El Banco de España pide desligar el alza salarial de los precios energéticos

El Banco de España ha entrado en escena respecto al nuevo escenario económico tras la invasión de Ucrania por Rusia y lo ha hecho lanzando sus propuestas respecto al pacto de rentas de los agentes sociales: desligar la subida salarial de los precios energéticos y moderar los márgenes empresariales.

El organismo supervisor resulta crucial «evitar que se desencadene una espiral de incrementos de precios y costes que solo agravaría los efectos, ya de por si nocivos, de la perturbación actual», para lo que aboga por un pacto de rentas entre empresas y trabajadores, que suponga un reparto, entre empresas y trabajadores, de la merma de rentas de la economía nacional frente al resto del mundo.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, fue tajante durante su intervención en un desayuno de trabajo con el sector empresarial organizado por Hill & Knowlton al remarcar que que resulta particularmente importante evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso inflacionista, tal y como ha venido reiterando en los últimos meses en sus distintas intervenciones.

En este sentido, abogó porque el eventual pacto de rentas entre trabajadores y empresas facilite el grado de coordinación de la negociación colectiva en los ámbitos de negociación pero evitando adoptar medidas cuya implementación sea «excesivamente general». Así, pide evitar fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia, e insta a fijar compromisos plurianuales de incrementos salariales y protección del empleo.

Eso sí, defiende que las referencias nominales de la negociación salarial deberían excluir los componentes asociados a los productos energéticos, cuyas dinámicas de precios muestran una considerable volatilidad y, en la coyuntura actual, previsiblemente no sean duraderas, de forma que se liguen a la inflación subyacente (excluye precios energéticos y alimentación no elaborada), tanto alzas salariales como posibles cláusulas de garantía salarial.

Reparto de costes: moderar márgenes empresariales

Estas directrices sobre la evolución salarial deberían acompañarse con compromisos explícitos de moderación de los márgenes empresariales, enfatizó Hernández de Cos. «Solo de esta manera se puede asegurar que la moderación salarial se traslada de forma efectiva a la competitividad empresarial, a la vez que se limita la traslación de los aumentos de los costes de los insumos energéticos al resto de bienes y servicios de la economía», explicó.

De esta forma, la institución pide asumir que tanto los trabajadores como las empresas tendrán que asumir un coste por el conflicto y cree lo más conveniente que se reparta ese coste de forma que «todos los agentes implicados asuman una pérdida», ya que ni los trabajadores podrán mantener su poder adquisitivo en el corto plazo ni las empresas mantener sus márgenes.

De hecho, este reparto de los costes ya estaría produciéndose, ya que es «indudable» que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo porque el alza salarial pactado ha sido del 2,3%, por debajo de la inflación del 7,4% de febrero, al tiempo que las empresas no han trasladado de forma plena a los precios de sus productos el reciente aumento de costes, con la consecuente reducción de sus márgenes.

El Gobierno ya pidió este reparto del coste de la guerra desde el inicio de la misma demandando a los agentes sociales moderación en la subida de salarios pero también un control sobre los beneficios y los dividendos de las compañías ante el actual contexto de perturbaciones económicas por la guerra, sobre todo con el alza de los precios energéticos y la escasez de algunas materias primas.

Posible opción: CEOE y sindicatos barajan una subida en línea con el IPC subyacente

Esta es precisamente una de las opciones que se están barajando en la mesa de negociación para cerrar un pacto salarial para que constituya el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en el marco del pacto de rentas dentro del Plan Nacional de respuesta a la guerra de Ucrania que impulsa el Gobierno y que verá la luz el próximo 29 de marzo.

Fuentes de la negociación confirman que tanto las patronales (CEOE y Cepyme) como los sindicatos (CCOO y UGT) se han abierto a la posibilidad de consensuar una subida salarial de una magnitud próxima a la inflación subyacente (excluye precios energéticos y alimentación no elaborada), en lugar de a la inflación general como pretendían los sindicatos inicialmente. Actualmente la tasa de IPC subyacente ronda el 3%.

Eso sí, fuentes sindicales apuntan que no está tomada ninguna decisión y que, en cualquier caso, las organizaciones sindicales siguen exigiendo la adopción de cláusulas de revisión salarial para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo.

Mientras llega ese posible acuerdo y el Gobierno negocia con los grupos, los agentes sociales y los sectores afectados las medidas del Plan nacional, los sindicatos CCOO y UGT, la organización de consumidores Facua, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) y las organizaciones de autónomos UPTA y UATAE van a convocar movilizaciones para el próximo miércoles, 23 de marzo, para exigir al Gobierno la adopción de medidas para paliar los efectos de la crisis energética actual derivada de la invasión militar en Ucrania por Rusia, que ha disparado los precios del gas agudizando el alza de los precios de la electricidad en los últimos meses, así como de los carburantes.

Medidas «selectivas y temporales» para no aumentar el déficit

Según el organismo supervisor, la invasión de Ucrania por Rusia y la introducción de sanciones a Moscú suponen una perturbación de «elevada trascendencia» que afectará a la recuperación, aumentará las presiones inflacionistas y ya está provocando empobrecimiento, por lo que el Banco de España reclama ya al Gobierno que la política fiscal nacional haga uso de su capacidad para actuar de forma «muy granular y focalizada» con ayudas y rebaja de impuestos a hogares, empresas y sectores más afectados por el conflicto.

Pero, eso sí, remarca que el apoyo mediante la política fiscal debe ser «selectivo» ante la «necesidad de minimizar el impacto sobre los desequilibrios presupuestarios en un escenario en que estos han aumentado de manera muy significativa durante la crisis«, y cualquier medida debería ser «temporal» para «no aumentar más el déficit estructural». A su juicio, debe evitarse un impulso fiscal generalizado, puesto que, en caso de producirse, advierte de que podría traducirse en un aumento de los cuellos de botella ya existentes en los sectores más tensionados que se terminara por filtrar a los precios.

El Plan Nacional de Respuesta a la crisis de la guerra en Ucrania incluirá rebajas de impuestos, como la posible bajada de los impuestos de los carburantes, y ayudas directas que se terminarán de consensuar en estas dos semanas y se anunciarán y aprobarán el 29 de marzo, si bien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó una batería de medidas hace dos semanas.

El plan incluye la extensión de la reducción de las rebajas fiscales en la luz, por importe mínimo de entre 10.000 y 12.000 millones este año. Se prorroga la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%, así como la ampliación del bono social y del recorte temporal a los beneficios extraordinarios de las centrales de generación de gas no emisoras, y una reducción del 80% durante 2022 a más de 600 consumidores electrointensivos, entre otras. El coste mínimo es de entre 10.000 y 12.000 millones de euros.