El Banco de España alerta del impacto en rentas de familias y empresas por la guerra de Ucrania

La invasión de Ucrania por parte de Rusia afectará tanto al precio de la energía como al de muchas materias primas y ello «sin duda» repercusiones a su vez en la renta de los hogares y empresas en una medida aún por cuantificar, lo que exigirá reformas y sacar el mayor partido posible a los fondos europeos de recuperación.

Esta es la advertencia y petición que realiza el Banco de España al Gobierno tras el estallido del «gravísimo» conflicto bélico en la frontera más oriental de Europa ante la incidencia que está teniendo ya en el precio del gas y, por ende, de la electricidad, con nuevo máximo histórico este martes de 545 euros el megavatio.

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, realizó esta valoración durante el III Encuentro Sanfi Alumni, en donde, a la espera de confirmarse los efectos concretos sobre los precios, salarios, márgenes y sobre el crecimiento económico, urgió a acelerar y hacer un «uso adecuado» de los fondos europeos.

«Parece necesario ahora aún más, es sacar el mayor partido posible a la utilización de los fondos Next Generation UE», remarcó, subrayando que son un instrumento necesario para «afianzar la recuperación económica» y, sobre todo, para adaptar la economía a los retos de medio y largo plazo, aumentando la competitividad de la misma y facilitando la transición hacia modelos más sostenibles.

El Gobierno admite ya una ralentización de la recuperación y focalizará los fondos en energía

Las principales perturbaciones derivadas de la guerra en Ucrania son precisamente en el campo energético ante la elevada dependencia energética de buena parte de la Unión Europea del gas ruso (no es el caso de España) y la afectación derivada de ello en el mercado mayorista de electricidad, en continuo alza y pulverizando récord tras récord.

Conocedores de ello, el Gobierno ha cambiado ya su discuso y aunque mantiene que España es de los países menos expuestos en materia energética al comercio, al tener mayor independencia por sus plantas regasificadoras, y a nivel comercial, con un peso de apenas el 2% a ambos países, reconoce ya que provocará una «ralentización en la recuperación».

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, hablan ya de «tiempos duros y difíciles» por el impacto de la guerra en Ucrania en los precios, al descartar ya un escenario de alza de precios transitorio y dar por hecho un alto IPC durante el ejercicio 2022.

Este escenario ha llevado al Ejecutivo a impulsar un pacto de rentas con los agentes sociales, motivo por el que se dio cita con ellos en la Moncloa este lunes para analizar el impacto económico en España de la guerra en Ucrania y tratar de empezar a calibrar eventuales medidas en aras de evitar una espiral inflacionista.

Los agentes sociales priorizan el acuerdo de negociación colectiva y la subida salarial, para la que los sindicatos reclaman la recuperación de las cláusulas de garantía salarial para garantizar el poder adquisitivo de los salarios, mientras que las patronales rechazan ligarlos al IPC y se decantan por la moderación. En el pacto de rentas los sindicatos creen que se podían incluir medidas sobre atención a vulnerables, sobre las materias primas e incluir un control de dividendos y una subida del Impuesto de Sociedades.

Desde el Gobierno defienden que el Plan de Recuperación está ya «muy orientado» para las necesidades actuales derivadas de la guerra de Ucrania en materia energética, ya que el 40% se destina a transformación energética, incluyéndose el lanzamiento del Perte para almacenamiento energético, energías renovables e hidrógeno verde.

No obstante, ahora se va a reforzar con 1.000 millones para energías renovables e impulsar la autosuficiencia e independencia energética. El planteamiento ahora pasa por acelerar el programa de inversiones y cuando se piense en la siguiente fase referida a los créditos se focalizará hacia la transición energética.

Movilización de recursos privados y subida de impuestos ‘verdes’

A juicio del Banco de España, el programa Next Generation UE está llamado a desempeñar un papel de primera magnitud no solo en la recuperación de España y del resto de economías europeas tras la pandemia, sino, sobre todo, en la transformación estructural del Viejo Continente. Según el organismo, un aspecto que puede ayudar a la utilización de los fondos NGEU como herramienta de estabilización macroeconómica es el hecho de que la contabilización de los ingresos procedentes de los fondos europeos y de los desembolsos asociados a los mismos es neutral a efectos del déficit público.

Especial hincapié hace el organismo en la importancia del segundo objetivo del programa de impulso a la transformación estructural de la economía, para ante el menor gasto público en educación y en inversión pública respecto a la UE. Así las cosas, pide una selección y diseño de proyectos que promuevan cambios en la estructura productiva de la economía, en paralelo al acompañamiento de los estímulos presupuestarios con reformas estructurales, proyectos que exploten sinergias entre inversión pública y privada y aprovechar para cubrir parte de las cuantiosas necesidades» de inversión dirigidas a reducir los efectos adversos del cambio climático.

En este sentido, remarca la importancia de la «habilidad» para movilizar recursos privados y, para orientar los fondos a cumplir los objetivos climáticos, de que la contribución del gasto público se vea «complementada por la utilización de los instrumentos impositivos». Al respecto señala que, en el año 2019, la tributación medioambiental, que incluye los impuestos sobre la energía, el transporte, la contaminación y la extracción o uso de los recursos naturales generó en España unos ingresos sensiblemente inferiores a los del promedio de la UE. «Esto sugiere que existe margen para su elevación gradual en los próximos años, sostiene el organismo, para cumplir las metas en materia de lucha contra el cambio climático.

Esta petición de elevar los impuestos ‘verdes’ se produce después de que el comité de expertos designado por el Ministerio de Hacienda planteara una batería de cambios impositivos para recaudar 15.000 millones en fiscalidad verde, como igualando la fiscalidad del diésel y la gasolina, creando un impuesto la queroseno o a los billetes de avión, entre otros.

Compartición de riesgos a nivel europeo

Desde una óptica paneuropea, la subgobernadora del Banco de España incidió en las ventajas en este contexto de los fondos europeos al poder suponer el embrión de un mecanismo de estabilización macroeconómica de carácter permanente que realizara una aportación significativa a la consolidación del proyecto europeo.

Y es que, según expuso, una capacidad fiscal centralizada posibilitaría un mayor grado de compartición de riesgos entre las distintas economías que componen la Unión Económica y Monetaria, lo que permitiría que aquellos países que sufran una perturbación idiosincrásica como consecuencia de factores exógenos puedan ver atenuadas las consecuencias de la misma.

Adicionalmente, una capacidad de estabilización macroeconómica permitiría definir el tono de la política fiscal a nivel agregado dentro de la UEM, lo que complementaría la orientación otorgada a la política monetaria, a lo que se suma que, si se dotara a esta capacidad fiscal centralizada de la posibilidad de emitir deuda pública, ello contribuiría a aliviar la escasez de activos seguros denominados en euros.