AIReF pide al Gobierno que adelante el límite de déficit de 2024 a las comunidades autónomas

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha realizado diversas advertencias y propuestas en relación con las finanzas públicas y las nuevas reglas fiscales en España.

En primer lugar, Herrero ha destacado la necesidad de que las comunidades autónomas tengan una referencia de déficit para el año 2024, incluso si las Cortes están disueltas. Esto se debe a que la Comisión Europea ha establecido una limitación en el aumento del gasto que España puede realizar en dicho año.

Herrero enfatiza que esta referencia debe ser tenida en cuenta «en la ejecución presupuestaria de 2023 y en la elaboración de los presupuestos de 2024«, ya que un incumplimiento podría llevar al país a un procedimiento de déficit excesivo en la primavera del próximo año.

Sin embargo, debido a la disolución de las Cortes, surge la pregunta de cómo se puede lograr esta referencia. Herrero plantea la posibilidad de alcanzar «algún tipo de acuerdo» con el Ministerio de Hacienda, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CNAL), aunque este acuerdo no tenga fuerza legal. De esta manera, se proporcionarían referencias a los diferentes subsectores para que puedan elaborar sus presupuestos para 2024.

Una nueva planificación fiscal

Además, Herrero destaca la importancia de aprovechar el inicio de la nueva legislatura para presentar una planificación fiscal a medio plazo, tal como exigen las nuevas reglas fiscales europeas. Estas reglas permiten que los gobiernos diseñen planes de consolidación fiscal adaptados a su situación inicial y para un período de cuatro años, que pueden ampliarse a siete años si se comprometen a realizar ciertas reformas.

Herrero señala que la implementación de las nuevas reglas fiscales europeas implicará cambios en las normativas nacionales. Por ejemplo, se espera que se establezcan objetivos de déficit personalizados para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en lugar de tener objetivos únicos para todo el país. Esto requiere una planificación a nivel nacional y una coordinación más estrecha entre las diferentes administraciones.

Además, se mencionan otros aspectos que necesitarán atención, como los desequilibrios de deuda, la reforma del sistema de financiación autonómica y la reforma del procedimiento presupuestario, que se considera actualmente fragmentado.

En otro contexto, durante el evento, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, destaca la importancia de «construir un cuerpo de ideas» que demuestre que «una buena política social» es indispensable para impulsar el crecimiento económico.

Costas hace referencia a décadas de teoría económica que afirmaba que la política social afectaba negativamente a la eficiencia económica, y señala la necesidad de desafiar esta visión y promover una política social sólida en beneficio del crecimiento.