La armonización fiscal de Montero restaría dos puntos al PIB de Madrid y más de uno al de España

La CEOE ha lanzado su propuesta de reforma fiscal alternativa a través de su ‘think tank’, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en la que deja claro que no es el momento de subir impuestos en España y advierte del impacto perjudicial en la economía y el empleo de la pretendida armonización de los impuestos patrimoniales, sobre todo en regiones con dichos tributos bonificados como la Comunidad de Madrid o Andalucía.

Así lo deja claro el ‘Libro Blanco para la reforma fiscal’ del IEE de 822 páginas, elaborado por 60 expertos tributarios y publicado justo en la antesala de las recomendaciones del comité de expertos designado por el Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal en profundidad, que deberán estar listos el día 28 de este mes de febrero a más tardar.

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, junto a la vicepresidenta de CEOE y presidenta de la Comisión Fiscal de CEOE, Pilar González de Frutos, y el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, que han desmontado los mitos sobre la supuesta baja presión fiscal española respecto al resto de países y han presentado una batería de propuestas alternativas a los planteamientos fiscales del Gobierno.

Fernández de Mesa ha criticado el aumento de la presión fiscal llevado a cabo por le Gobierno de Pedro Sánchez, con un alza de 4 puntos entre 2019 y 2022, lo que ha llevado a récord de ingresos fiscales en 2021, superando en 20.000 millones el de 2019,, antes de la pandemia, mientras que los gastos han aumentado en 60.000 millones (en buena medida por la pandemia) y el déficit en 40.000 millones.

No a la armonización fiscal: defensa de la política fiscal de Ayuso

El documento aborda uno de los puntos más polémicos respecto a la reforma fiscal que ultima el Gobierno, como la pretendida armonización de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones expresada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en medio de la ¡guerra fiscal’ que hay abierta con las regiones del PP por su política de impuestos, sobre todo con la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, que ha llegado a aprobar una ley de autonomía financiera.

En este sentido, estima que la pérdida de la corresponsabilidad fiscal podría suponer, a largo plazo, una contracción mínima del PIB regional de Madrid de un 2%, lo que supone, a su vez, una reducción de medio punto porcentual en el nivel del PIB del conjunto de España. Si a ello se añade el efecto contractivo del alza en otras regiones, como Andalucía, el impacto de la armonización será «superior a un punto de PIB (nacional)«, ha precisado Izquierdo.

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, se ha posicionado en contra de la armonización fiscal «de mínimos», que considera un «subterfugio para una subida generalizada de la imposición patrimonial en las CCAA que presentan un sistema fiscal más competitivo», como la Comunidad de Madrid.

Ha realizado una defensa velada de la política fiscal madrileña defendiendo que «no es cierto que sea un paraíso fiscal», como se insinúa desde el Gobierno central, sino la región con más recaudación impositiva tiene y que más recursos aporta en términos de solidaridad a la financiación común del sistema, con 24.000 millones entre 2009 y 2018, más del triple que la segunda, Cataluña, lo que provoca el mayor déficit fiscal de España (diferencia entre lo que se aporta y se recibe), a pesar de ser la región con la deuda más baja (14,6% del PIB).

«No hay ningún margen para subir impuestos»

Fernández de Mesa, ha sido tajante al afirmar que «no existe margen ninguno para una subida de impuestos» porque tendría un impacto «muy negativo» en el crecimiento, ya que podría producir un descenso superior a los tres puntos de PIB en tres o cuatro años. En concreto, un alza fiscal de alrededor de 30.000 millones de euros drenaría el PIB nacional cinco puntos y provocaría la destrucción de un millón de empleos a medio y largo plazo.

Los expertos sostienen en el informe que la única manera de aumentar, de forma sostenible, la recaudación impositiva y reducir el diferencial de presión fiscal pasa por priorizar la recuperación económica y reducir la economía sumergida, lo cual es «materialmente imposible si se eleva, aún más, los impuestos, algo que «incentivará la economía sumergida y reducirá la creación de empleo e inversión».

Añaden al respecto que la carga fiscal que soportan los contribuyentes españoles es ya «muy elevada» en términos comparados cuando se tienen en cuenta variables como el nivel de economía sumergida (presión fiscal ajustada) y el nivel de renta (esfuerzo fiscal). González de Frutos ha aseverado que las diferencias de presión fiscal recaudatoria con Europa no reside en el ámbito de las empresas.

Y es que, sostienen, ya soportan una «mayor presión fiscal y aportan más ingresos fiscales que sus homologas europeas», como tampoco en la fiscalidad patrimonial y las rentas altas. Según el IEE, la presión fiscal empresarial está «muy por encima» del promedio europeo y la global ya muy próxima a la media de la UE.

Propuestas: bajar cotizaciones, ampliar deducciones y tipo máximo del 20% al ahorro

El ‘Libro Blanco’ del IEE aboga de lleno por la consolidación fiscal a través de la eficiencia del gasto para liberar recursos económicos a invertir por el sector privados y no de mayores subidas impositivas, emprendiendo una senda «creíble» de consolidación fiscal a medio plazo. El IEE ultima un documento sobre la eficiencia del gasto, al situarse España en el número 26 de los 36 países de la OCDE en este ámbito.

A este respecto, Fernández de Mesa ha subrayado la necesidad de simplificar el sistema tributario, con más de 200.000 normas, y la elevada litigiosidad, con 42.000 millones de deuda pendiente, por lo que ha insistido en atajar el gasto ineficiente y la economía sumergida, y en acometer una «reducción selectiva» de impuestos con escasa recaudación y elevada distorsión en la economía.

La reforma fiscal que plantea CEOE a través de su ‘think tank’ ve imprescindible reducir las «excesivas» cotizaciones sociales, ante el tipo de cotización del 31,13%, frente a la media europea del 22,2%. Según ha indicado Izquierdo, por cada aumento de un punto de las cotizaciones se contrae el empleo un 0,4%.

En el Impuesto de Sociedades abogan por corregir al 100% la doble imposición de los dividendos, revertiendo la reforma introducida en los Presupuestos del año pasado que redujo en un 5% la exención a los dividendos o participaciones en beneficios de entidades, así como los «ajustes artificiales» introducidos en la base imponible del impuestos.

En concreto, piden evitar las actuales limitaciones a la deducción de gastos financieros, las limitaciones a compensación de bases imponibles negativas y la prohibición de deducir determinados deterioros de activos de inmovilizado o de cartera, así como permitir la compensación retroactiva de bases imponibles negativas y potenciar la deducción fiscal por I+D+i y no adelantarse a las iniciativas internacionales respecto al tipo mínimo.

En materia de IRPF, González de Frutos ha apuntado que el tipo marginal «en ningún caso» debe superar el 50% porque sería «confiscatorio» y situar la tributación máxima de los rendimientos del ahorro por debajo del 20%, al tiempo que se revierta la reducción de los límites para las aportaciones a planes de pensiones y sistemas de previsión social introducidas en las leyes de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021 y 2022. 

Sobre la tributación patrimonial, se han mostrado beligerantes en la defensa de la corresponsabilidad fiscal de todas las CAA, eliminar el Impuesto sobre Patrimonio o, en caso de mantenerse, que nunca se tribute más de un 50% de la renta como suma de las cuotas de renta y patrimonio, además de que el tipo en Sucesiones no supere el tipo máximo del 15% del gravamen y de mejorarse el régimen específico de la empresa familias eliminando o simplificando requisitos.

Sobre el IVA, defienden que el régimen de franquicias del IVA por el que no se hace declaración, se debería establecer ya a corto plazo con un umbral mínimo a los 50.000 euros, sin necesidad de esperar a la entrada en vigor de la nueva directiva, y facilitar la recuperación del IVA de las facturas impagadas.

Fiscalidad verde y digital

Otro de los puntos de la reforma fiscal planteada por la patronal es el referido a la fiscalidad medioambiental, que considera que hay que centrarse en su efectividad y no en la recaudación, ya que ésta debería ser «cero» al tratarse de una iniciativa desincentivadora de prácticas, pese ad darse ya un contexto de «dispersión normativa sin precedentes» con más de 85 impuestos ‘verdes’ creados entre todas las regiones.

Igualmente, sobre la tributación de la economía digitalizada reclaman que no se anticipen decisiones a nivel nacional para evitar los riesgos de deslocalizaciones y los procesos de inversión, criticando que se haya aprobado ya la ‘tasa Google’ que supone un «claro supuesto de doble imposición».

Fernández de Mesa ha alertado sobre la «absolutamente desorbitante» fiscalidad de las ‘startups’, que «desincentiva completamente el emprendimiento» y en su lugar ha pedido fijos impositivos reducidos e incentivos a la actividad emprendedora en los primeros ejercicios, como exenciones de ganancias patrimoniales por la transmisión de valores representativos de la participación enel capital o en fondos propios de nuevas empresas.

Por último, en imposición local defienden que, en el IBI, el valor catastral, que es su base imponible, debe acomodarse a la realidad inmobiliaria actual de una forma dinámica, para que nunca supere la referencia del 50% del valor estimado de mercado mediante la fijación por la Dirección General del Catastro de valores reales y su modificación inmediata ante cambios, o a través de modificaciones normativas que permitan realizar valoraciones a ámbitos territoriales inferiores. +

Para el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) piden ampliar el límite actual para las personas jurídicas exentas del tributo (las físicas lo están siempre), elevando el millón de euros actual de importe neto de su cifra de negocios hasta los cinco millones como mínimo. Finalmente, en el Impuesto de Construcción, inslaciones y obras instan a clarificar los elementos que entran en la base.