El Banco de España anticipa otra rebaja del crecimiento: recuperación a finales de 2023

La avalancha de rebaja de previsiones no cesa a pesar de la gran rebaja realizada por el Gobierno. El Banco de España se sumará a la Comisión Europea y anticipa ya una rebaja «significativa» de sus últimas previsiones de crecimiento que auguraban un 4,5% este año, al entorno del 4%, debido al menor avance de lo esperado en el PIB del primer trimestre y en medio de una incertidumbre «extraordinariamente alta» por la guerra de Ucrania y la inflación.

Así lo adelanta el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el marco del Informe Anual 2021 del organismo, publicado este miércoles, en el que, en ausencia de perturbaciones adicionales, se avanza una nueva revisión a la baja en la tasa de crecimiento del PIB esperada para el conjunto del año, después de que a principios de abril ya profiriera un recorte de un punto al crecimiento de este año y 2023, hasta el 4,5% y el 2,9%, respectivamente.

El organismo explica que, tras aumentar el PIB de la economía española un 5,1% en 2021, el avance económico continuó en el primer trimestre (+0,3%), pero a una tasa inferior a lo previsto por la guerra y por debajo de la del último trimestre del año pasado (+2,2%). «En ausencia de cualquier consideración adicional, el dato llevaría a una rebaja mecánica de aproximadamente medio punto porcentual en la tasa media de crecimiento del PIB de 2022«, detalla.

«La recuperación sigue siendo incompleta y profundamente asimétrica en España. De las grandes economías del euro, somos la que peor lo ha hecho«, afirmó el director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, quien apuntó que el PIB se sitúa aún 3,4 puntos porcentuales por debajo del nivel prepandemia, mientras que en el área del euro ya rebasó en 0,4 puntos porcentuales su nivel precrisis.

En el último cuadro macroeconómimco remitido a Bruselas dentro del Programa de Estabilidad el pasado 29 de. abril el Gobierno rebajó ni más ni menos que 2,7 puntos su estimación de crecimiento para este año, pasando del 7% al 4,3%, retrasando la recuperación del PIB a niveles prepandemia al primer semestre de 2023. Para 2023 prevé un alza del 3,5% y para 2024 en el 2,4%, frente al 1,8% para 2025. El lunes Bruselas ya rebajó en 1,6 puntos su previsión de crecimiento para este año, hasta el 4% y la dejó en un 3,4% para 2023.

En caso de que no haya nuevas perturbaciones o un agravamiento de la guerra en Ucrania, la eventual revisión de las proyecciones de abril seguiría siendo coherente con el mantenimiento de una senda de recuperación gradual en la economía española que «podría alcanzar los niveles de PIB previos a la pandemia en el tramo final de 2023».

Inflación: tasas elevadas e impacto en mayores y hogares con rentas bajas

Uno de los factores que incidirán en la revisión de previsiones que el Banco de España dará a conocer a mediados de junio en su informe trimestral de proyecciones será la inflación, sobre la que ya apunta que las tasas se mantendrían elevadas en los próximos meses para posteriormente moderarse progresivamente. Su cálculo de abril apuntaba a un 7,5%.

Desde inicios de 2021 el aumento de los precios de las materias primas y las alteraciones en las cadenas de aprovisionamiento están conduciendo a un repunte de la inflación, siendo el encarecimiento de las materias primas el principal factor detrás del alza del IPC. Según sus cálculos, la inflación promedio del 6,2% entre septiembre de 2021 a marzo de 2022 se debería en 3,4 puntos a las materias primas, 1,2 puntos a la demanda, 0,9 a otros factores y apenes dos décimas a los cuellos de botella.

Además, el encarecimiento de la energía se ha extendido al resto de bienes y servicios, y ello, a su vez, afecta a que los colectivos más afectados por la inflación sean los hogares con menor renta, aquellos en los que la persona de referencia es mayor de 65 años y aquellos con educación secundaria o inferior, debido al peso del gasto realizado en bienes de primera necesidad.

Los sectores más afectados por la inflación por el aumento de los costes energéticos serían los del transporte aéreo, el transporte terrestre, los metales básicos y el transporte marítimo. Ello se traducirá en un «incremento moderado» de la proporción de empresas financieramente vulnerables en España, aunque existiría una «elevada heterogeneidad sectorial».

La revisión que vaya a acometer en junio mostrará una mayor tasa subyacente, pero la ‘excepción ibérica’ aprobada para fijar el tope al precio del gas disminuirá el precio de la electricidad y en consecuencia, la inflación, por lo que calibrará estos efectos para determinar la variación.

El Pacto de Rentas «ya se está produciendo»

Ante este contexto, el Banco de España explica que, por el momento, no se han materializado de forma acusada los efectos indirectos de la inflación, aquellos por los que el encarecimiento de los costes energéticos se traslada al precio de otros bienes y servicios por el intento de las empresas de mantener sus márgenes, ni efectos de segunda vuelta (subida de salarios y traslación a precios de productos).

De hecho, el director general de Estadística y Economía del organismo explicó que «el Pacto de Rentas ya se está produciendo», ante una disminución de los márgenes empresariales y una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, algo que considera que hay que «asumir» pues hay que «repartir el coste» de la inflación entre todos.

Sobre los márgenes empresariales, la Central de Balances y la Encuesta sobre la Actividad Empresarial (EBAE), ambas del Banco de España reflejan que las empresas habrían trasladado de forma muy parcial los aumentos de sus costes a los precios. En concreto, en el último trimestre de 2021 habrían reducido un 4,5% interanual sus márgenes y la subidas salariales en convenio rondan el 2,5%, por debajo de la inflación.

No obstante, Gavilán subrayó la importancia de acordar compartir la «inevitable merma de renta» para la economía nacional que implica el aumento de precios, de forma que se acometa un Pacto de Rentas que evite medidas excesivamente uniformes y evitar fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguarda.

También ve conveniente que el pacto sea de carácter plurianual en lo relativo a incrementos salariales, donde las referencias nominales de la negociación deberían inspirarse en la evolución prevista de la inflación subyacente (tasas sin componentes volátiles como precios energéticos y alimentos no elaborados) como a la protección del empleo. Igualmente, insta a fijar compromisos explícitos de moderación de los márgenes empresariales.

Riesgos

Con todo, el gobernador explica, tal y como se recoge en el Informe Anual, que la economía española presenta un «extraordinaria incertidumbre» y, de cara al futuro los riesgos estarían vinculados, sobre todo, a la posibilidad de que las consecuencias de la guerra sean más persistentes y profundas, en términos, por ejemplo, de alzas mayores de los precios de las materias primas o de cese completo de los flujos comerciales entre la Unión Europea (UE) y Rusia.

Además, en términos de actividad e inflación, los resultados serían también más desfavorables en un escenario en el que empresas y trabajadores intentaran preservar, respectivamente, sus márgenes y sus niveles salariales en términos reales, algo que no es factible ante una perturbación que conlleva una pérdida de rentas de la economía nacional frente al resto del mundo.

Como factor de riesgo al alza sobre la actividad, advierte de que cabe la posibilidad de que los hogares eviten reducir su consumo de bienes y servicios en respuesta a la menor renta disponible mediante el recurso al ahorro que acumularon durante la pandemia. No obstante, esta posibilidad se ve moderada por el hecho de que los hogares con menores rentas, los más impactados por la inflación, apenas pudieran crear ese colchón de ahorro durante la crisis sanitaria.