AIReF reprende a Hacienda por sus excusas sobre el plan de ajuste fiscal

Tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) llevan meses pidiendo al Gobierno que diseñe un plan de reequilibrio fiscal para generar confianza y marcar una senda de consolidación fiscal creíble, a acometer desde el momento en el que se encauce la recuperación y la política expansiva deje de ser tan necesaria.

La Autoridad Fiscal reiteró de nuevo a finales del año pasado una recomendación al Gobierno para que establezca una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera «realista y creíble» la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas.

Fuentes del organismo presidido por Cristina Herrero insisten en la importancia de que España diseñe un plan de ajuste, especialmente tras el cierre del ejercicio 2020, que se saldó con un aumento del déficit público del 10,09% del PIB (10,97% del PIB con ayuda financiera) y una ratio de deuda pública del 120% del PIB, tras incorporar a la Sareb.

Hacienda dice que ya ha iniciado la reducción de déficit

Sin embargo, en la respuesta que dio el Ministerio de Hacienda considera que esta recomendación ya la ha puesto en práctica con la presentación del Plan presupuestario para 2021 que establece una reducción del déficit público al 7,7%, al menos como tasa de referencia en un contexto de suspensión de las reglas fiscales.

También adujo Hacienda en su contestación a la AIReF que ese ajuste se da ya con los Presupuestos para 2021, puesto que, considera, suponen retomar la senda de consolidación que se irá avanzando una vez superada la pandemia y que para su elaboración se contará con todos los niveles territoriales, se tendrá en consideración la deuda pública y los riesgos fiscales existentes.

En la AIReF, fuentes internas señalan que desde el departamento de María Jesús Montero también justifican la postergación del plan de ajuste con el hecho de que antes del 30 de abril el Gobierno tiene que enviar el Programa de Estabilidad en el que se tiene en cuenta una orientación a medio plazo a grandes rasgos.

Sin embargo, la AIReF opina que el carácter anual tanto del plan presupuestario como de los Presupuestos impide que estos puedan dar cumplimiento a esta recomendación y fuentes del organismo señalan que el contenido del Programa de Estabilidad no es suficiente como estrategia a medio plazo, tal y como venía señalando desde antes de la pandemia.

A su juicio, la estrategia fiscal a medio plazo precisa de mucho más detalle y recoger mejor las medidas y el reparto entre los distintos subsectores. De esta forma, AIReF insiste una vez más en la necesidad de una estrategia fiscal a medio plazo «creíble y realista» que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. en el medio y largo plazo.

Las tres razones de la AIReF para el plan

El organismo presidido por Cristina herrero destaca una triple razón por la que es importante dotar a las administraciones de una perspectiva a medio plazo, estas son para reflejar el impacto plurianual de los proyectos financiados con los fondos europeos de recuperación; para arrojar certeza sobre las líneas concretas de actuación y servir de guía de la política fiscal en medio de la incertidumbre derivada de la pandemia.

También ve urgente el diseño del plan para cumplir la exigencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de presentar un plan a medio plazo (plan de reequilibrio) una vez activada la cláusula de escape.

Por estos tres motivos y ante la respuesta no favorable de Hacienda de seguir esta recomendación, la AIReF la considera recomendación viva en el informe sobre sobre las líneas fundamentales de los presupuestos para 2021 de las CC.AA y en el informe de Presupuestos iniciales de las administraciones presentado esta semana.

Persiste también la recomendación de incluir la información sobre los ajustes de contabilidad nacional y añade la de mantener o incrementar la publicación de información sobre la actividad de las administraciones en un contexto de suspensión de las reglas fiscales.

Montero espera la suspensión de reglas fiscales en 2022

Lejos de aproximar una senda de ajuste, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reiterado en varias ocaciones que el ajuste fiscal para sanear las cuentas se acometerá en España “en el momento en que Bruselas lo marque”, pero en todo caso ha dejado claro que España procurará que “no haya prisas” en retirar los estímulos en la economía, lo que podría perjudicar al tejido productivo.

De hecho, ha manifestado su confianza en que Bruselas mantenga la suspensión de las reglas fiscales también en 2022 para seguir revitalizando la economía y no recurrir a políticas de ajuste que retraigan el consumo y la inversión pública. De esta forma, Montero espera que la Comisión Europa permita a España seguir con su actual política de gasto para perpetuar esos “estímulos necesarios” para la economía en forma de ayudas, como los ERTE, con el fin de preservar el tejido productivo. 

En su opinión, el debate sobre el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales por parte de la Comisión se volverá “intenso” en el segundo semestre, ya que por el momento es “prematuro” y no es un asunto prioritario en el Ecofin ni en las reuniones de los ministros de finanzas, al haber quedado paralizado por la amenaza de la cuarta ola de la Covid en la que se centran los Estados.

La alternativa a la suspensión de las reglas fiscales sería un cambio de los parámetros del procedimiento de déficit excesivo (más allá del 3% del PIB) en el que incurrirían todos los Estados miembros, algo que para Montero no tiene “lógica”.

Mientras tanto, el Gobierno seguirá trabajando en las figuras fiscales previstas que abordará el grupo de expertos preseleccionado para la reforma fiscal integral, que dará a conocer en las próximas semanas, y en la Ley de lucha contra el fraude en tramitación en el Congreso. 

Augura un déficit del 7,6% del PIB este año

En su último informe, la AIReF estima un déficit público del 7,6% del PIB en 2021 en su escenario central, reduciendo su previsión algo más de tres décimas respecto al informe de noviembre y siendo una décima inferior a la tasa de referencia del Gobierno (7,7%). Se reduciría 3,3% respecto al 11% en el que cerró 2020 (10,09% sin la ayuda financiera).

El organismo mejora su pronóstico del desajuste por el nuevo escenario macroeconómico, que supone un deterioro del déficit de 1 punto; las nuevas medidas de los gobiernos para paliar los efectos de la pandemia que, junto a las modificaciones en la tramitación de los Presupuestos implican un deterioro de un punto adicional; y la incorporación de nueva información presupuestaria, que compensa los otros dos factores con una reducción del déficit en 2,3 puntos respecto al informe anterior.

En este escenario, augura que los ingresos crezcan un 5,8% en 2021, situándose en el 40,4% del PIB, 43,3 % incluyendo los ingresos del Plan de Recuperación, siete décimas más que en el informe anterior, en tanto que los gasto se situarán en el 48%, sin incluir el Plan, cuatro décimas más. Además, AIReF continúa asumiendo la ejecución de los gastos vinculados al Plan de Recuperación según lo recogido en los PGE, lo que impulsará el crecimiento del gasto al 5,3% según la AIReF, hasta situarse en el 50,9% del PIB.

Por subsectores, la AIReF ha incrementado en algo más de cuatro décimas la previsión de déficit de la Administración Central por las nuevas medidas aprobadas, hasta el 6% del PIB, mantiene el déficit de los Fondos de la Seguridad social en el 1,5% y mejora en cuatro décimas la previsión en CCAA (déficit del 0,4%) y corporaciones locales (superávit del 0,3%).

La deuda rozará el 119% del PIB

También lanza la voz de alarma la AIReF sobre la deuda, afectada por el alza del déficit derivado de las necesidades de financiación por la crisis y la paralización de la actividad. Tras cerrar en e el 120% del PIB en 2020, su valor máximo de los últimos cien años, proyecta una reducción de 1,3 puntos en 2021, hasta el 118,7% del PIB.

La institución detecta riesgos y retos elevados para la sostenibilidad a medio y largo plazo de las cuentas públicas y señala la posibilidad de que la crisis tenga efectos permanentes sobre el tejido productivo, a lo que habría que añadir la mayor dependencia de unas condiciones favorables de financiación como las actuales y el desafío conocido del envejecimiento de la población y el mayor gasto en pensiones, que de no ser financiado con ingresos adicionales se traducirá en un incremento muy significativo del endeudamiento desde unos niveles históricamente muy elevados.

Menos ingresos de lo previsto con la ley antifraude e impuestos verdes

Así las cosas, AIReF calcula que las nuevas medidas adoptadas hasta la fecha suponen un incremento del déficit de 1 punto del PIB este año. En total, las medidas pasan de alcanzar el 4,3% del PIB (47.909 millones) en 2020 al 2,7% (32.602 millones) en 2021. La más cuantiosa es la referida a los ERTE (prestación por desempleo y exoneración de cotización), que representará el 0,7% del PIB, con más de 8.000 millones, en tanto que la prestación por cese de actividad y la exoneración de cotización a los autónomos algo más de 1.800 millones.

El ingreso mínimo vital conllevará un coste de 1.456 millones, una décima de PIB, lo que supone un recorte de 1.500 millones respecto a los 2.956 millones que estimaba anteriormente debido a que el número de beneficiarios de esta prestación está siendo muy inferior al número de los beneficiarios potenciales que se habían anunciado por el Gobierno.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, hasta marzo la ayuda llegó a 203.000 hogares en las que viven 565.000 personas, lejos de los 850.000 hogares y 2,3 millones de persona anunciados por el ministro José Luis Escrivá, que calcula que la prestación supondrá una inversión pública anual cercana a los 3.000 millones de euros.

Mientras, la rebaja del IVA a los tipos del material sanitario supondrá 538 millones. Lo referido a la bajada del IVA a las mascarillas del 21% al 4% tendrá un impacto anual de 353 millones de euros, casi cinco veces menos de lo que señaló en su momento el Ministerio de Hacienda.

También ha revisado a la baja el impacto de las medidas de ingresos, al augurar 2.898 millones, el 0,2% del PIB, 1.104 millones menos frente a los 4.002 millones (0,3%) inicialmente previstos, sobre todo por la menor recaudación que estima en fiscalidad medioambiental como consecuencia de que finalmente no se produjo la reducción de la bonificacion al diésel.

En detalle, prevé que la fiscalidad medioambiental reporte 313 millones de ingresos, frente a los 1.124 millones que estimaba antes, ante la ausencia de la subida del diésel (571 millones), la menos recaudación prevista por el impuesto sobre plásticos (de 123 millones a 98 millones) y la reducción a la mitad de los ingresos estimados con el nuevo gravamen sobre residuos (de 431 millones a 215 millones).

Además, estima que la ley de lucha contra el fraude fiscal que se encuentra en tramitación en el Congreso, con la previsión de Hacienda de que pueda ver la luz en el primer semestre, aportará solo 217 millones de recaudación este año ante su retraso, frente a los 491 millones previstos inicialmente.

La ley antifraude incluye la prohibición del uso del software de doble uso, un mayor control de las criptomonedas, la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros, la ampliación de la lista de morosos al reducir el umbral de un millón a 600.000 euros o la prohibición por ley de las amnistías fiscales.