Aviso a Ayuso: los expertos de Hacienda cierran su informe con propuestas de armonización fiscal
El comité de expertos nombrado por la ministra María Jesús Montero ha concluido este jueves los trabajos y entregará su documento el próximo miércoles 2 de marzo
El comité de expertos designado por el Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal prevista para el año 2023 concluyó finalmente este jueves tras varios contratiempos su informe, incluyendo distintas opciones sobre la armonización fiscal pretendida por el Gobierno, las herencias, así como recomendaciones para elevar la fiscalidad en lo referido al diésel o los plásticos, los billetes de avión y una revisión de los tipos del IVA, entre otros. Precisamente, la propuesta de armonización fiscal es la que más polémica suscita, puesto que encuentra la total oposición de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha advertido que recurrirá judicialmente cualquier medida en esta dirección.
Los ‘sabios’ procederán a la edición y entrega del Libro Blanco a la ministra María Jesús Montero el próximo miércoles, 2 de marzo, apenas dos días fuera del plazo inicialmente establecido para el 28 de febrero, según confirman a Economía Digital desde este cónclave de expertos, constituido el 12 de abril del año pasado, que ha logrado cerrar definitivamente el documento tras el intercambio de documentos de las distintas ponencias relativas a ámbitos tributarios como la fiscalidad ‘verde’, patrimonial o los tributos para las nuevas realidades económicas.
Los especialistas se habían marcado de límite para entregar una versión del denominado Libro Blanco finales de este mes de enero, sin embargo el retraso en los trabajos ante la marcha de dos de sus miembros y la no culminación de los apartados ha demorado el cierre del documento, todo ello entre turbulencias ante la marcha de dos de dos de sus integrantes, los catedráticos de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio y de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri.
Las propuestas versan sobre todo sobre armonización de la imposición patrimonial, criptomonedas, transacciones digitales e ‘impuestos verdes’, como subida de carburantes, impuesto a los billetes de avión, gases fluorados o el impuesto de plástico de un solo uso que operará desde 2023, aunque para todos baraja compensaciones y estos planteamientos “no servirán para poder plantear una reforma en profundidad que suponga un revulsivo a todo el sistema tributario actual”, sostienen.
Los últimos flecos que se han cerrado han sido las alternativas sobe un mínimo exento común para las autonomías de régimen común para el Impuesto de Patrimonio, la opción de un impuesto dual (cuota autonómica y estatal con un mínimo exento aplicable a todo el Estado que solo ingresaría la diferencia entre ambas cuotas con el límite de la cuota estatal, así como una revisión de las exoneraciones a las empresa familiar y el cierre en materia de fiscalidad verde.
Informe: acotar tipos reducidos de IVA, armonización y subir a grandes patrimonios
El comité, de carácter multidisciplinar con especialistas en el ámbito del Derecho tributario, la Economía y la Hacienda Pública, apenas ha profundizado en los grandes impuestos españoles –IVA, IRPF y Sociedades–, y sus trabajos se han centrado en configurar una panoplia de propuestas variadas.
No obstante, fuentes del comité confirman a este medio que sí hay comentarios sobre la elevada capacidad recaudatoria del IVA, sugiriendo destinar los ingresos extra para mejorar las ayudas directivas a los más vulnerables, y limitar los tipos reducidos del IVA, ya que España presenta uno de los tipos efectivos (8,8%) más bajos de Europa. También se propondrá poder modificar el límite conjunto en las cuotas de IRPF y Patrimonio que fija que no se puede superar el 60% de la base imponible del IRPF, en línea con lo sucedido ya en Navarra o las disputaciones vascas, donde se ha endurecido al 65%. En la práctica la eliminación de este escudo fiscal supondrá una subida de impuestos a los grandes patrimonios.
“No hay redefinición de bases imponibles ni gravaciones diferentes, solo comentarios generales“ sobre el Impuesto de Sociedades, confirman las mismas fuentes. No obstante, el informe sí pone el foco en el uso de sociedades para la elusión de impuestos. En materia de planificación fiscal se abordan las distorsiones a la hora de establecerse las distintas formas societarias para el tratamiento fiscal, por ejemplo, de un autónomo a la hora de elegir declarar por IRPF por el sistema de módulos o por Sociedades, con las implicaciones fiscales y mercantiles que una y otra opción conllevan.
Sobre armonización fiscal, el punto más polémico por el enfrentamiento entre el Gobierno central y el PP, sobre todo la Comunidad de Madrid, el documento de los expertos plantea distintas opciones, entre las que figurarían una fórmula estatal que incluya una compensación a las CCAA que aplican en mayor medida estos tributos por los ingresos que dejarían de percibir o la fijación de una cuota mínima estatal, lo que dejaría margen a las regiones para poder subir los tipos o mantenerlos en el suelo que eventualmente se fijase.
Se baraja la posible introducción de horquillas estos impuestos patrimoniales, pero, a la postre, la armonización limitaría la capacidad fiscal de las CCAA en lo que a los denominados impuestos cedidos se refiere, ya que se obligaría a fijar un tipo suelo en regiones donde se encuentran bonificados en su práctica totalidad, como es el caso de las regiones ‘populares’ de Madrid, Andalucía o Murcia.
Imposición verde y toque de atención por los PERTE
Otro de los ámbitos plasmados en el documento es el referido a la modernización del sistema fiscal español a través de la incorporación de directivas europeas relativas a la economía digital y una batería de propuestas en materia de fiscalidad medioambiental, en línea con las líneas marcadas por Europa y comprometidas en el Plan de Recuperación.
A grosso modo se recogerán contribuciones para ver cómo tratar las transacciones digitales ante la dificultad de determinar las bases imponibles, así como la forma de gravar las plusvalías de las criptomonedas en lo que afecta al cumplimiento fiscal y, por ende, a la recaudación. Con todo, recuerdan las mismas fuentes que se tendrá que regular en línea con lo que se decida finalmente en el marco de la OCDE y la Comisión Europea.
Desde el comité también confirman que el documento definitivo, pendiente de editar, recogerá un gran número de propuestas en línea general en materia de fiscalidad ‘verde’, como la centralizacion de tributos autonómicos como el impuestos a los residuos, y los tributos impulsados a los plásticos, a los gases fluorados, la aparcada revisión de las bonificaciones al diésel o también el impuesto específico a los billetes de avión, según adelantan a este medio.
Según ha podido saber Economía Digital, también se incluirá en el informe un «toque de atención» a Hacienda sobre la gestión de los fondos europeos al apercibir por no haberse logrado crear un marco «suficientemente atractivo como para llegar a incentivar la inversión privada».
Montero avanza «fiscalidad progresiva» y un análisis sin prisas
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dijo estar «deseosa» de conocer dicho informe, que se conocerá «en menos de 15 días» y servirá de base para la reflexión por parte del Gobierno para una «fiscalidad progresiva», por la que «más contribuyen los que tienen más capacidad» y se garantizan los servicios públicos de Educación, Sanidad y dependencia, habiendo «margen fiscal», como, sostuvo, aseguran los organismos internacionales como el FMI.
Tras conocer en los próximos días esas conclusiones, el Ejecutivo analizará «con el tiempo que necesite» esa reforma fiscal que consensuará dentro del Ejecutivo de coalición y con las formaciones políticas que posteriormente tienen que apoyarla en el Congreso de los Diputados, si bien cabe señalar que la entrega del informe de los expertos se produce tras la contienda en el seno del Gobierno por la reforma fiscal, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tildase de «inoportuna» la presentación de Podemos de su propuesta fiscal sin haber esperado a las recomendaciones de los expertos.
La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, replicó después a Montero señalando que lo que le parece «inoportuno» es que en España, en plena recuperación económica, los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que las grandes empresas».
Entre las principales propuestas de Podemos para recaudar 29.800 millones figura el aumento de los tipos impositivos del IRPF a los contribuyentes con más de 120.000 euros de renta; sustituir el impuesto de Patrimonio por una tasa a grandes fortunas; aumentar un 10% el impuestos de Sociedades a las eléctricas, un impuesto estatal que grave las viviendas vacías, otro nuevo tributo para gravar los alimentos de mala calidad nutricional y un nuevo marco de fiscalidad ‘verde’. También bajar impuestos a productos de higiene femenina, peluquerías, productos alimentarios, servicios veterinarios y pymes.
La semana pasada el PSOE, con los votos de PP, Vox, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, UPN, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC y Foro Asturias, tumbó en el Congreso la reforma fiscal de Unidas Podemos. Junts y Teruel Existe se abstuvieron. El grupo de Unidas Podemos había pactado una propuesta conjunta con EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís, pero no salió adelante al recibir solo el apoyo de ERC y BNG.
La idea del Gobierno en principio pasa por aprobar alguna medida este año pero dejar el grueso de los cambios para los Presupuestos de 2023 –el Plan de Recuperación solo consigna la entrada en vigor de las recomendaciones del comité en el primer semestre de 2023–, año en el que previsiblemente tendrán lugar las elecciones generales, lo que podría complicar la hoja de ruta fiscal del Gobierno.