El Banco de España reclama al Gobierno ayudas para los hogares y las empresas por la guerra

La invasión de Ucrania por Rusia y la introducción de sanciones a Moscú suponen una perturbación de «elevada trascendencia» que afectará a la recuperación, aumentará las presiones inflacionistas y ya está provocando empobrecimiento, por lo que el Banco de España reclama ya al Gobierno que la política fiscal nacional haga uso de su capacidad para actuar de forma «muy granular y focalizada» con ayudas y rebaja de impuestos a hogares, empresas y sectores más afectados por el conflicto.

Así lo ha subrayado el gobernador del organismo supervisor, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en un desayuno de trabajo con el sector empresarial organizado por Hill & Knowlton, en el que se ha pronunciado por primera vez sobre la magnitud y las consecuencias de la guerra en Ucrania, ante lo que reclama ayudas pero incidiendo en la importancia de que sean de carácter «selectivo» y «temporal» para no afectar aún más a las ya de por sí comprometidas cuentas públicas.

Hernández de Cos ha subrayado que el carácter selectivo que debe adquirir el apoyo de la política fiscal se justifica también por la «necesidad de minimizar el impacto sobre los desequilibrios presupuestarios en un escenario en que estos han aumentado de manera muy significativa durante la crisis«, motivo por el que incide en la conveniencia de que cualquier eventual medida sea «temporal» para «no aumentar más el déficit estructural».

Asimismo, considera que el contexto de elevada inflación actual es un argumento adicional para justificar que «el apoyo debe ser selectivo y que debe evitarse un impulso fiscal generalizado», puesto que, en caso de producirse, advierte de que este podría traducirse en un aumento de los cuellos de botella ya existentes en los sectores más tensionados que se terminara por filtrar a los precios.

Esta petición del organismo supervisor se produce apenas un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzara la aprobación el próximo 29 de marzo en Consejo de Ministros del Plan nacional de respuesta al impacto de la guerra, que incluirá rebaja de impuestos a sectores y productos afectados por la inflación derivada del conflicto, como los carburantes.

Este plan incluye la extensión de la reducción de las rebajas fiscales en la luz, por importe mínimo de entre 10.000 y 12.000 millones este año. Se prorroga la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%, así como la ampliación del bono social y del recorte temporal a los beneficios extraordinarios de las centrales de generación de gas no emisoras, y una reducción del 80% durante 2022 a más de 600 consumidores electrointensivos, entre otras. El coste mínimo es de entre 10.000 y 12.000 millones de euros.

No indexar salarios a la inflación y moderar márgenes empresariales

También ha remarcado que resulta particularmente importante evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso inflacionista, tal y como ha venido reiterando en los últimos meses en sus distintas intervenciones.

En este sentido, ha hecho hincapié en que resulta crucial «evitar que se desencadene una espiral de incrementos de precios y costes que solo agravaría los efectos, ya de por si nocivos, de la perturbación actual», para lo que aboga por un pacto de rentas entre empresas y trabajadores, que suponga un reparto, entre empresas y trabajadores, de la merma de rentas de la economía nacional frente al resto del mundo.

Propone así repartir los costes de la guerra, de forma que «todos los agentes implicados asuman una pérdida», ya que ni los trabajadores podrán mantener su poder adquisitivo en el corto plazo ni las empresas mantener sus márgenes. De hecho, este reparto de los costes ya estaría produciéndose, ya que es «indudable» que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo porque el alza salarial pactado ha sido del 2,3%, por debajo de la inflación del 7,4% de febrero, al tiempo que las empresas no han trasladado de forma plena a los precios de sus productos el reciente aumento de costes, con la consecuente reducción de sus márgenes.

En este contexto, aboga porque el eventual pacto de rentas entre trabajadores y empresas facilite el grado de coordinación de la negociación colectiva en los ámbitos de negociación pero evitando adoptar medidas cuya implementación sea «excesivamente general». Así, pide evitar fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia, e insta a fijar compromisos plurianuales de incrementos salariales y protección del empleo.

Eso sí, defiende que las referencias nominales de la negociación salarial deberían excluir los componentes asociados a los productos energéticos, cuyas dinámicas de precios muestran una considerable volatilidad y, en la coyuntura actual, previsiblemente no sean duraderas, de forma que se liguen a la inflación subyacente (excluye precios energéticos y alimentación no elaborada), tanto alzas salariales como posibles cláusulas de garantía salarial.

Estas directrices sobre la evolución salarial deberían acompañarse con compromisos explícitos de moderación de los márgenes empresariales, ha enfatizado Hernández de Cos. «Solo de esta manera se puede asegurar que la moderación salarial se traslada de forma efectiva a la competitividad empresarial, a la vez que se limita la traslación de los aumentos de los costes de los insumos energéticos al resto de bienes y servicios de la economía», ha explicado.

Inflación más persistente: plan de ajuste y evitar efectos de segunda ronda

Según ha indicado, la guerra generará un efecto negativo sobre el crecimiento a través del deterioro de las rentas reales de familias y empresas y del incremento de la incertidumbre, que podría ser muy significativo, en particular en el corto plazo y en un contexto en el que la economía del área del euro se encuentra todavía lejos de su nivel potencial.

Aunque ese efecto negativo podría reducir las presiones inflacionistas en el medio plazo, el nuevo panorama bélico en Europa del este hace que «el efecto inflacionista de corto plazo del conflicto aumenta la probabilidad de la aparición de efectos de segunda ronda y, de esa manera, de la traslación de las presiones inflacionistas al medio plazo«, ha alertado. El Banco de España elevó hace un mes sus previsiones de inflación al 4%, debido a que antes de la invasión de Ucrania por Rusia ya «había repuntado con fuerza en la segunda parte del año pasado y que se estaba demostrando más persistente de lo inicialmente esperado».

Dada la situación, Hernández de Cos ha apostillado que resulta «particularmente necesario» el diseño de un programa de consolidación que «permita reducir gradualmente los elevados niveles de déficit y deuda públicos, con vistas a su puesta en marcha una vez que la recuperación sea sólida». Para que este programa de consolidación de medio plazo resulte creíble debe
detallar, en su opinión, los plazos considerados, los objetivos propuestos y las medidas básicas que deben permitir alcanzar estos últimos, entre otros aspectos.

El gobernador del Banco de España también ha reclamado la aplicación de un catálogo «exhaustivo» de reformas que afronten los problemas estructurales y, en este sentido, ha subrayado que el uso de los fondos europeos puede ser también «particularmente útil» para facilitar estas reformas y realizar las inversiones necesarias.