El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. EFE

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José Luis Martínez Almeida ha advertido sobre el fuerte impacto económico que supondrá la anulación del impuesto de plusvalías para el Ayuntamiento. de Madrid. El alcalde ha remarcado que la sentencia del Tribunal Constitucional generará un agujero en la parcela de ingresos, en plena fase de composición de los presupuestos municipales del 2022.

«Es un problema gravísimo. Tenemos que tener una serie de ingresos con los que mantener los servicios que damos«, ha advertido el edil popular a los medios durante un viaje a Barcelona.

Almeida ha explicado que la inyección económica que hasta ahora llegaba por el tributo de transmisiones de viviendas representa la segunda mayor fuente de ingresos de carácter fiscal para las arcas de la ciudad de Madrid, solo por detrás de los ingresos procedentes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El alcalde popular ha remarcado el efecto que puede tener este fenómeno en la estrategia económica del próximo curso, marcado por la recuperación tras la crisis del coronavirus. «La situación de incertidumbre hace que sea muy difícil que podamos tener una visión clara de esos presupuestos», ha reafirmado.

Los ayuntamientos de toda España dejarán de ingresar cerca de 2.500 millones de euros por la anulación de este impuesto. Pero al agujero del próximo año se une también un efecto colateral que puede golpear ya a su economía, si los afectados comienzan a solicitar una devolución del dinero que ya han pagado a la administración.

«Puede haber una avalancha de reclamaciones»

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid

Almeida exige al Gobierno que acelere su reforma legislativa

El Ministerio de Hacienda ya ha anunciado que trabaja en una estrategia para compensar el impacto económico de la sentencia del Constitucional. Algo que Almeida ha urgido a poner en marcha cuanto antes. «Esperemos que pasen de las palabras a los hechos porque, si no, están poniendo en gravísimos apuros la economía de los ayuntamientos», ha zanjado.

«El Gobierno tiene que dar de inmediato una respuesta, hablar con la Federación de Municipios y Provincias, y hacer las reformas legislativas pertinentes», ha afirmado.

El alcalde madrileño ha lamentado que esta decisión se haya tomado tres años tarde, ya que los jueces llevan desde 2017 enviando avisos sobre el difícil encaje jurídico del tributo. Es la tercera sentencia que limita la aplicación del este tributo después de las dos anteriores tanto del Constitucional como del Supremo.

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