El automóvil amenaza el paseo triunfal de Pedro Sánchez en la presidencia de la UE

Pedro Sánchez se prepara para asumir la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea el 1 de julio. Entre planes de giras y cuando aún falta cuatro meses y medio, ya se empieza a entrever la agenda europea del presidente español. Sin embargo, parece ser que a temas tan claros como la política migratoria o la guerra de Ucrania, se le ha sumado una nueva preocupación que podría poner el sector automóvil en su contra y amenazar lo que sería un paseo triunfal por las instituciones europeas: la Euro 7 y sus consecuencias.

Aún sujeta a cambios tanto por el Parlamento como por el Consejo europeo, a grandes rasgos, es una nueva normativa comunitaria más restrictiva que limita las emisiones contaminantes de los coches de combustión acabados de salir de las fábricas. Para turismos y furgonetas se prevé que empiece a aplicarse a partir de 1 de julio de 2025, mientras que para los camiones y autobuses tardará dos años más. Si no hay modificaciones en el calendario, esto quiere decir que se aprobará mientras el Sánchez encabece el Consejo. 

La Euro 7 ya ha hecho saltar las alarmas de la industria automovilística, tanto a nivel europeo como español, un sector que genera una décima parte del PIB nacional. Así lo han reflejado los altos cargos del sector durante el foro ‘La movilidad de todos’ organizado por Anfac, la patronal de los fabricantes de coches, donde han dado cifras al impacto de esta normativa: miles empleos en riesgo, inversiones millonarias que no se llegarían a amortizar antes de dejar de fabricar modelos de combustión en 2035 y coches más caros. 

El mismo presidente de la patronal, así como de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, ha sido claro: “No tiene sentido apoyar la normativa Euro 7”. Según el directivo, supondría una “mejora marginal” respecto a las emisiones marcados por la normativa vigente, el Euro 6D, y no soluciona el principal problema ambiental actual: tener un parque envejecido y más contaminante, una afirmación que ha secundado el mismo comisionado del Perte del coche eléctrico, José María López Martínez. 

Además, implicaría grandes inversiones que desviarían fondos destinados a la electrificación de las fábricas, ya que las empresas deberán de actualizar la tecnología utilizada en los motores térmicos actuales para cumplir con la normativa. Griffiths ha asegurado, también, que dañaría particularmente la industria española, ya que afecta especialmente a los vehículos más pequeños, la mayoría de los fabricados en España, por lo que el precio de los coches acabaría subiendo unos 2.000 euros. “Estamos en riesgo real de cerrar fábricas y de perder miles de empleos en España”, ha alertado. 

Renault: 1 billón de euros

También durante el foro, Josep María Recasens, presidente de Renault España, ha dado más cifras al impacto de esta normativa para la automoción: el grupo Renault tendría que invertir 1 billón de euros en Europa para adaptar sus motores al Euro 7. “Somos el 10% de la cuota europea, haced la cuenta”, ha añadido. Para el también director de estrategia del grupo francés, “no tiene sentido” que se les exija “invertir recursos humanos y capital en adaptar una tecnología que tiene su fin de vida a la vuelta de la esquina”. “El automóvil apuesta por la descarbonización, pero desde un punto de vista racional y ordenado”, ha añadido. 

A todo esto, el director general de la patronal, Jose López-Tafall ha apelado directamente al Gobierno, a quien ha solicitado una “revisión completa” de la normativa y la ha vinculado directamente a la presidencia española del Consejo Europeo: “Será uno de los dosieres estrella en el segundo semestre de 2023”. “Es el único sector que debe de cambiar toda su tecnología en 12 años, debemos de centrarnos en el horizonte 2035”, ha añadido.

Un 4% menos de emisiones

En este sentido, López-Tafall también ha lamentado los recursos que se tendrán que destinar a los motores de combustión, que se dejaran de vender en una década: “Es una paradoja”. Por último, ha defendido que supondrían unas reducciones de contaminación mínimas, de un 4% en turismos y comerciales y de un 2% en camiones.

De cumplirse sus previsiones, mancharía la imagen de Sánchez en las instituciones europeas. Consciente de ello, a las reclamaciones directas del sector en torno a la Euro 7, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado que están “sensibilizados” con las propuestas de los fabricantes.

“Como defensores de la industria que somos en este Gobierno, estaremos a la altura para que este nuevo reglamento, si finalmente se aprueba, que ahora mismo hay un debate abierto en el seno de la Comisión, no merme en ningún caso la competitividad de nuestro sector y tengamos en cuenta cuáles son las ventajas y los problemas que tiene”, ha añadido.