Ayuso y barones del PP se reactivan: ofensiva por los fondos de la UE

La grave crisis interna del PP ha hecho saltar por los aires la dirección nacional del partido y con ello la acción política se había quedado en ‘stand-by’, pero aunque la situación en el seno del partido tardará aún un tiempo en solventarse y en el partido se da prioridad ahora a la guerra entre Rusia y Ucrania, los barones del PP están decididos a reactivar de inmediato la acción política y su labor de oposición al Gobierno trasladando una ofensiva contra los fondos europeos y la pretendida armonización fiscal en sus intervenciones.

Así lo trasladan a Economía Digital en fuentes del PP y de las distintas regiones gobernadas por los ‘populares’, que admiten que tanto diputados, como senador y a menos escala a nivel autonómico y municipal los dirigentes se han quedado «noqueados» temporalmente por los acontecimientos que se han venido sucediendo en los últimos días y se han vistos afectadas reuniones de trabajo y la actividad interna del partido.

La polémica entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso por la sospecha de irregularidad en el cobro de comisiones de su hermano por intermediar en un contrato de mascarillas, en medio de acusaciones de espionaje por parte de la dirección nacional del partido, ha provocado ya varias dimisiones de cargos, entre ellos la del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la convocatoria de un congreso extraordinario en abril, con la cada vez mayor probabilidad de que se ponga fin a la etapa de Pablo Casado como líder del partido.

En el marco de esta recta final del liderazgo de Casado, los ‘barones ‘populares’ se vieron este miércoles en la reunión de la junta directiva nacional convocada por Casado para tratar la crisis interna y acordar el congreso nacional, una vez que los dirigentes autonómicos del PP le habían pedido que facilitase la transición, y justo dos días antes de la cita prevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otros seis ministros y el resto de presidentes autonómicos en la Conferencia de Presidentes, finalmente cancelada con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania.

Así las cosas, Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid) prevén recobrar su agenda en clave nacional tras el choque con Casado, junto al resto de líderes autonómicos del PP, Alberto Núñez Feijoó (Galicia), Juanma Moreno (Andalucía) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León).

Conferencia de Presidentes cancelada

El ‘equipo’ de Sánchez que iba a haber acudido a la Conferencia de Presidentes en La Palma de este viernes estará formado por las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, frente a la ausencia de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, por motivos de agenda, pese a ser uno de los focos claros del PP al haber pedido incluso su dimisión por su gestión de los fondos europeos.También iban a haber estado presentes la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y los ministros de Presidencia, Felix Bolaños; Hacienda, María Jesús Montero; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Sanidad, Carolina Darias.

El orden del día de la Conferencia de Presidentes contemplaba el seguimiento de los acuerdos cerrados en citas previas, así como una evaluación de la situación epidemiológica como viene siendo habitual desde su inicio, de la recuperación económica y social, los datos de despliegue de los fondos europeos, la cooperación en materia de emergencias en protección civil y la modificación del Reglamento de la Conferencia.

A la cita iban a haber acudido 16 presidentes autonómicos, ya que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se iba a ausentar de la cita al considerar que no había contenido sustancial y se trata de «una foto», además de que se suma el hecho de que la mesa de diálogo bilateral sigue sin fecha para su tercera reunión. La decisión de Aragonès ha sido criticada por el Gobierno por «dejar sin voz a los catalanes2.

Prioridad a la guerra entre Rusia y Ucrania pero se mantiene la ofensiva por los fondos

Desde los distintos gobiernos autonómicos del PP señalan, no obstante, que hay consenso en relanzar la ofensiva contra el Ejecutivo por la gestión de los fondos europeos «transparencia», «reparto equitativo» y «agilidad» en la ejecución de los fondos ‘Next Generation EU’, aunque desde el PP ahora dan prioridad sobre todas las cosas a la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras se desarrolla la etapa de transición interna en el PP con la celebración del congreso extraordinario a principios de abril para elegir al nuevo líder del partido, previsiblemente el actual presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoó.

De cualquier forma, los barones del PP harán bloque tras la crisis interna y reclamarán haya una mayor participación de las CCAA, toda vez que se han celebrado ya 60 conferencias sectoriales y se han repartido ya más de 12.000 millones de euros de fondos europeos a las regiones, de ellos en torno a 337 millones (el 3%) de forma que no se han pactado con las comunidades autónomas, distribuidos de forma discrecional mediante subvenciones directas, convenios y otros instrumentos, como parte de trabajos que responden a criterios específicos como la extrapeninsularidad o son proyectos piloto asociados a contextos y circunstancias muy concretas.

En los últimos meses el PP ha desarrollado una ofensiva nacional por lo que consideran una gestión «caótica» e «irregular». De hecho, la Comunidad de Madrid ya recurrió el reparto de 9 millones del SEPE, al o que se sumó Galicia y le sucedieron advertencias de otras regiones como Andalucía o Castilla y León. El PP ha trasladado a Bruselas sus quejas con un reciente viaje de varios alcaldes ‘populares’, aunque la Comisión Europea ya ha dicho que no reforzará el control más allá de las indicaciones del Plan de Recuperación.

Regiones como Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijoó, que relevará a Casado al frente del PP, van a trasladar al Gobierno una propuesta de compartir la responsabilidad de ejecución de los fondos ante la advertencia de que si no se descentralizan estos recursos podrían quedarse bloqueados en los ministerios. Entre las regiones del PP hay recelos con el Ejecutivo central por el centralismo que consideran que se está produciendo en el desplieuge de los fondos.

«El Gobierno se queda para repartir siete de cada diez euros que la UE destina a España», denuncian las mismas fuentes del PP, que añaden que más del a mitad de los fondos inyectados por la Comisión no se han traducido en convocatorias y apenas «menos de 3.000 millones de euros» han llegado de verdad a pymes y autónomos.

Los datos conocidos de en términos de ejecución presupuestaria, relativos a 31 de diciembre de 2021, se autorizaron 22.124 millones, el 91% del total de 24.198 millones presupuestados; se comprometió crédito por 20.973 millones (87%), se reconocieron obligaciones por 19.994 millones (83%) y se realizaron pagos de 11.001 millones, el 45%. Así, los barones del PP en bloque exigirán acelerar la ejecución ante la «lentitud» actual y trasladarán sus quejas por la «arbitrariedad» que consideran que está habiendo en el reparto.

Ayuso volverá a combatir la armonización fiscal

Además de la ofensiva por los fondos europeos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está decidida también a seguir batallando por sus habituales reivindicaciones en torno a la financiación autonómica y su rechazo frontal a la pretendida armonización fiscal que plantea el Gobierno.

Y es que Ayuso hará un frente férreo de nuevo contra la armonización fiscal que se incluirá en el informe definitivo de recomendaciones del comité de expertos designado por el Ministerio de Hacienda, que se reúne este jueves para cerrar el documento y entregarlo a primeros de marzo, según confirman a Economía Digital en fuentes de este cóncalve, y todo ello en el marco de la guerra fiscal que se mantiene abierta entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los líderes autonómicos del PP, sobre todo la Comunidad de Madrid.

Este mismo miércoles el portavoz del Ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio, cargó contra la posibilidad de que se suban los impuestos mediante la armonización fiscal de los impuestos patrimoniales, algo que consideraría un «gravísimo perjuicio» para los madrileños y «toda España», ya que las inversiones que recibe España por su política fiscal se podría ir al exterior.