El Banco de España advierte de que la subida del SMI perjudica a jóvenes y mayores de 45 años

El Gobierno acordó ayer con los sindicatos, sin el beneplácito de los empresarios, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 15 euros este año con efectos desde el 1 de septiembre, lo que ha despertado la crítica de CEOE y también de los autónomos, que avisan del impacto que podría tener en el empleo de los colectivos más vulnerables por el aumento de los costes laborales.

A estas advertencias se ha sumado también el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante un encuentro organizado por el IESE en Barcelona, en el que ha avisado que subir el SMI tiene «efectos secundarios» en el empleo, sobre todo en los colectivos más vulnerables, como los jóvenes y los mayores de 45 años.

De cos ha hecho un llamamiento a la «prudencia» ante el acuerdo de elevar el SMI 15 euros este año, con efectos desde el 1 de septiembre, y máxime teniendo en cuenta que se recoge el compromiso de seguir revisándolo al alza en 2022 y 2023, cuando se alcanzaría el 60% del salario medio.

«Sabemos que los incrementos moderados en el SMI generan efectos negativos moderados en el empleo, pero que pueden ser más elevados en colectivos de baja productividad, jóvenes o mayores de 45 años«, ha avisado De Cos, apuntando a los colectivos que se verán más perjudicados por la decisión, que no cuenta con el respaldo de la patronal.

«La crisis del Covid no está resuelta en absoluto»

En esta línea, ha aseverado que la «recuperación es firme, pero las características son de recuperación heterogénea», y la crisis económica derivada de la pandemia todavía «no está resuelta en absoluto». Además, ha apuntado que la recuperación está siendo más lenta en los sectores en los que la incidencia del SMI es particularmente elevada, como los servicios o las pymes.

El Banco de España publicará el próximo martes el informe con sus últimas proyecciones económicas, si bien ha avanzado que se confirma la recuperación pero el PIB español no recuperará el nivel previo a la pandemia hasta finales de 2022.

Por ello, ante el compromiso político sobre un aumento gradual del SMI hasta el 60% del salario medio, considera que si se aceptan los efectos secundarios se tiene que poner el foco en la formación de los trabajadores para minimizar dichos efectos.

De cualquier forma, ha vuelto a señalar que la evidencia empírica constata estos efectos en el corto plazo, pero sigue siendo necesario realizar más estudios para esclarecer, entre otros puntos, cuáles son las consecuencias en el largo plazo o si un aumento del SMI genera aumentos de productividad.

La subida de 2019 provocó la pérdida de hasta 170.000 empleos

El organismo supervisor publicó en junio un informe en el que estimaba que la subida del SMI de 2019 redujo entre 6 y 11 puntos porcentuales el empleo entre los beneficiarios del SMI, lo que podría haber supuesto la pérdida de entre 70.000 y 170.000 empleos, si bien hablaba de que afectó (en positivo) al 10% de trabajadores, en torno a 1,6 millones de beneficiados y contribuyó en términos de “equidad”. 

La publicación del informe despertó de nuevo los recelos y las críticas de Unidas Podemos, a pesar de que la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sostuvo que el informe no hablaba de “destrucción de empleo” y celebró que sí hablase en cambio por primera vez de equidad.  

Esta misma semana Cepyme publicó otro informe con Randstad en el que advertía de que elevar un 5,3% el Salario Mínimo, hasta 1.000 euros en 2022, destruiría entre 60.000 y 130.000 empleos hasta 2023.

El problema de la deuda y la productividad

También ha avisado sobre el problema de la deuda pública, que es sostenible a pesar del aumento provocado por la pandemia por encima del 120% del PIB gracias a que los tipos de interés permanecen bajo.

Sin embargo, ha avisado de que el nivel actual sitúa a la economía española en una situación «muy vulnerable» si hubiese un cambio de percepción en los mercados sobre esa disponibilidad.

En este sentido, ha reiterado que España tiene poco margen fiscal para hacer frente a posibles crisis y ha incidido en la necesidad de atajar los problemas del mercado laboral, sobre todo la baja productividad provocada por la alta temporalidad y las «grandes deficiencia» en capital humano y tecnológico.