Nuevo choque entre Gobierno y automoción: los Presupuestos racanean 700M a la electromovilidad
El Ejecutivo tumba seis enmiendas de carácter fiscal impulsadas por Anfac que buscaban incentivar la compra de coches eléctricos y la instalación de cargadores de alta potencia
El presidente Pedro Sánchez, junto a Wayne Griffiths cuando fue nombrado presidente de Anfac. Moncloa
Después del fiasco que supuso la resolución del Perte del coche eléctrico, el Gobierno vuelve a decepcionar a la automoción. El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos ha tumbado seis de las siete enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) impulsadas por Anfac que tenían como objetivo incluir en las cuentas medidas fiscales para impulsar la electromovilidad.
La suma de estas políticas requería un esfuerzo total de unos 700 millones de euros por parte de la Moncloa, según estimaciones de la patronal de los fabricantes automovilísticos. Esta cifra es una suma del dinero destinado a partidas directas y de la pérdida de recaptación de Hacienda por deducciones en impuestos. De hecho, la única de las peticiones hechas por la asociación que ha pasado el filtro es aquella que “no hace daño” a los presupuestos, según critican fuentes del sector.
Impulsada por el diputado del PdeCAT, Ferran Bel, la enmienda aprobada este miércoles introduce cambios en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por los cuales se permitirá reducir a la mitad el periodo de amortización -de media supone pasar de 6 a 3 años-, de las inversiones realizadas por empresas en la adquisición de los vehículos alimentados con energías limpias. Concretamente, incluye los que funcionan con electricidad pura, con pila de hidrogeno, los híbridos enchufables y los eléctrico de autonomía extendida.
De todas, cinco de las propuestas ni siquiera fueron debatidas en el Congreso de los Diputados, tras el veto del Gobierno de Pedro Sánchez durante la tramitación previa por conllevar un aumento de gasto o una disminución de ingresos. En tres casos, Anfac pedía cambios en el IRPF, con una medida que planteaba no integrar en su base imponible la ganancia patrimonial del Moves al adquirir coches y puntos de carga, por lo que Hacienda ingresaría unos 180 millones de euros, según calcula la patronal.
Las otras propuestas sugerían un incremento del 30% al 75% en la deducción del impuesto por la retribución en especie asociada a la entrega de vehículos al personal de una empresa, como se hace en Alemania; o una deducción de un 15% el gasto en la compra de un eléctrico o su infraestructura de carga, con un máximo de 4.000 euros.
Deducciones en el IVA
En cuanto a las dos restantes, una de las medidas se refiere, también, al Impuesto de Sociedades, con una deducción del 10% de la adquisición de vehículos o puntos de carga; mientras que la otra pide una deducción total del IVA de los automóviles eléctricos para empresas, sin el requisito de estar vinculado a una actividad económica.
Por último, Anfac reclamaba incluir una nueva partida de 300 millones de euros para un plan de ayudas que financie tanto la inversión como la operación y el mantenimiento de puntos de carga de acceso público de alta potencia. Esta aportación sí pasó por el Congreso, pero cayó después de cosechar 185 votos negativos de los diputados de PSOE, UP y ERC. Hasta la fecha, en España hay apenas un tercio de las infraestructuras de recarga suficientes para cumplir con los objetivos medioambientales marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima Impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La patronal presidida por el directivo de Seat, Wayne Griffiths, había negociado inicialmente estas enmiendas con la mayoría de los partidos de la oposición. Al final, solo el PdeCAT ha dado apoyo a la totalidad de sus propuestas, mientras que el PP y Ciudadanos se han mostrado favorables a tres de las siete. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, Anfac también se había sentado a negociar con ERC, Bildu y el PNV, pero los socios del Gobierno se han levantado de la mesa al conseguir acuerdos en otras materias de su interés, como la reforma del delito de sedición, o la recientemente cesión de competencias pactadas con los abertzales.
455 millones en los PGE
En los PGE solo figuran 455 millones de euros destinados a impulsar la movilidad eléctrica, según el proyecto de ley, a través de ayudas y subvenciones a fondo perdido y con inversiones financieras. Esta partida se incluye en el Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, que tiene un presupuesto total para 2023 de 1.803 millones de euros y va mucho más allá del impulso del coche eléctrico, financiando también las Zonas de Bajas Emisiones.
La automoción estará atenta a la redacción de la Ley de Movilidad y Agenda Urbana, donde se desglosarán todas estas partidas. La única ayuda directa de la que tiene constancia el sector incluida en los PGE es el ya anunciado incremento en el presupuesto del programa MOVES III, destinado a subvencionar la compra de vehículos y la instalación de puntos de recarga. Dotado con 800 millones de euros, recibirá 400 millones adicionales.
Pese a estas partidas, la automoción pide una reforma fiscal orientada al uso del vehículo y a bonificar la compra de electrificados para incentivar e impulsar su cuota de participación en el mercado nacional. El sector asegura que estas ayudas son necesarias si se quiere incrementar el parque de eléctricos. “No estamos pidiendo cosas imposibles. Hemos copiado lo que ya se hace en otros países”, apuntan desde la patronal, que se ha inspirado en políticas de Alemania y Portugal.
Además, Anfac estima que, gracias a la subida de precios, Hacienda recaudará el doble que en 2019 con la compra de coches, pese al descenso en las ventas. Entre el IVA y el Impuesto de Matriculación, de media, el Gobierno se lleva unos 1.200 euros por la compra de un vehículo. Hasta octubre, en España se han vendido 666.247, de forma que más de 79 millones de euros ya han ido a parar a las arcas públicas.
Desde el sector, lamentan que el Gobierno no haya querido impulsar una reforma que se amortizaría «en poco tiempo». La patronal calcula que, en los próximos tres años, el ministerio de María Jesús Montero podría recaudar unos 3.900 millones de euros con el incremento en la venta de coches que podría comportar la reforma fiscal.
Por ahora, el Impuesto de Matriculación y el de Circulación se graban en función a los niveles de co2 que emite el vehículo comprado. También existen deducciones y bonificaciones en los tributos ya mencionados, pero la asociación de fabricantes las quiere ampliar.
