Anticorrupción pide investigar a Ron y Saracho por la caída del Popular
La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Andreu que admita a trámite las querellas contra los dos últimos presidentes de Banco Popular
La justicia investigará a la última dirección de Banco Popular antes de su caída. La Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu pidiéndole que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad.
Hasta el momento se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido el pasado 7 junio y posteriormente vendido al Santander al precio de un euro. La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco. También la extinción y la pérdida total de valor de las acciones del banco en negociación en la bolsa.
La intervención del Popular se justificó bajo el argumento de que la entidad ya no era viable, debido a un grave problema de liquidez asociado a la huida de depósitos que vivió en sus últimas semanas de vida. Con todo, esta teoría ha sido cuestionada por numerosos accionistas del banco que perdieron todo el capital invertido y que consideran irregular la liquidación del valor de sus acciones. Varios de ellos han acudido ya a los tribunales españoles y europeos para reclamar su dinero y juzgar a los últimos responsables de la entidad.
Los accionistas cuestionaron desde el principio la liquidación de sus títulos
La Unión Europea instó este verano a recurrir la decisión adoptada por Bruselas ante el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE), ya que entiende este es el único órgano que tiene la total competencia para pronunciarse sobre este tema.
Plan contra las demandas
Igualmente, el Santander, nuevo dueño del banco, anunció la semana pasada que ofrecerá bonos gratuitos a los minoristas del Popular si renuncian a acciones legales contra ninguna de las dos entidades. La operación se dirige a inversores que participaron en la última ampliación de capital y a poseedores de deuda subordinada de la entidad presidida entonces por Saracho.
