Aviso a propietarios: los españoles son de los más desprotegidos de la UE de los okupas

El despacho de abogados Círculo Legal Barcelona avisa en su último informe de la desprotección que sufren los propietarios españoles a la hora de recuperar sus viviendas en caso de okupación. El documento, recogido por Idealista, afirma que «España está a la cola de la Unión Europea» en lo que se refiere a la proyección ante procesos de desahucio y precarios.

«El cúmulo de medidas legislativas extraordinarias adoptadas a raíz de la pandemia y la entrada en vigor del Estado de Alarma han retrasado, todavía más, los procedimientos judiciales en España. La justicia española atraviesa en la actualidad un estado de colapso que ha provocado el retraso sistemático de numerosos procedimientos judiciales.

«Entre ellos destacan los desahucios y precarios, que cada vez afectan a más propietarios que se ven obligados a esperar durante meses a que se produzca el lanzamiento de las personas que okupan su vivienda ilegalmente», asegura el despacho de abogados.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan a que el periodo que deben esperar los propietarios de media en España para echar a un okupa ilegal se situó en 2021 en 18,1 meses, plazo que incluye tanto los «procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas» de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción en lo civil (9,6 meses) y las «apelaciones de sentencias de juicios verbales» de las Audiencias Provinciales (8,5 meses).

Y la cifra ha ido aumentando con el paso de los años. En 2020, sin ir más lejos, el promedio total para conseguir una sentencia en firme estaba en 16,7 meses, mientras que en 2019 se situaba en 13,1 meses, según el portal inmobiliario. En 2018, último año al que se remonta la serie histórica entre ambas instancias, el plazo estaba por debajo del año (11,7 meses). 

Procesos insuficientes

Círculo Legal también apunta que los mecanismos que contempla la ley en los procesos de desahucio y precarios son insuficientes, de ahí que los propietarios españoles estén más desprotegidos que en otros países europeos.

«Si comparamos con el resto de la UE la situación en España es peor y mucho más desfavorable para el propietario 

«Si comparamos con el resto de la Unión Europea, la situación en España es peor y mucho más desfavorable para el propietario no solo porque los procedimientos judiciales son más rápidos sino también porque se adoptan mayores medidas de protección para los ciudadanos vulnerables sin buscar ninguna medida que favorezca a los propietarios”, afirma Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona.

La abogada de Círculo Legal recuerda que los Real Decretos Leyes aprobados a raíz de la pandemia se centraron en proteger a los ocupantes y arrendatarios vulnerables, y no tanto a los propietarios que tienen que hacer frente a desahucios y procedimientos judiciales de precario. Una situación que, en su opinión, da la sensación de que existe cierta «impunidad por parte de los ocupantes o de los arrendatarios que dejan de cumplir con su obligación de pagar la renta».

Desalojos en 24 horas y un pacto de Estado

El Partido Popular ha registrado este verano en el Congreso de los Diputados una proposición de ley contra la ocupación ilegal que permita el desalojo en 24 horas y recupere el delito de usurpación de inmuebles. 

Además, la ley que trata de impulsar la formación pretende impedir a los okupas que se empadronen y puedan optar así a los beneficios asignados por las Administraciones Públicas, ya que el okupa «no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad o sus agentes».

La normativa plantea también reformar el Código Penal para castigar a las personas que con violencia o intimidación okupen un inmueble con penas de uno a tres años de prisión y plantea cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los propietarios de una vivienda que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento puedan agilizar el procedimiento para reclamar su recuperación.