Baleares, Cataluña y Canarias presionan a Aena para una nueva negociación con sus inquilinos

El conflicto de los alquileres de Aena y sus inquilinos está lejos de terminar. La vía del diálogo está agotada y la salida la marcan los tribunales. Pero los gobiernos regionales que albergan aeropuertos representativos del gestor aeroportuario quieren que la compañía semipública dé su brazo a torcer, pues el enquistamiento puede llevarse por delante miles de empleos, lo que daría lugar a un polvorín no quiere ningún Ejecutivo.

Así, la compañía presidida por Maurici Lucena, quien hasta hace unas semanas pensaba más en el regreso a la política que en el rumbo de Aena, ha recibido en las últimas semanas distintas comunicaciones oficiales de Cataluña, Baleares y Canarias con una misma petición: reconsiderar su postura y volver a sentarse a negociar. 

Desde Baleares, el vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, envió una carta a Lucena con el objetivo de que revisara su decisión de cobrar el alquiler íntegro de 2020 a las empresas que tienen tienda en los aeropuertos de las islas.

Mismo tono empleó días más tarde el conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa. El dirigente catalán optó directamente por solicitar una rebaja de los alquileres de los comercios y restaurantes de los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Girona y Reus. Su idea era clara: fijar los precios de los alquileres con relación a la caída del tráfico aéreo.

Que los distintos altos cargos de la administración hayan movido ficha se debe a que sus regiones albergan algunos de los aeropuertos con más tráfico por pasajeros — El Prat es el segundo, el de Baleares es el tercero y el de Canarias es el quinto —  de la red de 48 aeropuertos en toda la geografía española.

Pero Aena lo tiene claro. Su oferta es «inamovible», como recordó en la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados y volvieron a recalcar durante estas semanas las fuentes consultadas por este medio. La propuesta es la misma que figura en la carta enviada a sus inquilinos el pasado mes de enero, con una rebaja sustancial pero con condiciones.

La cotizada española siempre ha defendido su propuesta, porque implica asumir parte de las pérdidas que los negocios han sufrido por el coronavirus. Además siempre insisten en que, a diferencia de otras entidades, no son una empresa pública financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Empleos en juego

No escapa a nadie que el problema de Aena puede traducirse en un nuevo drama laboral. Patronales y sindicatos llevan semanas pidiendo incluso al presidente Pedro Sánchez que medie en el conflicto. Fuentes de CCOO cuentan a Economía Digital que el presidente ya les ha respondido a su primera misiva, pero únicamente trasladando que dará parte de sus inquietudes al Ministerio de Transporte.

La petición al Gobierno no es ningún capricho, sino un grito a la desesperada. Las patronales de la hostelería, además de los sindicatos, tienen claro que peligra la continuidad de 12.000 empleos si no se encuentra solución al alquiler de los alquileres. Los inquilinos no pueden hacer frente al pago de las rentas que pide Aena, lo que puede llevar a la compañía aeroportuaria a ejecutar los avales y sacar a los comercios de sus tiendas. 

Patronales y sindicatos van de la mano para exigir que el Gobierno intervenga en el conflicto

Es por eso que desde Hostelería de España y Marcas de Restauración  — junto a CCOO y UGT —  coinciden en tachar la situación de “extremadamente grave”, porque existe “un riesgo real para la viabilidad de la mayoría de estas empresas a muy corto plazo”.

El principal dato que justifica esta preocupación es el del número de empleados de las tiendas de Aena que están ahora mismo bajo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE): el 75 % de todos los trabajadores que emplean los inquilinos del gestor aeroportuario.

Pendientes de los tribunales

Con las posturas tan alejadas, solo queda esperar a conocer en qué sentido se inclina la justicia. En las últimas semanas, distintos juzgados de primera instancia se están pronunciando sobre la petición de medidas cautelares por parte de algunos inquilinos, que no quieren que Aena se quede con sus tiendas.

Aunque a mediados de febrero Aena sacaba ventaja con más autos a favor que en contra, las fuentes consultadas indican que el resultado se ha ido equilibrando recientemente. Pese a todo ello, la situación es cambiante con el paso de los días y no se sentará jurisprudencia hasta que no se pronuncie un juzgado superior.