferencia con la UE
El primer punto a abordar a juicio del organismo se refiere a la recomposición de la estructura de ingresos públicos en España. Al respecto, Hernández de Cos apuntó que España presenta una inferior presión fiscal proveniente de la imposición indirecta y en particular del IVA, donde la diferencia en recaudación con respecto a la media de la UE asciende a 1,5 puntos porcentuales del PIB en 2019.
Esta brecha, que supone unos 20.000 millones de euros de diferencia, contribuye a explicar una parte de la menor recaudación impositiva que presenta España con respecto al conjunto de la UE en ese mismo año. En detalle, según los datos citados por el Banco de España, la recaudación de España fue de un 39,2% frente a un 43,1% de la media de los 27 Estados miembros.
Las diferencias en recaudación también se extienden a la imposición societaria, donde España recauda cerca de 0,7 puntos porcentuales menos sobre el PIB que la media de países de la UE. Este es uno de los argumentos que han llevado al Gobierno de coalición a aprobar un tipo mínimo del 15% en los Presupuestos de 2022, lo que afectará solo a 1.070 empresas y aportará 400 millones de recaudación
Por el contrario, el sistema tributario español obtiene una mayor recaudación relativa de la imposición sobre la renta de las personas físicas y las cotizaciones sociales.
Impuestos ‘verdes’
El segundo bloque en el que incidió Hernández de Cos en la Cámara Alta fue la necesidad de que el sistema impositivo contribuya a reducir los efectos negativos derivados del cambio climático.
Al respecto, apuntó que el cumplimiento de los ambiciosos objetivos que España ha asumido en el medio y largo plazo comprende el despliegue de una amplia batería de medidas de gasto, una gran parte de ellas impulsadas por el conjunto de las administraciones.
A su juicio, la consecución de estos objetivos se vería facilitada si el sistema impositivo promoviese una tributación medioambiental que se acercase a la de los países del entorno. En 2019, la recaudación por estos impuestos fue 0,8 puntos porcentuales del PIB inferior a la media de la UE, unos 1.000 millones menos.
Revisión profunda de los beneficios fiscales: 41.900 millones
Por último, el gobernador también hizo hincapié en la necesidad de revisar de manera «rigurosa» el amplio espectro de beneficios fiscales que contempla actualmente el sistema tributario. «En muchos casos, es la existencia de elevadas bonificaciones y no los tipos impositivos más reducidos lo que explica la baja recaudación fiscal en España», explicó Hernández de Cos.
La memoria de beneficios fiscales que acompaña a los PGE cuantifica en 41.900 millones de euros la pérdida de recaudación asociada a los beneficios fiscales, y a ello se suma que, según el Banco de España, algunas instancias su funcionamiento actual no respondería a los objetivos para las que fueron creados.
En cualquier caso, ante las eventuales mejoras de nuestro sistema tributario Hernández de Cos marcó la idoneidad de que las reformas impositivas en ciertos ámbitos, como en los impuestos sobre el capital y los beneficios empresariales, o en materia medioambiental, sean consensuadas a nivel internacional.
«De esta forma, se evitarían las distorsiones derivadas del hecho de que haya bases fiscales fácilmente deslocalizables», y apuntó que resulta «esperanzador «constatar los consensos que se están logrando en los últimos meses en materia de armonización fiscal.