El Banco de España alerta de que el alza de precios de la energía puede extenderse hasta tres años más

La alta inflación que viene registrando España en los últimos meses perdurará y en el mes de marzo se registrará un «repunte muy significativo», según las previsiones del Banco de España, que alerta de que los precios de la energía se mantendrán elevados al menos los «dos o tres años» próximos.

“El mercado está anticipando que haya una elevada persistencia, no que se produzcan incrementos adicionales, pero que, en cualquier caso para los próximos dos o tres años una parte importante del incremento de los precios energéticos que hemos vivido permanezca aquí”, ha aseverado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un desayuno informativo con motivo de la celebración del 20º aniversario de la Institución Futuro.

La inflación se desbocó en febrero hasta su mayor nivel desde diciembre de 1986, con una tasa del 7,6%, por el alza del precio de la electricidad (+80%), de la gasóleo (+28,4%) y la gasolina (+25,1%), extendido a productos como el pan (+6,4%), mientras la guerra en Ucrania alienta nuevas subidas de precios durante todo el ejercicio 2022.

Hernández de Cos ha apuntado que el repunte de la inflación ha sorprendido al alza tanto por su intensidad como por su persistencia, incluido en los primeros meses de 2022. De hecho, ha avisado ya de que marzo será «particularmente negativo», por lo que la inflación podría dispararse por encima del 8% incluso. Según ha indicado, la guerra en Ucrania está provocando «una especie de shock energético», que es previsible que tenga un impacto «apreciable» sobre la actividad, aunque dependerá de la intensidad y la duración del shock y del conflicto bélico, que ya de por sí ha generado un incremento «brutal» de la incertidumbre, lo que afecta a la toma de decisiones de inversión y consumo.

El impacto de la guerra

Al no conocerse la duración de la guerra y ni de las sanciones, ve «mucha incertidumbre» en torno al impacto de la contienda en Europa del este, aunque se ha referido a los principales canales de transmisión del impacto, como el de materias primas, ante la elevada dependencia de Europa a algunos productos, lo que ha producido ya un fuerte repunte de los precios del petróleo, gas natural y de otras materias primas no energéticas.

A ello se suma el canal financiero por las exposiciones financieras directas a Rusia y Ucrania de las entidades bancarias, en general «muy reducidas», sobre todo en el caso español; el canal comercial, que aunque en el caso de España la exposición es «moderada», ha avisado de que los efectos indirectos «pueden ser elevados», particularmente en el contexto de las sanciones.

Se nota más ya en el canal de confianza e incertidumbre, ya que «los hogares y empresas experimentarán dificultades para anticipar los desarrollos económicos futuros, en particular sobre sus rentas, lo que pesará sobre sus decisiones de consumo e inversión». Varios ejercicios de simulación internos del Banco de España, ha detallado Hernández de Cos, sugieren que, en algunos escenarios particularmente acusados en relación con la gravedad y la duración del conflicto bélico, «la pérdida de PIB debida a este canal podría ser significativa«.

Lo que es seguro es que la crisis para 2022 generará un «efecto negativo sobre el crecimiento económico y aumentará la inflación», ha explicado el gobernador, quien ha recordado que distintos escenarios del BCE apuntan a una posible reducción del crecimiento de la zona euro sobre el escenario base de entre un 0,5% y un 1,9% y un alza de la inflación de entre un 1,9% y un 3,9%.

Medidas «focalizadas y temporales»: pacto de rentas que excluya pensiones mínimas

En este contexto, a nivel nacional ha remarcado la necesidad de «respuestas granulares y focalizadas» en hogares, empresas y sectores vulnerables, pero ha remarcado que deben ser «temporales y selectivas», por lo que ha rechazado un impulso fiscal generalizado, como pueda ser la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible a todos los usuarios aprobada por el Gobierno en el marco del Plan nacional de respuesta al impacto de la guerra.

Ha hecho especial hincapié en la necesidad de un Pacto de rentas, de forma que se evite el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso inflacionista. Eso sí, ha dejado fuera de este pacto de rentas a las pensiones mínimas, al considerar que deben seguir idexadas a la inflación. A su juicio, la pérdida de rentas de la economía que supone el aumento de costes energéticos, agravado a raíz de la invasión de
Ucrania, debe ser repartida entre trabajadores mediante la caída de su poder adquisitivo, y empresas, con la disminución de sus
márgenes, que evite una espiral inflacionista.

Por ello, insta a «evitar la adopción de medidas generales o excesivamente rígidas, dada la heterogeneidad de sectores, empresas y trabajadores», permitiendo que el ajuste no recaiga en los colectivos más vulnerables, y no recurrir a fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o a cláusulas de salvaguarda, porque su aplicación elevaría los efectos de segunda ronda (espiral inflación-crecimiento salarial).

En este sentido, ha abogado por compromisos plurianuales en los aumentos salariales , por ejemplo ligados a la inflación subyacente (excluye el componente energético y alimentos no elaborados), complementados, en su caso, con compromisos en la protección del empleo, que aporten certidumbre a los agentes en sus decisiones de consumo e inversión. En la misma línea pide compromisos de moderación de los márgenes empresariales, para asegurar la competitividad de las empresas españolas y que el crecimiento económico se resienta lo menos posible.

El gobernador ha vuelto a reclamar el diseño temprano y la implementación, cuando haya recuperación plena, de un programa de consolidación a medio plazo, así como un «exhaustivo y ambicioso» plan de reformas y la aceleración de los proyectos y reformas de los fondos europeos Next Generation UE.

A nivel europeo ha defendido la necesidad de una respuesta europea «contundente» en línea con la dada por la pandemia, que pase por aumentar la autonomía estratégica, con mayor diversificación de suministradores y una reducción más rápida de la dependencia de combustibles fósiles, y aliviar el impacto de la crisis, respaldando a empresa y colectivos vulnerables relajando transitoriamente el marco de ayudas de estado y fijando límites temporales a los precios minoristas de la electricidad.

También pide mutualizar el coste y acelerar la integración europea (mercados de capitales y completar Unión Bancaria con la constitución de un mecanismo europeo de garantía de depósitos y un marco común para la resolución de crisis sistémicas).