El Banco de España afea el retraso del plan de ajuste del Gobierno

Nuevo y reiterado apercibimiento del Banco de España al Gobierno por la demora del plan de ajuste del déficit y la deuda. El organismo supervisor ha vuelto a alertar sobre las consecuencias del retraso en el diseño e implementación del plan de consolidación fiscal por parte del Ejecutivo, ya que la demora dejará un margen fiscal limitado a España ante futuras crisis y hará más probable que surja una nueva perturbación económica.

Así lo advierte el organismo de nuevo en su Informe de Estabilidad Financiera de primavera, publicado este miércoles a tan solo dos días de que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, den a conocer el nuevo cuadro macroeconómico y la senda fiscal hasta 2025, que se incluirán en el Programa de Estabilidad que el Gobierno remitirá a Bruselas previsiblemente el mismo día.

Tras cerrar España con un déficit del 6,9% del PIB en 2021 y una deuda pública del 118,4% del PIB, el Banco de España proyecta una continuación de la mejora del saldo, pero permaneciendo en niveles elevados, por encima del nivel prepandemia incluso en 2024 y con un déficit estructural superior al 3%, y por ello advierte del riesgo que conlleva el retraso del plan de ajuste.

«En ausencia de un plan de consolidación o una mejora sostenida del crecimiento de la productividad, y dado el previsible incremento de los gastos ligados al envejecimiento de la población, la deuda pública tenderá a mantenerse o a aumentar en años posteriores, lo que supone un claro riesgo para la economía española y para sus agentes«, alerta en su informe.

Según sus previsiones, el déficit rondará el 5% del PIB este año, en línea con el Gobierno, y escalaría el próximo año incluso al 5,2%, para moderarse después al 4,7% en 2024. En el caso de este año, el cierre y la inercia económica reducirían cuatro décimas el desajuste, sin embargo las medidas adoptadas en el Plan de choque contra el impacto de la guerra elevará en seis décimas el déficit.

Pese a todo, el organismo augura una ratio de deuda pública inferior en todo el periodo de proyección al que auguraba hace tres meses por el aumento del PIB nominal, lo que compensa la subida del déficit. Así, calcula que el pasivo aumentará del 118,4% del PIB que marcó el año pasado al 112,6% del PIB este año. A posteriori descendería hasta el 112,8% en 2023 y volvería a subir al 113,5% en 2024. El Gobierno calcula un 115,1% este año y un 113,5% en 2023, superior por tanto.

Sin margen para futuras crisis y mayor riesgo de una » perturbación nueva»

Así, el organismo vuelve a cargar contra la indexación de las pensiones con arreglo al IPC y la derogación del factor de sostenibilidad del PP fijados por ley en la primera parte de la reforma de las pensiones aprobada el pasado mes de diciembre al ser aspectos que elevan el gasto futuro previsto.

Y es que, subraya la institución, para el conjunto de las administraciones este mayor gasto no se ve suficientemente compensado con el resto de las medidas incorporadas, como la modificación de los esquemas de penalización de la jubilación anticipada, la bonificación de la jubilación demorada, y el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Advierte también de que los niveles de deuda elevados conllevan una mayor sensibilidad de las finanzas públicas ante movimientos en los tipos de interés de mercado. En consecuencia, avisa de que a medio y largo plazo estos niveles elevados de deuda pública «situarían a la economía española en una situación de vulnerabilidad, que solo podría evitarse con un proceso creíble y sostenido de consolidación de las finanzas públicas.»

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, señala que hasta la fecha el elevado déficit estructural se estaba viendo sobradamente compensado por unos tipos de interés inferiores al crecimiento potencial de la economía. Sin embargo, este diferencial favorable puede ir desapareciendo en los próximos años.

Por ello, «cuanto más se tarde en anunciar medidas que contrarresten el actual déficit estructural y los crecientes gastos por el envejecimiento poblacional, más probable será que los agentes comiencen a desconfiar de la aplicación efectiva de dichas medidas o más probable será la aparición de una nueva perturbación económica negativa, a la que nuestra economía se enfrentaría con una limitada capacidad de maniobra», alerta.

A todo ello se suma que la invasión rusa de Ucrania y la consecuente guerra también pondrán presión sobre el gasto público a medio plazo por la mayor urgencia de la transición energética y ecológica.

Exige el plan una vez pasen los efectos de la guerra

El organismo supervisor reclama por todo ello implementar con rigor un plan de consolidación fiscal plurianual una vez superada la pandemia y los efectos económicos adversos del conflicto en Ucrania, pero articulándose en torno a una definición de tallada de los objetivos presupuestarios a alcanzar, los plazos y medidas necesarias para su consecución.

No obstante, defiende que el anuncio sobre la estrategia de reducción de los desequilibrios fiscales debería producirse «con prontitud», dado que ello resultaría en «importantes beneficios para la credibilidad de nuestra política económica y permitiría potenciar los efectos expansivos de las actuaciones fiscales actuales».

Dicho plan debería a su juicio poner especial énfasis en la composición del ajuste entre los ingresos y los gastos, en tanto que esta resulta determinante para minimizar los efectos adversos sobre el crecimiento económico de una consolidación fiscal.

Ralentización económica por la guerra

Entre tanto, el organismo señala sobre la economía que, tras su aceleración en la segunda mitad de 2021, moderará su crecimiento en 2022, debido fundamentalmente al impacto sobre el consumo privado de la persistencia de la inflación en niveles elevados, que se ha agravado por la guerra en Ucrania.

La afectación en distintos canales (precios energéticos, materias primas, costes empresas, precios de consumo, decisiones de inversión y gasto, mercados financieros internacionales) llevaron a revisar ala baja el crecimiento para este año, hasta el 4,5%. De hecho, el organismo prevé que el PIB finalice el año 2022 casi 2 puntos porcentuales por debajo del nivel anterior a la crisis del COVID-19, compensado en parte por el ahorro acumulado de los hogares.

Sin embargo, este factor no afectaría por igual a todos los hogares, ya que aquellos con rentas más bajas, y mayor propensión marginal a consumir, no habrían podido ahorrar en igual medida durante la pandemia. Además, avisa de que el intenso aumento de los precios de la energía registrado en 2021 y en la parte transcurrida de 2022 podría comprometer la capacidad de repago de las deudas de los hogares de rentas bajas, ya que el gasto en esta partida supone una proporción más elevada de su consumo.

«La persistencia de la inflación en niveles elevados está erosionando la renta de las familias y restando dinamismo a la recuperación de su consumo. Si las presiones sobre los costes acaban trasladándose plenamente a los precios finales, las mayores demandas salariales podrían desencadenar efectos de segunda ronda de una intensidad notable, lo que se traduciría en un repunte inflacionista más acusado y más prolongado que el anticipado hasta ahora», alerta el organismo, que urge al pacto de rentas para contener salarios y márgenes empresariales, incluyendo la desindexación de las pensiones con el IPC, salvo las mínimas.

El organismo advierte de que hay 94.000 millones en crédito bajo riesgo de impago, si bien constata que el sector bancario español cuenta con una adecuada capacidad de resistencia para absorber el impacto que tendría en su solvencia un hipotético escenario severo de deterioro de las perspectivas macroeconómicas como la guerra y la inflación.